El pasado lunes día 11, el ciudadano L.P. intentó pedir cita en su centro de salud en Caldas de Reis (Pontevedra) para que le renovaran las recetas de una medicación que precisa para una enfermedad crónica. El sistema informático que gestiona la agenda de atención primaria del Servizo Galego de Saúde (Sergas) le indicó que no había ningún hueco libre para que le devolvieran la llamada hasta el lunes 24.

Son trece días, y a L.P. le pareció una barbaridad. Así que por la noche, mientras veía el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, colgó en su cuenta de Twitter el pantallazo de la agenda del Sergas con este mensaje en gallego e inglés: "Mientras tanto, en la atención primaria de la tierra del Gran Gestor...".

Poco después empezaron a caer en su cuenta respuestas de usuarios de la red social y de la sanidad pública gallega que se encontraban en una situación parecida. 

"Yo sólo tengo que esperar nueve días, soy afortunado", alegó uno de ellos, enseñando con un pantallazo la agenda de citas que el Sergas le ofrecía a él ese mismo día. 

"Pues aún eres afortunado", le dijo otro, que adjuntó imagen con la respuesta que recibió del sistema: "La agenda del profesional no dispone de huecos libres para pedir cita de consulta en los próximos días".

La usuaria PECZ también reflexionó: "Y yo sin clases de parto porque no hay matrona de sustitución, pero será culpa de ETA y Bildu...". Otro tuitero, identificado como sev pau, resumió así su caso: "Yo, 15 días para un análisis de sangre. Una gestión impecable".

Los recortes congelaron el presupuesto de sanidad

El año en que Alberto Núñez Feijóo tomó posesión de la presidencia de la Xunta -2009- la inversión del Gobierno autonómico en sanidad alcanzó los 4.668,3 millones de euros a precios de 2022 -es decir, aplicándole a esa cantidad el incremento del índice de precios al consumo-. Cuando el hoy candidato del PP la abandonó ese mismo año, no llegaba a los 4.585 millones.

Los recortes aplicados por la Xunta de Feijóo han dejado a la sanidad pública gallega en una situación crítica. Y no sólo en la atención primaria. Según los últimos datos del Sergas, referidos a diciembre de 2022, más de 215.000 personas esperan a que les atienda un especialista, cerca de 118.000 aguardan por una prueba diagnóstica y más de 46.000 están pendientes de una intervención quirúrgica. Son 379.000 personas, el equivalente a casi toda la población de Pontevedra y Vigo tomadas de forma conjunta.

La media de espera para una consulta de especialista en los hospitales públicos de Galicia es de 66 días. Aunque en más de cuarenta servicios médicos se superan con creces los tres meses, con casos sangrantes: más de 230 días para una consulta de rehabilitación en el hospital de Ourense o 215 para que te atienda un cardiólogo en el de A Mariña en Lugo, por poner dos ejemplos.

Se trata de esperas medias, lo que significa que hay pacientes que deben aguardar mucho más, como sucede con las pruebas diagnósticas: 200 días por un intervencionismo por ecografía en A Coruña; 215 por un estudio de sueño en Santiago, 196 días por una radiografía de mama en Lugo...

Cinco meses para operar a un menor en Santiago

En el caso de las intervenciones quirúrgicas, la espera media son dos meses y medio, aunque hay especialidades en todos los hospitales que multiplican esa cifra: más de 126 días para una operación de traumatología en A Coruña; 144 días -casi cinco meses- por una cirugía pediátrica en Santiago; 137 días por una de urología en Ferrol; 173 por un neurocirugía en Ourense...

"La situación es extremadamente grave", explica el doctor Xosé María Dios Diz. Es médico especialista en atención primaria en Serra de Outes, un municipio rural de la provincia de A Coruña situado sobre la ría de Muros y Noia. En su centro de salud, que cubre un área de más de 6.000 usuarios, son seis médicos, incluido un pediatra. Tienen asignados entre 1.100 y 1.200 pacientes cada uno.

"Tenemos entre cuarenta y cincuenta citas todos los días. Y no se trata de una situación coyuntural por un pico de demanda. Sucede todos los días desde hace años", relata, recordando las dificultades que tienen los médicos para garantizar a sus pacientes el tiempo y la dedicación que merecen. No es fácil, y muchos acaban sufriendo desánimo y situaciones de estrés recurrentes. "Yo no estudié para trabajar de esta manera", lamenta él.

Médicos que emigran por la precariedad y los bajos salarios

Dios Diz es uno de los portavoces de la plataforma SOS Sanidade, que desde hace años lleva denunciando que los recortes aplicados durante los gobiernos de Feijóo, que se han mantenido con su sucesor, Alfonso Rueda, están destrozando el sistema y provocando que los médicos no quieran dedicarse a su profesión en Galicia. Ni siquiera cuando les ofrecen una plaza fija en propiedad.

"Hacen falta al menos mil doctores más en primaria. En las últimas oposiciones convocadas por la Xunta se ofertaban sólo 106 plazas, y de ellas doce se quedaron sin cubrir. Es normal que muchos médicos las rechacen cuando el salario base que se les ofrece son 1.280 euros mensuales".

"Quienes han tenido que dedicar un mínimo de once años de su vida a su formación [seis años de carrera y otros cinco como médicos internos y residentes] no están dispuestos a trabajar por ese dinero y optan por marcharse a la sanidad privada, a otras comunidades autónomas o a otros países", concluye el facultativo.

El Sergas dispone de 469 médicos y 517 enfermeros por cada 100.000 habitantes, la quinta y segunda peor ratio de todo el Estado, respectivamente. Entre 2010 y 2023, más de 1.200 galenos gallegos colegiados solicitaron el certificado de idoneidad para poder emigrar y trabajar en el extranjero. 

815 camas menos en los hospitales públicos

Desde que Feijóo llegó a la presidencia de la Xunta también se perdieron 815 camas hospitalarias, el 8% de las que había. Hoy hay 3,3 por cada mil habitantes, cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda un mínimo de entre ocho y diez. Hay servicios de urgencias de algunos hospitales, como los de Santiago, A Coruña, Pontevedra y Vigo, donde el colapso es la constante y todos los días hay pacientes graves a los que se encama y trata en camillas o sillas de ruedas en los pasillos.

La degradación de la sanidad pública ha corrido paralela al crecimiento de la sanidad privada financiada con fondos públicos. Este 2023, el Sergas entregará 236 millones de euros de su presupuesto a multinacionales privadas de la sanidad como Vivalto Santé, Hospitales de Madrid (HM), Vithas Quirón y Ribera Salud, que desembarcaron en Galicia con Feijóo a partir de 2009 adquiriendo pequeñas clínicas familiares para aprovechar el negocio que les ofrecía el nuevo Gobierno de la Xunta. 

En 2009, los pequeños hospitales privados independientes eran 19. Hoy sólo queda uno. Hay otro gran hospital privado en Vigo, Povisa, propiedad de Ribera Salud, que se encarga de la atención de 130.000 pacientes de la sanidad pública. El 80% de sus ingresos provienen del Sergas.

El desmantelamiento del sistema público durante los mandatos de Feijóo también ha beneficiado a las grandes aseguradoras: entre 2017 y 2021, más de 44.000 gallegos han contratado un seguro privado, elevando a 427.000 el número de personas que han suscrito una póliza de salud. Son el 16% de la población de la comunidad.

Purgas de médicos críticos con los recortes

Los profesionales que han osado oponerse a la política sanitaria de Feijóo han sufrido severas consecuencias. Entre 2009 y 2014, el Sergas inició una campaña destinada a retirar de sus puestos a los jefes de servicio que denunciaron que los recortes y privatizaciones estaban acabando con la calidad asistencial e incluso con la vida de sus pacientes.

Profesionales de enorme prestigio perdieron su puesto mediante oposiciones amañadas y expedientes sancionadores ilegales destinados a desprestigiarlos y a colocar en sus cargos a médicos afines. El primero fue Evaristo Varo, catedrático de Cirugía en la Universidade de Santiago, expresidente de la Sociedad Española de Transplante Hepático e impulsor de los programas de trasplante de órganos en el hospital de esa ciudad. Ese centro lo dirige hoy la prima carnal de Feijóo, Eloína Núñez Masid, a quien éste fue ascendiendo desde su llegada a la Xunta y a quien también colocó en la ejecutiva autonómica del PP.

Evaristo Varo había denunciado al Sergas por la muerte de siete pacientes de hepatitis C a los que la Xunta se negó a financiar el medicamento que les habría salvado la vida. Un caso similar al de José María Borro, director del programa de trasplante pulmonar del hospital de A Coruña, expedientado ilegalmente y privado de su plaza de jefe de Cirugía Torácica en ese centro por denunciar que tres médicos de su servicio derivaban a la empresa privada que habían fundado a enfermos de cáncer de pulmón del hospital público, a los que cobraban por operarles.

También fueron purgados tres jefes de servicio del hospital de Pontevedra: Víctor Pedreira, jefe de Psiquiatría, represaliado por haber formado parte, como Subdirector Xeral de Saúde Mental e Drogodependencias, del Gobierno de coalición PSOE-BNG que precedió al de Feijóo; Enrique Vázquez Astray, jefe de del servicio de Digestivo del mismo hospital, quien perdió su plaza tras oponerse a los recortes ordenados por el nuevo gerente nombrado por Feijóo; y Enrique Temes, jefe de Neumología en el mismo centro, a quien le ocurrió lo mismo.

Oposiciones amañadas tumbadas por los tribunales

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acabó anulando las oposiciones que purgaron a los médicos citados, declarándolas literalmente manipuladas en un ejercicio evidente de desviación de poder y en una estrategia fundamentada en acusaciones falsas vertidas a mala fe y destinadas a desacreditarles y apartarles de sus puestos para favorecer a médicos afines al PP.

También sufrieron la represión de Feijóo otros trabajadores y trabajadoras, como Fátima Nercellas, médica de Urgencias en Santiago y portavoz del sindicaro O'mega, a quien Núñez Masid abrió dos expedientes en 2019 por atender en la sala de observación del hospital a dos pacientes que esperaban hacía horas en los pasillos del servicio, permanentemente colapsado.

A Javier Castrillo, ginecólogo de Verín, una localidad de Ourense con 14.000 habitantes -de los que 3.000 son mujeres de entre 15 y 50 años-, la Xunta le abrió expediente de suspensión de empleo y sueldo por protestar contra el cierre del único paritorio del municipio.

Al tiempo que se desarrollaba esa estrategia de acoso contra los médicos que defienden la sanidad pública, la Xunta premiaba a parientes de altos cargos y militantes del PP que apoyaban lo contrario. La prima de Feijóo es un buen ejemplo, al que cabe añadir el de Manuel Bustamente, esposo de la exconselleira de Sanidade Rocío Mosquera y que obtuvo la plaza de Evaristo Varo en el hospital de Eloína Núñez cuando la propia Mosquera era gerente del Sergas.

El modelo que Feijóo diseñó y ejecutó en la sanidad gallega también está plagado de puertas giratorias de ida y vuelta: Justo Jorge, exasesor y exjefe de gabinete del conselleiro de Sanidade, obtuvo la gerencia del hospital privado Polusa de Vigo, propiedad de Ribera Salud, y más tarde la dirección de la Asociación de Hospitales Privados de Galicia (Ahosgal), la patronal del sector, a la que están adscritas las multinacionales citadas anteriormente.

Nepotismo y amiguismos

Su sucesor en Ahosgal, José Ramón Santamaría Barreiro, dimitió del cargo en 2019 para presentarse como candidato en las listas del PP al Ayuntamiento de Vigo en las elecciones municipales de ese año. Luis Verde Remeseiro, exconcejal del PP en la localidad coruñesa de Abegondo, fue nombrado en 2009 director del área sanitaria de Ferrol, luego de la de Santiago y luego de la de A Coruña.

Alberto Pedreira Fidalgo, exdirectivo de la clínica privada Centro Médico del Carmen de Ourense, adscrita a Ahosgal, es desde marzo pasado director del distrito sanitario del Sergas en la comarca de Valdeorras (Ourense).

La confusión entre sanidad pública y privada en Galicia tiene su símbolo más paradigmático en el de los hermanos Estrella y Manuel López Pardo, en un caso que desveló hace unos meses el diario Nós: Estrella es la actual gerente del Sergas, y Manuel, el gerente de la  Ahosgal. 

Es decir, que el hermano de la gerente de la sanidad pública gallega dirige la patronal de los hospitales privados. Para el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, no existe incompatibilidad alguna porque la independencia de Estrella con respecto a su hermano Manuel "está garantizada".

Privatizar "el núcleo duro" de la sanidad pública

En la campaña electoral de las autonómicas de 2012, Feijóo se mostró partidario de poner en manos privadas todo lo que no fuera "el núcleo duro" del sistema público de salud, que adolecía, a su juicio, de "rigideces propias de una oficina administrativa".

Once años después, tras haber ejecutado ese plan, promete que hará todo lo contrario si llega al Gobierno: un pacto de estado para "blindar la sanidad pública", mil plazas MIR en atención primaria; refuerzo de la atención en salud mental; más hospitales; mejores condiciones salariales para los médicos...

Feijóo promete todo eso a pesar de que las competencias en materia sanitaria están transferidas desde hace décadas a las comunidades autónomas.

Él las gestionó en Galicia, donde, mientras tanto, las listas de espera se han disparado, hay pacientes que mueren por falta de médicos en los centros de salud, se eliminan vacunas del calendario infantil, se obliga a enfermos crónicos a esperar semanas para obtener la medicación que precisan para tratar su enfermedad, se da cita a una anciana para que le retiren una escayola quince meses después de ponérsela o se deriva a un hombre con discapacidad a cientos de kilómetros para que le operen un un hospital privado.

El menor porcentaje de plazas públicas en residencias

Las mismas claves que explican la gestión de Feijóo en materia sanitaria pueden aplicarse también a su política en servicios sociales. Según el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), Galicia es la segunda comunidad española más envejecida, sólo por detrás de Asturias, pero también es la que tiene la menor oferta de plazas públicas en residencias de mayores. Sólo un 41% frente al 62% de la media española.

La Organización Mundial de la Salud recomienda una ratio de cinco plazas por cada cien mayores, pero en Galicia el porcentaje no llega al 3%. Durante los 13 años que Feijóo ha permanecido al frente de la Xunta no se ha construido ni una sóla residencia pública a pesar de que, según el Imserso, hay un déficit de más de 14.000 plazas.

Además, buena parte de las residencias públicas han sido privatizadas y están en manos de multinacionales sobre las que han recaído denuncias por la escasez de medios y de personal que han derivado en casos de maltrato a los ancianos e incluso de muertes por desatención.

480 muertes por covid en residencias privadas

La diferencia entre las ventajas y desventajas de la gestión pública o privada de las residencias se puso de manifiesto durante la emergencia sanitaria. En los nueve primeros meses de la epidemia de covid fallecieron en Galicia 1.247 personas, de las que 509 murieron en residencias. De ellas, 480, es decir más del 94%, eran usuarias de centros gestionados por empresas privadas. En contraste, en los geriátricos públicos se registraron 29 muertes.

"Somos de las comunidades autónomas con mayor porcentaje de personas potencialmente dependientes, pero tenemos déficit de plazas y la mayoría están privatizadas", explica Marina Ortega, diputada del PSOE en el Parlamento de Galicia y portavoz en la Comisión de Sanidade, Política Social y Empleo.

"También somos la segunda autonomía con menor número de técnicos de inspección destinados a velar por que se cumpla la normativa", añade.

Al frente de la Consellería de Política Social de la Xunta está desde 2018 Fabiola García, licenciada en Derecho y casada con Lucas Martinón, quien hasta noviembre de 2020 fue director xeral de Comunicación de la Xunta.

Durante y después de la pandemia, el departamento de García se negó a hacer públicos los datos de fallecimientos en las residencias hasta que una sentencia del TSXG, basada en una denuncia del diario digital Praza Pública, que apeló a la Ley de Transparencia, le obligó a entregarlos.

La propia Marina Ortega se los había pedido sin éxito a la Xunta por vía parlamentaria: "Me harté de pedir mediante todas las fórmulas reglamentarias el número de fallecidos por cada residencia", explica.

"Primero no respondieron, luego la conselleira llegó a decirme en una intervención en el Parlamento que los buscara en Google, luego que no podían facilitarlos para no vulnerar la Ley de Protección de Datos... Finalmente, tras la sentencia del TSXG, me los proporcionaron en la tarde noche del pasado fin de año. Eran los datos desglosados por centros, pero no el cómputo global de la pandemia".

Más recortes en dependencia

Para Ortega, la gestión de las residencias es uno de los dos aspectos más relevantes de las "cuestionables" políticas de Feijóo en materia de asuntos sociales.

El segundo son "los recortes millonarios" a las ayudas a la dependencia "con Rajoy en el Gobierno central", que se tradujeron "en la disminución sangrante de la retribución que recibían las personas cuidadoras de familiares con dependencia, padres o hijos, y de su cotización especial".

"Les dijeron: Vas a cobrar menos o nada, y además la cotización social, si la quieres, te la tienes que pagar tú de tu bolsillo. Todo ello gracias a un real decreto de 2012 de Mariano Rajoy que fulminó la aportación estatal y la dejó en mínimos nunca vistos ", concluye.

En el año 2010, la inversión de la Xunta en servicios sociales era de 778 millones de euros a precios de 2022. Tras años de recortes, esa cifra no se recuperó hasta 2020.