La militancia obrera que sobrevivió al infierno franquista: 45 años de la legalización de los sindicatos

La memoria del sindicalismo se compone de numerosos fragmentos. Trozos de historia que atraviesan la vida de este país y que se convirtieron en persecución, muerte y exilio durante la larga pesadilla franquista. Un 22 de abril de 1977, el puzzle hacia un nuevo tiempo encajaba otra pieza: pese a todo y contra todo, los sindicatos avanzaban un paso más hacia su legalización. 

En esta primavera de 2022 se cumplen 45 años del fin –o comienzo del fin– del crudo invierno que atravesaron los sindicatos en España.  Aquel 22 de abril, el Consejo de Ministros del Gobierno de Adolfo Suárez aprobó el decreto que regulaba el depósito de los estatutos de las asociaciones sindicales, lo que abría definitivamente la puerta a la legalización de las organizaciones obreras. 

"Hubo un intento de postergar la legalización de CCOO, pero no lo consiguieron", afirma a Público el historiador José Babiano, director del Área de Historia, Archivo y Biblioteca de la Fundación Primero de Mayo. En tal sentido, destaca que los sindicatos fueron legalizados incluso después que el Partido Comunista de España (PCE). 

"Por motivos obvios, era imprescindible legalizar a los sindicatos si se quería hacer una democracia como tal", subraya Babiano. La transición española, con sus peculiaridades, se veía obligada así a dotar de legalidad a los sindicatos, unos de los grandes enemigos –y de las grandes víctimas– de la dictadura franquista.

"Los sindicatos fueron de los primeros enemigos a batir", destaca Manuela Aroca, responsable de programas históricos de la Fundación Francisco Largo Caballero y profesora asociada de la Universidad Carlos III de Madrid.

Los asesinatos de militantes de CNT y UGT, las dos grandes organizaciones sindicales en años de la República, conformaron el ADN del salvajismo franquista. "En los consejos de guerra, encargados de represaliar a todos los oponentes del régimen, la mayoría de ellos estaban fundamentalmente centrados en militantes de ambos sindicatos. Hubo muchísimos condenados a muerte y represaliados con penas de cárcel", destaca la investigadora.

Además de matarlos, la dictadura también les robó su patrimonio e intentó erradicarles de la sociedad española, promoviendo un pseudosindicalismo vertical de inspiración fascista. No lo logró.  

La orden de Martín Villa

El 28 de abril de 1977 hubo una de cal y otra de arena. Por un lado, el Gobierno de Súarez abría formalmente el procedimiento de registro de los estatutos de los sindicatos, que consagraban así su reconocimiento legal. Por otro, a última hora de la noche de esa misma jornada el Ejecutivo transmitió a los responsables de las organizaciones sindicales que todos y cada uno de sus actos por el Primero de Mayo estaban prohibidos. 

"El carácter festivo y pacífico de la conmemoración del primero de mayo no puede verse enturbiado por actos públicos y manifestaciones que, según se desprende de la propaganda y convocatorias difundidas al efecto, suponen un peligro para la normalidad de la vida ciudadana, con el consiguiente riesgo de posibles enfrentamientos, violencias y alteraciones del orden público" señalaba un comunicado emitido por el Ministerio de Gobernación, a cargo entonces de Rodolfo Martín Villa.

En esa línea, el Gobierno que dirigía Suárez –quien en esas mismas fechas se encontraba de visita oficial en Nueva York– había decidido "prohibir la celebración de toda clase de mítines, actos y manifestaciones públicas organizadas con motivo del primero de mayo, adoptando en consecuencia las medidas necesarias para impedir y, en su caso, reprimir, las que, pese a esta prohibición, pretendan celebrarse".

Martín Villa cumplió con su palabra: la brutalidad policial recorrió todo el país y recordó a los sindicatos que el camino hacia la libertad aún no había terminado. En aquel contexto, Gerard Paredes, un ciudadano estadounidense, resultó herido de gravedad al ser alcanzado por una bala de goma disparada por la Policía cuando se encontraba en el balcón de su vivienda en Barcelona. "La saña policial dejó 150 heridos y provocó la queja de periodistas extranjeros", recuerda Babiano.