La infiltración policial en el independentismo aviva la tensión entre el Gobierno y ERC

La infiltración de agentes policiales en organizaciones independentistas catalanas supone un nuevo capítulo en la permanente tensión entre el Gobierno y el movimiento político, justo la semana en que se conmemorará la fiesta nacional de Catalunya -el domingo- y con ella miles de personas tomarán las calles de Barcelona para reclamar un estado propio. Pese a que lo harán en un clima de división interna -los principales dirigentes de ERC, empezando por el presidente del Govern, Pere Aragonès, no asistirán a la manifestación de la ANC-, la denuncia de la represión del Estado se mantiene como cierto elemento aglutinador del movimiento, que no deja de recibir argumentos para denunciarla.

El Ministerio del Interior no solo ha reconocido implícitamente la infiltración de agentes policiales en organizaciones juveniles independentistas, sino que la ha justificado como "legítima, idónea y oportuna". La admisión ha provocado la previsible condena por parte de partidos y entidades independentistas, que han vuelto a poner el grito al cielo contra la "persecución política" y la "guerra sucia" que, a su juicio, sufren por parte del Estado. A la vez, el reconocimiento de los hechos también ha servido para que Junts cargue de nuevo contra la apuesta de ERC de negociar con el Gobierno a través de la mesa de diálogo.

Vayamos por partes. El pasado junio, medios como la Directa y el diario Ara revelaron que un agente de la Policía Nacional se había infiltrado en el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) -vinculado a la Esquerra Independentista, el espacio político de la CUP-, además de en otras organizaciones como Resistim el Gòtic -en Ciutat Vella, en Barcelona- o el Casal Popular Lina Òdena. A través de la identidad falsa de Marc Hernàndez Pon, el agente participó en estos espacios entre junio del 2020 y el pasado mayo. Paralelamente, semanas después destaparon cómo agentes del mismo cuerpo policial intentaron captar a Enric Pérez, un joven independentista, como confidente en Jovent Republicà -las juventudes de ERC- y Batec. No lograron su objetivo.

A raíz de estos casos, Òmnium Cultural presentó un recurso contencioso-administrativo a la Audiencia Nacional, que ha tenido como resultado la respuesta del Ministerio del Interior, a través de un informe de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, fechado en el 10 de agosto pero que transcendió este lunes. En el documento, además de defender como "legítima, idónea y oportuna" la infiltración, se detalla que el objetivo de los agentes policiales es la "captación de información de interés para el orden y la seguridad pública en los mismos entornos en qué se mueven los individuos radicales o comprometidos con proyectos secesionistas ilegales".

Criminalización del independentismo

La respuesta de Interior criminaliza al independentismo, al que vincula con el "extremismo identitario excluyente y violento", por lo que ve pertinente utilizar contra él las técnicas operativas previstas en la Estrategia Nacional Contra el Terrorismo y en la Estrategia de Seguridad Nacional. En este sentido, expone que en Catalunya "se han sucedido situaciones que, de manera ilícita, pretenden subvertir el orden constitucional y legitiman la actuación de los servicios de información de inteligencia".

"La prevención frente a la comisión de posibles hechos delictivos tiene una actividad duradera en el tiempo, por lo que su trazabilidad policial requiere un esfuerzo de obtención de información constante y sostenido en el ámbito de la inteligencia, que no siempre puede ser emprendido por técnicas de investigación tradicionales", expone el Ministerio que lidera Fernando Grande-Marlaska en el escrito para justificar la infiltración. El texto añade que determinados sectores del independentismo han basado su estrategia en "llamar a participar en acciones manifiestamente ilegales" y en "realizar actos de sabotaje contra instalaciones públicas", acciones que "ponen en riesgo los bienes jurídicos recogidos en la Constitución".

Aragonès habla de "persecución política"

Una vez conocida la respuesta de Interior, se sucedieron las reacciones, entre las que destaca las del president, Pere Aragonès, para quien "es preocupante y de extrema gravedad" la justificación de Interior de infiltrar agentes policiales en organizaciones independentistas. "Los recursos se deben poner allí donde toca y no en otras cuestiones que suenan más a persecución política que a otra cosa", ha zanjado. La portavoz de su partido (ERC), Marta Vilalta, reclamó directamente una "rectificación" tanto al Gobierno como al PSC por la infiltración, que considera un hecho "gravísimo e insostenible". En este sentido, la también secretaria general adjunta de ERC avanzó que pedirán comparecencias parlamentarias sobre el tema.

El ministro implicado, Fernando Grande-Marlaska, salió al paso del tema defendiendo el "estricto sometimiento al ordenamiento jurídico" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y rechazando que Interior vincule el independentismo con el terrorismo, tal como aseguró el presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, tras dar a conocer el informe. Según el ministro, las funciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están recogidas en la Constitución, estableciendo que tienen que "garantizar la seguridad y libre ejercicio de los derechos y libertades" de todos los ciudadanos.

Junts lo aprovecha para atacar a ERC

Junts per Catalunya también cargó contra la respuesta de Interior y lamentó que la justificación provenga del que se considera el "Gobierno más progresista de la historia". A través de su portavoz, Josep Rius, la formación aprovechó para denostar una vez más la estrategia de ERC, su socio en el Govern, ya que considera que "se blanquea a un Gobierno apelando a una pretendida desjudicialización". "Nos espían mientras dialogamos y nos espían siempre", remachó.

La CUP, por su parte, considera que pese a su insistencia en considerarse una "democracia plena", cuando se plantea un "desafío político y democrático" al Estado, responden "con criminalización y represión", en palabras del diputado al Congreso Albert Botran. En su mismo espacio político, SEPC y la organización antirepresiva Alerta Solidaria aseguraron que la respuesta del ministerio de Interior es una "verdadera declaración oficial de guerra contra el independentismo catalán". En un comunicado también afirmaron que "el Estado retuerce la realidad para emparar el uso de todo tipo de mecanismos represivos, incluidos los más lesivos para los derechos fundamentales y que son solo previstos para la lucha contra el terrorismo, con tal de reprimir el independentismo".

Finalmente, el presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, denunció que existe "una estrategia de Estado para vincular el independentismo al terrorismo". Según Antich, estas prácticas del Ministerio de Interior suponen una "clara vulneración" de los derechos fundamentales, enmarcada en la "causa general" contra el independentismo. Òmnium considera que el Estado actúa con "total impunidad" y "al margen de la ley" para "reprimir" al movimiento. A la espera de comprobar el impacto a medio plazo del caso, lo que parece evidente es que la infiltración rearma de argumentos a aquellos sectores del independentismo más críticos con la negociación con un Gobierno, el de Pedro Sánchez, que aparece como el responsable político de una práctica democráticamente cuestionable.