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El juez imputa al ex secretario de Estado de Telecomunicaciones con el PP Calvo Sotelo por adjudicaciones al Grupo Zed

La Fiscalía Anticorrupción entiende que "pudo haber manipulaciones económicas realizadas por el investigado Pérez-Dolset y su círculo familiar para la obtención de subvenciones por parte del Ministerio de Industria de forma fraudulenta".

El ex secretario de Estado de Telecomunicaciones con el PP Víctor Calvo Sotelo | EFE
El ex secretario de Estado de Telecomunicaciones con el PP Víctor Calvo Sotelo | EFE

europa press

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha citado en calidad de investigado al ex secretario de Estado de Telecomunicaciones Víctor Calvo Sotelo, que ejerció cuando José Manuel Soria dirigía el Ministerio de Industria, por adjudicaciones millonarias al Grupo Zed que, según la Fiscalía Anticorrupción, se habrían otorgado "de forma fraudulenta".

Según el auto del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Calvo Sotelo ha sido convocado el próximo 26 de febrero a las 10.30 horas para que responda por los contratos que el Gobierno adjudicó entre 2012 y 2016 al Grupo del que era consejero delegado Javier Pérez-Dolset por haber sido el responsable de tomar la decisión de acordarlos.

Tal y como figura en el auto de imputación, Anticorrupción entiende que "pudo haber manipulaciones económicas realizadas por el investigado Pérez-Dolset y su círculo familiar para la obtención de subvenciones por parte del Ministerio de Industria de forma fraudulenta, manipulando los requisitos necesarios para su obtención".

"Pudo haber una suerte de connivencia por parte de algunos responsables de la Administración con facultad de resolver sobre la concesión de estas subvenciones, que pudieron haber acordado otorgarlas a pesar de su cáracter aparentemente fraudulento", explica el fiscal, que advierte de que Pérez-Dolset "se podría haber valido de un sistema de influencias encaminadas a remover los obstáculos que las administraciones pudieran poner a la concesión de las ayudas".

Correos electrónicos

Para solicitar la imputación que finalmente el juez ha acordado, el informe de Anticorrupción reproduce una secuencia de correos electrónicos. En el primero de ellos, de agosto de 2012, la entonces directora de gabinete del ministro de Industria se dirige a Calvo Sotelo para informarle de que a Soria "le han dado" desde el diario La Razón un documento llamado "Documento resumen Zed" y le pide que "valore cómo son y lo comenten".

Cuatro días después, la entonces subdirectora general de Fomento de la Sociedad de la Información, María Ángeles Barragán, remite un correo al jefe de gabinete de Calvo Sotelo, Juan Corro, en el que adjunta un documento llamado "Grupo Zed & Iberdrola" y le comenta que ahí van los datos que había pedido. También envió otro sobre este asunto a un tal José Ángel Alonso que el auto no identifica.

El informe de Anticorrupción reproduce una secuencia de correos electrónicos. El primero de ellos data de agosto de 2012

Tres días más tarde, Calvo Sotelo mandó un e-mail a Soria en el que en relación a Zed ensalzando el valor del grupo, al que calificó de "importante, innovador y cumplidor de sus compromisos", añadiendo que "han ejecutado bien los proyectos numerosos que se les han adjudicado en los últimos años".

"Están poniendo en marcha varios proyectos interesantes, entre ellos una universidad privada para formar expertos en nuevas tecnologías que suena muy bien, han hablado un par de veces con Jaime Mayor Oreja para que les ayude en la promoción de sus proyectos europeos. Probablemente acabemos aprobándoles tres proyectos de los ocho presentados con un volumen de ayudas del entorno de los 7 millones de euros entre subvención y préstamo", reza el correo, según el informe del fiscal.

Aclarar si influyeron terceras personas

Por todo ello, el magistrado ve conveniente la citación como investigado del ex secretario de Estado. Dado que fue "quien resolvió la concesión de las subvenciones y préstamos de los expedientes referidos", se trata de "esclarecer por qué motivo, pese a que en un primer momento se afirmase que esos expedientes se iban a denegar, posteriormente resolvió conceder las subvenciones y préstamos correspondientes a las mismas", y "si influyó alguna tercera persona en esta decisión".

"Igualmente, sería relevante que pudiera explicar si recibió algún tipo de indicación para la concesión de alguna de las subvenciones concedidas en favor de las empresas del Grupo Zed, y en ese caso que identificara por parte de quién y facilitara más detalles sobre esta cuestión", explica el auto del instructor.

María Ángeles Barragán y José Ángel Alonso están citados en calidad de testigos

Además de la declaración de Calvo Sotelo, García Castellón ha citado en calidad de testigos, también el día 26 a partir de las 10.00 horas, a María Ángeles Barragán y José Ángel Alonso. Aunque Anticorrupción solicitaba además la imputación del Juan Corro, el juez lo desestima de momento porque considera que éste "carecía de facultad alguna para resolver sobre los expedientes, actuando como simple transmisor de información del secretario de Estado".

Calvo Sotelo no será el primer ex alto cargo de Industria en comparecer en la Audiencia Nacional, ya que el pasado mayo el que fuera subdirector general de Fomento de la Sociedad de la Información y vocal asesor de la Secretaría de Estado Antonio Alcolea reconoció ante el juez que el nivel de incumplimiento de las ayudas y subvenciones públicas a algunos proyectos del Grupo Zed era inaudito en términos de volumen económico y advirtió de ello a sus superiores.

Casi 70 millones de Fondos Públicos

La operación Hanta en la que resultó detenido Pérez-Dolset tuvo lugar a finales de junio de 2017 por la presunta comisión de delitos de insolvencia punible, administración desleal, fraude de subvenciones y tráfico de influencias por valerse de más de una decena de sociedades para captar entre 2011 y 2016 un total 69.369.876 euros de fondos públicos.

Según la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), el exCEO de Zed se habría embolsado parte de ese dinero a espaldas de los pequeños accionistas de la compañía, que habrían así resultado perjudicados, por contratos sin contenido alguno.