Han pasado 74 días desde que la sentencia sobre el juez Salvador Alba adquirió firmeza a través del Tribunal Supremo y sigue sin hacerse efectiva la condena  por prevaricación, falsedad documental y cohecho a seis años y medio de cárcel y 18 de inhabilitación por la corrupción que desplegó para perjudicar a la magistrada en excedencia Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género. 

Alba sigue en libertad y continúa siendo juez, pues el CGPJ aún no ha concluido el expediente de expulsión de la carrera judicial. El juez condenado sigue cobrando del Ministerio de Justicia su nómina mensual, eso sí, bastante rebajada desde que le fue notificada su suspensión provisional, el 12 de septiembre de 2018, ante la apertura del juicio oral, según informa a Público el gabinete de Pilar Llop. 

Salvador Alba cobra en torno a 1.850 euros al mes, percibiendo solamente las retribuciones básicas, sin complementos. Esta cantidad la seguirá percibiendo hasta que el CGPJ le expulse de la carrera judicial. Será entonces cuando el Ministerio de Justicia inicie el procedimiento para reclamarle las cantidades que ha venido percibiendo desde su suspensión, según informan fuentes del ministerio a este medio. La cifra global se aproxima a los 82.000 euros.

El pasado 1 de febrero Alba acudió al Tribunal Superior de Justicia de Canarias para recibir la comunicación personal respecto a que debe ingresar en prisión voluntariamente antes de 10 días. Si en este plazo no cumple el requerimiento, se dictará orden de detención contra el todavía juez. Se puede dar la extraña circunstancia de que el juez sigua percibiendo su salario una vez ingrese en prisión si antes el CGPJ no concluye el expediente de expulsión de la carrera judicial. Hasta que esto no ocurra, el Ministerio de Justicia no podrá darle de baja en su sistema de nóminas.

En julio de 2018, Alba fue suspendido cautelarmente por el CGPJ, que le notificó la sanción el 12 de septiembre de ese año, por lo que a efectos de suspensión se considera esa fecha, según fuentes de Justicia.  

El artículo 191 del Reglamento de la Carrera Judicial y el artículo 363 de la Ley Orgánica del Poder Judicial indican que los jueces suspendidos provisionalmente tendrán derecho a percibir sus retribuciones básicas, lo que implica entre un 40 y un 60% menos que la nómina habitual.

Los ritmos en el caso de Alba parecen lentos. No fue hasta el pasado 12 de enero cuando el Tribunal Superior de Justicia de Canarias decretó la ejecución de la sentencia, desde que el Supremo dictó su fallo, el 25 de noviembre de 2021. Alba ha pedido la suspensión de la sentencia hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su recurso. Parece que su estrategia es evitar la entrada en prisión; también la de hacer frente a las responsabilidades económicas establecidas en la sentencia.

Sigue sin pagar la indemnización a Rosell

Tampoco ha hecho efectiva el juez Alba, de momento, la multa a la que fue condenado, de 12.000 euros, ni tampoco la indemnización de 60.000 euros a Victoria Rosell, según ha podido saber este medio. La compañía aseguradora que cubre como juez a Salvador Alba no responde ante indemnizaciones fruto de delitos, como es el caso, por lo que aún no está claro si el seguro adelantará el dinero de la indemnización de Rosell y luego se lo reclamará a Alba o será este el que deba responder con sus bienes. Según indican fuentes cercanas al caso, no sería de extrañar que el juez condenado pueda declararse insolvente.

En la sentencia condenatoria de Alba, dictada en septiembre de 2019 por la Sala de lo Penal del TSJ de Canarias, se indica que este magistrado utilizó un procedimiento penal para alcanzar finalidades ajenas al mismo, y más concretamente: empleó unas diligencias penales de investigación de un delito para introducir datos falsos en las mismas con la finalidad de perjudicar el prestigio de Victoria Rosell, anterior titular del juzgado que en ese momento ocupaba Alba, ya que ella había pedido la excedencia para poder presentarse a las elecciones generales de diciembre de 2015, de las que resultó elegida diputada por Podemos.

El "acuerdo corrupto" al que llegó el juez Alba, según la sentencia, con el empresario Miguel Ángel Ramírez, entonces presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, incluía involucrar falsamente a la pareja de Rosell en los negocios de Ramírez, para así minar el prestigio de la magistrada para que se pudiera fraguar una querella contra ella por parte del expresidente canario José Manuel Soria.

El juez Alba cesó su actuación en el Juzgado de instrucción 8 de

Las Palmas --el mismo que ocupaba Rosell antes de su excedencia-- el 3 de mayo de 2016, con el daño hecho a la imagen de Victoria Rosell. Esta tuvo que renunciar a su puesto en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, perdiendo su condición de diputada, con la disolución de las Cortes el día 3 de mayo de 2016. Rosell recogió en su querella contra Alba que "se produjo un relevante perjuicio a su consideración personal, profesional y social" y la Justicia le dio la razón, aunque el Supremo no estimó su recurso en el que pedía un aumento de la pena de prisión para Alba: de seis años y medio a diez años de condena.

El ritmo lento del Supremo en este caso

Pese a la que la condena inicial contra Alba la dictó el TSJ el 10 de septiembre de 2019, el Tribunal Supremo tardó más de dos años en estudiar el recurso del juez condenado, y algo más de un mes, desde el 25 de noviembre hasta el 30 de diciembre, en remitir una copia de la sentencia al CGPJ, para que iniciara el expediente de expulsión contra Alba. 

La rapidez con la que el Tribunal Supremo instó a ejecutar la sentencia contra el exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez, en octubre de 2021, contrasta con el caso de Alba, pero, según fuentes jurídicas, en el caso del primero el tribunal sentenciador fue el Supremo, mientras que en el segundo, la causa procedía del TSJ de Canarias, a donde fue devuelta cuando el Supremo rechazó el recurso de casación de Alba.

La condena de Salvador Alba es una de las más altas contra jueces en España. El juez Luis Pasqual Estevill fue condenado a nueve años por prevaricación continuada y extorsión, y Baltasar Garzón fue condenado a once años por ordenar una grabación ilegal en prisión de las conversaciones de los principales cabecillas de la trama corrupta 'Gürtel'.