El juez de la Audiencia Nacional (AN) Joaquín Gadea ha solicitado a la Fiscalía Anticorrupción que revise su petición de transformar al procedimiento de sumario la investigación llevada a cabo en el caso Acuamed al advertir que la reforma del delito de malversación podría provocar una rebaja de penas.

El paso llevado a cabo por el citado juzgado es el primero que se conoce de estas características. En un auto del pasado 29 de diciembre, el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción Número 6 solicita a la fiscal encargada del caso, Inmaculada Violán, que indique si, "a la vista de las reformas introducidas por la LO 14/2022 de 22 de diciembre, mantiene la solicitud de transformación a sumario".

En concreto, el Juzgado en su escrito detalla que la reforma del Gobierno no solo ha modificado el contenido del delito de malversación, sino que también se han cambiado los "límites penológicos" previstos hasta la fecha.

En el caso Acuamed, instruido en la Audiencia Nacional se investigan presuntos delitos de malversación, así como de fraude, cohecho, falsedad, prevaricación, tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y maquinación para alterar el precio de los concursos públicos.

El juzgado dirigido por Manuel García Castellón pone el foco en la presunta adjudicación fraudulenta por parte de la empresa Acuamed de obras a una decena de compañías y en la falsificación de certificaciones y liquidaciones para aumentar significativamente las cantidades que recibieron las adjudicatarias de los contratos del organismo público.

Fue el pasado 29 de noviembre cuando la fiscal anticorrupción pidió transformar a sumario, procedimiento que se sigue cuando se investigan hechos que podrían ser constitutivos de delitos con penas mayores de nueve años de cárcel, así como la declaración indagatoria de los imputados.

Un criterio único con "celeridad" y "consenso"

La Fiscalía General del Estado fijará un criterio único que aplicar en las revisiones de las condenas por malversación, con "celeridad" pero también buscando "consenso", una vez entre en vigor la reforma del Código Penal que reduce las penas por ese delito cuando no existe ánimo de lucro.

La Fiscalía lleva ya semanas trabajando para redactar una instrucción que marque las pautas para aplicar la reforma penal sobre el delito de malversación que entrará en vigor el próximo jueves y que, según apuntan fuentes del ministerio público, tiene muchos "recovecos".

La pauta que establecerá la Fiscalía General pretende fijar los criterios en los casos de causas abiertas por malversación y, especialmente, en las revisiones de las condenas por ese delito dictadas de acuerdo con reforma de 2015, cuando se suprimió el requisito del ánimo de lucro en el tipo penal.