Pocos acuerdos se han celebrado tanto y han dado tanta tranquilidad al Gobierno como los alcanzados para aprobar la reforma laboral y la ley de vivienda; y pocas celebraciones han durado tan poco. En el primer caso, aunque se trata de un pacto del diálogo social, el Ejecutivo vivió momentos de tensión máxima cuando se constataron discrepancias entre Unidas Podemos y el PSOE sobre el alcance de la reforma (solucionadas con una reunión al máximo nivel entre Pedro Sánchez, Nadia Calviño y Yolanda Díaz).

En el segundo caso, la ley de vivienda tardó más de un año en cerrarse por las discrepancias entre ambos socios en el Ejecutivo. Por eso, no es de extrañar que la euforia se apoderara del Gobierno cuando ambas normas vieron la luz. Sin embargo, la celebración parece haber durado poco y dos de las leyes que están destinadas, por su importancia, a marcar la legislatura vuelven a tensar las relaciones entre el PSOE y Unidas Podemos.

El problema de la reforma laboral deviene de su tramitación parlamentaria. Después de que el Ejecutivo cerrase un acuerdo con sindicatos y patronal, formaciones como ERC, PNV y EH Bildu aseguraron que las modificaciones les parecían insuficientes. En este sentido, anunciaron su voto contrario a un decreto-ley que contiene las medidas acordadas en el diálogo social y que debe convalidarse, como tarde, el 3 de febrero.

En ese momento, la ministra de Trabajo intensificó los contactos con estos partidos con un objetivo claro y prioritario para Unidas Podemos: sacar adelante la reforma con los votos del bloque de la investidura y cerrar la vía a que Ciudadanos pudiera situarse como el aliado improvisado que salva una de las medidas estrella de la legislatura (un hecho que para el espacio confederal y para formaciones como el PNV alteraría los apoyos parlamentarios del Ejecutivo).

En la actualidad, Díaz negocia contra el reloj con estos partidos (sobre todo ERC y el Grupo Vasco) y se muestra abierta a cambios en determinadas cuestiones laborales a cambio del apoyo de estos grupos al decreto. Entre las reivindicaciones de estas formaciones destacan la aclaración de la prioridad de los convenios autonómicos sobre los estatales en el Estatuto de los Trabajadores, el refuerzo de la Inspección de Trabajo, la recuperación de los denominados salarios de tramitación o la lucha contra los contratos parciales fraudulentos.

En el PSOE hay varias líneas rojas. No se toca el contenido del decreto y no se tramita como proyecto de ley. En principio, el PSOE también se opone a firmar un compromiso de abordar las peticiones de sus socios de investidura en torno a este tema en futuro.

Sin embargo, el propio portavoz socialista dejó una rendija abierta al asegurar este martes que la reforma laboral no es el punto y final a los cambios en el mercado de trabajo y que el Gobierno "está comprometido con la modernización permanente y actualización legislativa del marco de relaciones laborales", afirmó el portavoz socialista Héctor Gómez.

Más claro. La postura del Gobierno es abrir la posibilidad de que las reivindicaciones de los socios de Gobierno en torno a la reforma laboral se aborden posteriormente, dentro siempre del diálogo social, pero sin ningún compromiso previo de que aceptan sus planteamientos y haga salirse a la CEOE del acuerdo.

¿Se cambiará la ley de Vivienda?

También la ley de vivienda parecía un asunto zanjado cuando el Consejo de Ministros dio luz verde a la norma en primera lectura. Durante todo un año el PSOE y Unidas Podemos trataron de resolver sus discrepancias acerca de la fórmula para regular los alquileres y, finalmente, se llegó a un acuerdo que contempla límites de precios en zonas tensionadas para los grandes propietarios e incentivos fiscales para los pequeños propietarios que bajen voluntariamente sus alquileres.

Hace unos días se conoció que el Consejo General del Poder Judicial prepara un informe (que se publicará, en principio, el jueves) en el que señala que la ley de vivienda invade competencias autonómicas. Este movimiento del CGPJ despertó la desconfianza de Unidas Podemos, que no cierra la puerta a que el PSOE trate de suavizar la norma aprovechando el informe desfavorable del órgano de gobierno de los jueces.

La desconfianza es tan notable que la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha comenzado este martes una ronda de contactos con movimientos y asociaciones en defensa del derecho a la vivienda digna con el objetivo de presionar a su socio en el Ejecutivo y "mostrar a la sociedad española el amplio respaldo con el que contaría un texto verdaderamente ambicioso en regulación de precios del alquiler y prohibición de desahucios sin alternativa habitacional". 

Esta desconfianza se incrementó en la formación morada tras afirma la ministra Portavoz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Gobierno leerá "con respeto" el informe que envíe el CGPJ "por si fuera susceptible de mejorar la ley de vivienda". 

Sin embargo, fuentes del Ministerio de Transportes consultas por Público aseguraron que el contenido y los objetivos que están plasmados en la ley de vivienda no se van a tocar, salvo algún matiz muy concreto que no afectará a los grandes consensos alcanzados con Unidas Podemos y que, en todo caso, será negociado y pactado con la formación morada.

En este sentido, las citadas fuentes apuntaron que se pidió informe al CGPJ porque la ley afecta a tres artículos de la ley de Enjuiciamiento Civil en materia de desahucios. Y ahí es donde van a estudiar las recomendaciones que pueda hacer el CGPJ, si las hace, porque desde el Ministerio se recuerda que todavía no tienen el informe.

Para la parte socialista del Gobierno que el informe del CGPJ haga otras consideraciones sobre la ley de vivienda es algo que consideran gratuito y no ha sido el objeto de pedirles su valoración. Y, en este sentido, recuerdan además que dicho informe y mucho menos sus opiniones son vinculantes para la decisión final del Ejecutivo.