"La comisión es de un importe relevante como para pensar que ha habido tráfico de influencias". "Yo no permitiría que mi hermano cobrara 300.000 euros por un contrato decidido en un consejo de ministros presidido por mí". "Más allá de que sea ilegal, la cuestión es si es entendible que el 1 de abril de 2020, cuando morían en España 700 personas, se pueda contratar con tu hermana y recibir 300.000 euros por vender mascarillas".

Son tres de las frases que Pablo Casado pronunció hace un año en una entrevista en la Cadena COPE y fueron también su pasaporte al descalabro. La denuncia del entonces presidente del PP tuvo un efecto contrario al esperado y fue criticado en los despachos de todos los dirigentes conservadores de manera casi idéntica: "No se puede hacer eso".

Pero, un año después de que Pablo Casado desvelase en un programa de radio que el hermano de Isabel Díaz Ayuso había vendido mascarillas a la Comunidad de Madrid en plena pandemia, la investigación sobre si aquella operación tuvo un efecto pernicioso en los presupuestos de la Unión Europea aún no ha concluido. La Fiscalía Europea continúa sus diligencias por presunta malversación, fraude y cohecho.

El PP dio por enterrado el caso en junio de 2022 con la decisión de la Fiscalía Anticorrupción de archivar la investigación dos meses después de abrirla debido a tres denuncias de PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid por la compra de 250.000 mascarillas por un importe total de 1.512.500 euros a la mercantil del amigo de los Ayuso.

Se puede ser hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid y contratar con su administración, siempre que no se conozca el parentesco. "Su intervención de asesoramiento técnico para preparar la oferta fue desconocida por los funcionarios tramitadores", dijo el fiscal jefe de Anticorrupción, basándose en los testimonios recabados en la investigación. Anticorrupción admitía que Tomás Díaz Ayuso fue el artífice de la venta de 250.000 mascarillas al Servicio Madrileño de Salud a través de la empresa su amigo, pero le exoneró porque figuraba con copia oculta en los correos que la mercantil envió a la Comunidad de Madrid.

A Pablo Casado le costó el puesto la advertencia sobre el negocio, en el que el hermano de Ayuso se embolsó 234.103,52 euros en concepto de comisiones y 'bonus'. El 2 de abril de 2022 Alberto Núñez Feijóo fue encumbrado a la presidencia del PP y respaldó públicamente a Ayuso desde el inicio. Así lo explicó la presidenta madrileña en el mes de junio: "Feijóo no esperó a que el fiscal se pronunciara, depositó el futuro del partido en esta decisión. Porque confiaba en mí".

Detrás de Feijóo, todo el partido aceptó las explicaciones de Ayuso, que defendió que el contrato era transparente y que su hermano "tiene derecho a ganarse la vida en el sector en el que lleva trabajando más de 25 años". Si hubo alguien a quien no le convencieran, fingió que sí. Un año después, el PP sigue tapándose los ojos aunque la investigación sobre los hechos sigue viva.

La Fiscalía Europea (EPPO, en sus siglas en inglés) tomó cartas en el asunto gracias al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, adscrito a la Intervención General del Estado, entre cuyas funciones está la coordinación con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude. Las mascarillas se pagaron con fondos europeos Feder y por eso la EPPO está capacitada para asumir la investigación sobre los presuntos delitos de malversación, fraude y cohecho en el contrato de 1,5 millones de euros del que se lucró el hermano de la presidenta madrileña. 

El hermano de Ayuso tomó precauciones

No hay que olvidar que, según aseguró Anticorrupción en su decreto de archivo, fue Tomás Díaz Ayuso el que hizo todo el trabajo, se encargó de los trámites para que Priviet Sportive SL (la empresa del amigo) se presentara ante las administraciones públicas como un fiable suministrador de material sanitario contra la covid, cuando en realidad hasta entonces había regentado una pequeña empresa textil de importación. 

El fiscal Luzón primero afirmó que el hermano de Ayuso estaba detrás de toda la operación, desde su origen hasta la preparación de las ofertas, incluso que figuraba en los correos enviados al Servicio Madrileño de Salud (Sermas) en copia oculta. Pero luego concluyó que no fue él quien contactó con el Sermas, por quedar su identidad oculta, y, por lo tanto, los responsables de aquella adjudicación no sabían que era el hermano de la presidenta quien iba a beneficiarse del contrato.

Polémica por ver qué Fiscalía se quedaba con el asunto

La incorporación de la Fiscalía Europea en el asunto del hermano de Ayuso no estuvo exenta de polémica. La Fiscalía española quería toda la investigación para sí, pero la Europea la reclamaba por haberse financiado la operación con fondos europeos. 

Finalmente, la entonces fiscal general del Estado, Dolores Delgado, resolvió que Anticorrupción se quedara con la investigación sobre corrupción y la Europea con la presunta malversación por el supuesto efecto en los fondos Feder. 

Pero Delgado ya adelantó en su decreto para dicho reparto que no veía malversación ni cohecho por ningún lado. La exfiscal general asumía el grueso de la investigación: "Se pretende aclarar si un funcionario contrató con una empresa determinada inducido por su superior; si un particular obtuvo de una empresa una remuneración indebida a cambio de ejercer influencias sobre un funcionario público; o si un particular pudo emitir a una empresa una factura con datos inveraces respecto de la causa o cuantía de tal remuneración". 

"Estos hechos no serían constitutivos de malversación ni de fraude a la Hacienda Europea ni de cohecho, sino de tráfico de influencias o falsedad en documento", dijo entonces Delgado para justificar que la investigación tuviera clave nacional. 

Pero finalmente la investigación del fiscal Luzón no vio nada de eso, ni tráfico de influencias ni falsedad. Ahora queda por saber si los fiscales europeos detectan alguna clave que apunte a algún ilícito penal.