Interrogantes que nadie responde. Misterios sin aclarar. Dudas ciudadanas que, por más que se invoque la Ley de Transparencia, no hay transparencia ni ley que las aclare. Desde finales de 2014 el Estado ofrece la posibilidad de preguntar libremente sobre cuestiones relacionadas con la Casa Real, pero tiene sus herramientas legales para no tener que dilucidarlas o hacerlo solo parcialmente.

La "inadmisión a trámite" de la pregunta formulada por Público en torno a los gastos de la luna de miel de Letizia Ortiz y Felipe de Borbón es uno de los últimos ejemplos del muro contra el que han chocado distintas consultas que afectaban, de una forma u otra, a la monarquía española.

Según obra en distintos expedientes, desde la entrada en vigor de la Ley de Transparencia la administración ha vetado distintas preguntas, la mayoría relacionadas con aspectos económicos y de seguridad. La mayoría de esas consultas fueron desestimadas o parcialmente respondidas durante la etapa de Mariano Rajoy al frente del Gobierno, aunque también hay algunas registradas desde que Pedro Sánchez está al frente de La Moncloa. 

Así consta, por ejemplo, en la respuesta a una pregunta formulada en 2015 sobre a cuánto ascendía entonces "el gasto anual en seguridad de los reyes". En ese documento, Interior señalaba que "la difusión de información relativa a la estructura, organización, medios y técnicas operativas de los servicios de seguridad" podía afectar "a la eficacia de los dispositivos de protección y, por tanto, poner en riesgo a las personas protegidas", por lo que decidió "no conceder el acceso a la información solicitada".

Ese mismo año, el Ejecutivo del PP recurría a la Ley de Secretos Oficiales del franquismo para reivindicar el carácter "reservado" de la información relacionada con "los planes de seguridad de instituciones y organismos públicos".

De esa manera, el Gobierno de Rajoy se negaba a responder sobre el "coste de seguridad de los desplazamientos" del rey Felipe VI, alegando que una respuesta positiva a esa petición, "además de alejarse de los objetivos que persigue" la Ley de Transparencia, "supondría comprometer tanto la seguridad de las personas objeto de protección como la de los agentes encargados de la misma".

En 2017, el Ejecutivo recurrió a argumentos idénticos para rechazar una petición de información sobre los gastos de escolta en la Casa Real. Según ha podido constatar Público, Interior recurrió también a esas razones de seguridad en otras preguntas vinculadas con distintos gastos relacionados con la protección de la Familia Real. 

"Seguridad de las instalaciones"

Antes de ser desalojado del Gobierno vía moción de censura, el Ejecutivo del PP también rechazó dar toda la información requerida por la Fundación CIVIO en torno a los "trabajadores eventuales que han prestado servicio en la Casa Real" entre 2010 y 2018. En su respuesta, la administración alegó que "la facilitación" de sus identidades "podría permitir la identificación de esas personas" y, al mismo tiempo, "poner en peligro la seguridad de las instalaciones y las personas que forman parte o prestan servicios a la más alta institución del Estado".

Por su parte, el Gobierno de Sánchez desestimó una solicitud de información en la que se requerían los documentos utilizados por Felipe VI para preparar el viaje realizado a Estados Unidos en junio de 2018, mientras que mayo de 2019 estimó solo parcialmente otra consulta sobre los "complementos retributivos del personal de Casa Real".

En ese último caso, el portal de Transparencia ofreció datos económicos que en realidad ya venían en el Presupuesto de la Casa Real, al tiempo que desestimó la parte relativa a la "identidad de las personas que actualmente prestan o han prestado servicio en la Casa de Su Majestad el Rey". Esta semana, el Ejecutivo ha inadmitido a trámite la solicitud formulada por este periódico sobre los gastos de la luna de miel de los entonces príncipes y ahora reyes.