Las imágenes de las cargas policiales del referéndum soberanista del 1 de Octubre de 2017 llegan esta lunes al Tribunal Supremo, transcurridos más de tres meses desde el arranque del juicio a la cúpula del procés. Hasta ahora, el Salón de Plenos del Supremo ha acogido tensas y apasionadas intervenciones, duros rifirrafes y serias reprimendas por parte del presidente del tribunal, el magistrado Manuel Marchena, si bien los próximos días se convertirá en una suerte de sala de cine.

La decisión de la Sala de lo Penal de no permitir la exhibición de las imágenes del 1-O en fases anteriores ha sido muy criticada por las defensas, que pretendían proyectarlas durante las declaraciones de sus testigos, pero también para intentar desmontar los relatos de parte de los guardias civiles y policías nacionales llamados por las acusaciones.

Estos últimos negaron haber agredido –o siquiera presenciado agresiones- a los ciudadanos concentrados para votar, o a quienes se sentaban en el suelo o se unían entrelazando los brazos para dificultar el acceso de los agentes a los centros de votación. Las protestas ante esta decisión se han contado por decenas, y en todo el juicio oral apenas se han proyectado algunos fragmentos de entrevistas a algunos acusados, siempre antes de comenzar la fase testifical.

En esta etapa, sus intervenciones estarán acotadas y apenas podrán identificar los vídeos que deseen proyectar, o indicar las partes de estos documentos que consideren necesarias, sin poder contextualizarlos o comentarlos, una limitación que compartirán con las acusaciones.

Fuentes del Alto Tribunal esperan que esta fase de prueba comience con la mención y la eventual exhibición -si las partes lo solicitaran- de los documentos admitidos como prueba. Dan por hecho que el orden será el mismo que en los interrogatorios: primero arrancarán con las pruebas documentales propuestas por la Fiscalía, después por la Abogacía del Estado y la acusación particular, para seguir con las defensas. Entre los vídeos propuestos hay algunos ya editados, otros son archivos en bruto que pueden durar horas, y no es descartable que Marchena comience la sesión explicando el criterio a seguir durante estas jornadas.

Tras escuchar a cerca de 420 testigos y a una docena de peritos, el tribunal tiene previsto dedicar a la fase de prueba documental en torno a tres días, de lunes a miércoles. Además del 1-O, y sin que la Sala haya aclarado si habrá un eje cronológico a seguir, tocará repasar las imágenes de la protesta frente a la Consellería de Economía de la Generalitat de Catalunya, el 20 de septiembre de 2017 [aquí, enlace al documental de Mediapro sobre esta jornada].

Ambas son jornadas clave para la Fiscalía, que acusa de un delito de rebelión a los máximos responsables políticos del procés [aquí, todas las peticiones de penas]. También lo son para las defensas, y el 20-S lo es especialmente para el diputado de JxCat suspendido de sus funciones por el Congreso de los Diputados y exlíder de la ANC, Jordi Sànchez, así como para el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

Por su parte, la acusación popular que ejercen los ultraderechistas de Vox no ha pedido la inclusión de una sola prueba documental en la causa. El resto de partes en la causa ha presentado vídeos y solicitudes de prueba pericial, celebradas entre el miércoles y el jueves de la semana pasada, pero no así el partido ultraderechista, que además se ve representado en la sala por dos letrados que compatibilizan este trabajo con su estatus de diputados, Javier Ortega Smith –también concejal electo en Madrid desde las elecciones de este domingo- y Pedro Fernández.

Relatos contrapuestos del 1-O y reconstrucción del 20-S

En lo que respecta al 1-O, los testigos de la defensa sólo han reconocido que hubo episodios aislados de violencia contra los agentes, si bien han negado que actuaran de forma organizada. Han puesto el foco en los policías, aunque ya hay juzgados catalanes investigando muchas de sus actuaciones.

Por su parte, los agentes han denunciado agresiones e insultos, describiendo a los Mossos d’Esquadra como meros espectadores, en el mejor de los casos, como colaboradores de los ciudadanos concentrados para votar –en un reducido número de ejemplos-, e incluso como espías de la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil durante esa jornada.

A su vez, la policía catalana negaba haber realizado estos seguimientos, y tanto los mandos como los agentes han asegurado que sí actuaron para evitar las votaciones, en una jornada en la que tanto ellos como los otros cuerpos policiales estaban bajo el mando del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, que además supervisó y respaldó su operativo. Pérez de los Cobos, por su parte, negó haber validado el dispositivo constituido por parejas –binomios- de mossos, y los máximos responsables de la Policía, de la Guarida Civil e incluso del Ministerio del Interior y hasta el propio presidente del Gobierno en esos momentos, negaron haber dado una sola orden a los agentes.

El extitular de Interior, Juan Ignacio Zoido, llegó a lavarse las manos afirmando que no conocía detalles sobre el operativo de un día crucial, e incluso negó conocer quién estaba al mando de la operación policial -en calidad de policía judicial-, o quién decidió cuándo debían dejar de cargar: “Yo no di la orden de qué tenían que hacer, ni de cómo tenían que hacerlo”, aseguró en su declaración como testigo.

También los relatos sobre el 20-S son antagónicos: para la letrada de la administración de Justicia que participó en el registro de la sede de Economía, Montserrat del Toro, así como para los guardias civiles que la escoltaban, el clima fue de tensión, y del Toro pasó “miedo” hasta que pudo abandonar el edificio. Según el entonces jefe de los Mossos, el major Josep Lluis Trapero, los planes alternativos que le ofrecieron para abandonar el inmueble garantizaban su seguridad.

A su vez, los testigos se han referido a la protesta como una jornada festiva, en la que los daños se dieron únicamente en vehículos de la Guardia Civil aparcados frente a la sede. Del Toro abandonó el edificio pasando a un teatro anexo a través de una azotea de la segunda planta, para lo que tuvo que superar “un murete” de “un metro”. Lo hizo en torno a las 23.00 horas, poco después de que, según su equipo, concluyera el registro, que arrancó pasadas las 8.00 de la mañana.

En este episodio, los Jordis, fundamentalmente Sànchez, arengaron a los concentrados, pero también pidieron la disolución de la protesta. El relato de un mando de los Mossos sobre la actitud de Sànchez esta jornada fue uno de los últimos golpes inesperados para su defensa, que trabaja para desmontar la acusación de la Fiscalía. Después de ver los vídeos, la próxima semana, llegará el turno de presentación de informes, y por tanto se sabrá si el Ministerio Fiscal y el resto de acusaciones se mantienen en sus posiciones.