El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que instruye la macrocausa Tándem (en la que se investigan las actividades supuestamente ilícitas del comisario jubilado José Manuel Villarejo), ha ha admitido como  acusación popular en la pieza conocida como caso Dina al partido Vox.

La formación de ultraderecha había solicitado su personación en el caso que investiga el robo de la tarjeta del teléfono móvil de Dina Bousselham, ex asesora del líder de Podemos, Pablo Iglesias, en un escrito presentado a comienzos de julio, cuando también presentó una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción por el caso Dina después de que el juez retirara a Iglesias su condición de perjudicado.

Ahora, en un auto de este lunes al que ha tenido acceso Público, el titular del  Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional admite a Vox en la causa, así como a la Asociación de Juristas Europeos Pro Lege, una asociación de abogados de reciente creación que también actuará como acusación popular.

A ambos les exige la presentación de fianza para poder participar en la causa, de 15.000 y de 10.000 euros, respectivamente, cantidades que suelen ser habituales en este tipo de procedimientos.

El juez mantiene abierta la investigación sobre el robo del teléfono de Bousselham, iniciada para determinar si tuvo relación con un presunto espionaje político a Podemos en el que habría intervenido el excomisario

Según explican fuentes jurídicas, la actuación de la formación que preside Santiago Abascal, implica que tendría que acusar a Villarejo. Sin embargo, el objetivo del partido es ir contra Pablo Iglesias.

En este sentido, Vox presentó una querella el pasado 26 de agosto contra Iglesias y  Bousselham "por denuncia falsa, falso testimonio y simulación de delito". Esta querella no se ha admitido, según se señala en el mismo auto, por "un defecto procesal subsanable"  (para lo que tiene un plazo de 10 días).

Vox también ha sido admitido en otra causa que afecta a Podemos, la del juzgado de Madrid que investiga las cuentas de la formación morada, a raíz de las denuncias de un abogado despedido del partido, José Manuel Calvente. En este caso, el titular del Juzgado de Instrucción nº42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ha estimado la participación de la formación de ultraderecha también como acusación popular, pero sin necesidad de aportar fianza.

Estado de la tarjeta

En las últimas semanas, el juez García Castellón , el magistrado ha recibido dos informes sobre los supuestos daños que tendría la tarjeta SIM de la exasesora de Pablo Iglesias. Uno de una empresa especializada en recuperar datos que apuntó que cuando la pareja de Dina Bousselham se la entregó su contenido era "irrecuperable" con los métodos habituales, pero estaba intacta y sin cortocircuitos.

En el otro, la Policía Científica concluyó que el dispositivo presenta un lijado que suelen realizar los laboratorios especializados en recuperar información de ese tipo de dispositivos, lo que alejaba la posibilidad de que Iglesias hubiera podido ser el autor de los desperfectos en SIM.