La Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana aprobada con el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015, más conocida como Ley Mordaza, sigue haciendo caja ocho años después. Desde entonces y hasta diciembre de 2022, se han impuesto 1.871.478 multas por su incumplimiento, con una cuantía total de 1.114.639 millones de euros, según las estadísticas del Ministerio de Interior consultadas por Público.

Y la cuantía de las sanciones impuestas es aún mayor, porque la estadística del Ministerio del Interior no incluye las multas tramitadas por los cuerpos de seguridad autonómicos de Catalunya, Euskadi y Navarra, comunidades con una población que rebasa en conjunto los 10,2 millones de habitantes.

La ley, pese a toda la polémica que la rodea, no fue cambiada ni en una coma durante la legislatura con un gobierno de coalición progresista que concluyó en mayo con la convocatoria de elecciones generales en julio, pese a que su reforma formaba parte del acuerdo de investidura entre PSOE y Unidas Podemos. El rechazo de ERC y EH Bildu a la propuesta de modificación de la norma que se debatió en marzo en la Comisión de Interior del Congreso, insuficiente a su entender, truncó finalmente la reforma.

Este lunes ha sido publicada la última estadística de Interior en la que se recogen los datos de las multas por infracciones de la Ley Mordaza durante el año 2022. Según este balance, el año pasado se impusieron 227.080 sanciones por diferentes infracciones de esta ley, con una cuantía total de 148,39 millones de euros. Estas cifras suponen un descenso con respecto a las registradas en 2021: un 12% menos en sanciones y un 3,2% menos en la cantidad de euros cobrada.

La bajada de las multas se acentuó a partir de septiembre, el primer mes del año en el que estuvieron por debajo de las 20.000. En octubre apenas superaron las 12.000, en noviembre se impusieron 7.804 -la mitad de las tramitadas en el mismo mes del año anterior-, y en diciembre se registraron 4.032 -tres veces menos que las que se habían contabilizado en el mismo mes de 2021-.

En diciembre fue, precisamente, cuando se reiniciaron los trabajos en la ponencia parlamentaria para la reforma de la ley, tras meses de intensas negociaciones entre los grupos proponentes, un dictamen que luego acabó fracasando en marzo por la falta de una mayoría favorable.

Uno de los datos más llamativos es la bajada de las sanciones por una falta de respeto y consideración a un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad en el ejercicio de sus funciones, que en 2021 se habían casi duplicado con respecto al año anterior. En 2022, se impusieron 17.835 multas por este tipo de faltas recogidas en el artículo 37.4 de la Ley Mordaza, un 30,4% menos que las registradas en 2021. Este punto fue uno de los que causó más controversia en las negociaciones entre los grupos parlamentarios que abordaron la reforma de la ley.

Más de un millón de multas por consumo de drogas

El consumo o tenencia de drogas en espacios públicos sigue siendo, sin embargo, la causa de la mayoría de las sanciones por incumplimiento de la Ley de Seguridad Ciudadana. Casi el 60% de las multas que se han impuesto con esta norma desde su aprobación están relacionadas con un uso de las drogas que no comporte un tráfico de sustancias, tipificado penalmente.

Desde 2015 se han tramitado 1.115.066 multas por consumo o tenencia de drogas en lugares públicos, con una cuantía total que asciende a 708,8 millones de euros, es decir, casi el 64% de todo el dinero que se ha recaudado por infracciones de esta ley.

Esta cantidad de sanciones ha propiciado que España sea el país de Europa donde más se multa el uso del cannabis, según el informe de 2022 del Observatorio Europeo de las Drogas, pese a ocupar el tercer puesto en consumo. España acumula el 43% de todas las infracciones registradas en el continente por consumo o tenencia de marihuana, con casi 70.000 intervenciones más que Alemania, el segundo país con un mayor número de sanciones.

La última estadística de la Ley de Seguridad Ciudadana, la de 2022, refleja, no obstante, una bajada del 13,5% en el número de multas tramitadas por consumo de drogas en espacios públicos (146.738), aunque su cuantía total apenas se redujo un 1,2% y alcanzó los 107,34 millones de euros.

En este apartado, las únicas multas que han registrado una subida son las impuestas por vulneración del artículo 36.17, que sanciona el traslado de personas, con cualquier tipo de vehículo, con el objeto de facilitarles el acceso a drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas. Este tipo de infracción ha aumentado un 20%, aunque su número sigue siendo reducido, 102 multas en todo el año, con una cuantía global de algo más de 90.000 euros.

Organizaciones sociales exigen una reforma

Ocho organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional, Greenpeace y la Plataforma No somos delito, exigieron en junio, antes de las elecciones, la reforma de la Ley Mordaza, siguiendo las recomendaciones de la Comisaría de Derechos Humanos del Consejo de Europa sobre el impacto negativo de esa norma y de algunos artículos del Código Penal para el ejercicio de los derechos a la libertad de reunión y expresión.

En su comunicado, las entidades aseguraron que, desde la aprobación de la Ley Mordaza y la reforma del Código Penal en 2015, al menos diez organizaciones han sido multadas por "reclamar pacíficamente sus derechos o vulneraciones de derechos de terceros", además de 250.000 personas, muchas de ellas activistas y periodistas, que han sido sancionadas "por ejercer pacíficamente su derecho a la protesta o tratar de documentar una actuación policial".

Organizaciones de usuarios del cannabis como CONFAC, integrada en la plataforma No somos delito, también han exigido reiteradamente la derogación de la Ley Mordaza, ya que consideran que las multas por uso de drogas en espacios públicos se han convertido en una especie de "impuesto encubierto" en un país donde se decidió despenalizar el consumo.

ERC y EH Bildu y rechazaron la propuesta de reforma de la ley que debía elevarse al Pleno del Congreso porque, fundamentalmente, no incluía la prohibición del uso de pelotas de goma por parte de las fuerzas de seguridad ni la de las devoluciones en caliente de migrantes en la frontera, además de no establecer limitaciones al "libre albedrío" en las sanciones administrativas impuestas por los agentes.

Las organizaciones sociales consideran, sin embargo, que todas las fuerzas políticas parlamentarias deben hacer un esfuerzo. "Es necesario que hagan realidad el compromiso asumido por escrito ante la sociedad civil en febrero de 2015 y terminen el trabajo que empezaron en la última legislatura. Los partidos estuvieron cerca de aprobar una reforma, pero, finalmente, el bloque que sostenía la legislatura y era partidario de la modificación no alcanzó un acuerdo y esta ley sigue en vigor. Avanzar en derechos no es una cuestión partidista ni ideológica: afecta a todas las personas", subrayaban en el comunicado emitido semanas antes de las elecciones de julio.

Andalucía, a la cabeza en numero de sanciones

Por comunidades autónomas, y a falta de los datos de los cuerpos de seguridad de Catalunya, Euskadi y Navarra que no figuran en la estadística de Interior, Andalucía es la que más sanciones registra por vulneración de la Ley Mordaza, con 87.337, seguida de Canarias (21.196), Comunitat Valenciana (19.177), Castilla-La Mancha (17.210), Castilla y León (16.495), Galicia (11.489), Madrid (10.988), Aragón (8.957), Extremadura (7.862), Asturias (4.705), Murcia (4.699), La Rioja (4.100), Illes Balears (3.666), Cantabria (2.915), Melilla (1.798) y Ceuta (1.527).

Hay cinco comunidades que han registrado un aumento de las sanciones por infracciones de la Ley Mordaza: Murcia, que ha experimentado un llamativo incremento del 60%, Castilla-La Mancha, donde han subido un 11,3%, Illes Balears, un 1% más, Canarias, un 2,2%, y Extremadura, un 0,13. En el resto, han descendido las multas.

Por provincias, las tres que registran el mayor número de sanciones son andaluzas, Málaga (18.257), Sevilla (17.635) y Almería (15.483). Les siguen Las Palmas (14.577), Cádiz (11.069), Valencia (8.611) y Alicante (8.175).