La ONU mantiene como interlocutor válido al 'lobby' ultraderechista Hazte Oír pese a sus campañas de odio

El ámbito de actuación de Hazte Oír va bastante más allá de sus autobuses del odio y de sus recogidas de firmas por internet para atacar a los personajes de Barrio Sésamo o a los muñecos de Lego, ambos señalados como supuestos instrumentos de lo que los ultras denominan "lobby LGTBI". El grupo de presión ultraderechista mantiene a día de hoy el carácter de ONG con estatus especial consultivo ante Naciones Unidas, el sitio más alto al que ha conseguido llegar.

La última actuación internacional de Hazte Oír tuvo lugar a principios de este año en Ginebra: el grupo que dirige el abogado Ignacio Arsuaga actuó como una ONG más en el marco del 46° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, que tuvo lugar del 22 de febrero al 24 de marzo de 2021.

Según consta en el reporte final de ese organismo de Naciones Unidas, Hazte Oír arremetió allí contra la "educación sexual integral solicitada por varios Estados durante el examen periódico universal", alegando que "violaría la patria potestad y el derecho de los padres a educar a sus hijos".

Fiel a su línea, el grupo ultra cargó además contra "la controvertida propaganda LGBTIQ que se enseñaba a los niños en las escuelas", al tiempo que defendió ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que "la ideología de género y la Agenda LGBTIQ eran meras construcciones ideológicas y políticas que algunos radicales habían construido en las últimas décadas". "No se puede imponer a los niños y a sus padres una agenda ideológica y sin base científica", defendió.

Esta historia se remonta ocho años atrás: Hazte Oír está autorizada a asistir a instancias tales como el Consejo de Derechos Humanos gracias al carácter de ONG de estatus especial consultivo que obtuvo en 2013. En julio de ese año, el Consejo Económico y Social (ECOSOC) de Naciones Unidas aprobó la incorporación del lobby ultraderechista al listado de organizaciones internacionales que gozan de dicho reconocimiento, el más alto que se concede a organizaciones no gubernamentales y que permite participar en asuntos de Naciones Unidas.

La concesión de dicho estatus internacional había estado precedida de otro hecho relevante en España: en mayo de 2013, el Gobierno del PP reconoció a Hazte Oír como asociación de "utilidad pública", lo que garantizaba una serie de privilegios fiscales.

Desde entonces, la fama del lobby ultra creció tanto como sus cuentas: mientras se recrudecían sus campañas contra personas transexuales, contra el derecho al aborto y a favor de la simbología franquista, el presupuesto del grupo se disparaba al calor de generosas donaciones anónimas. De los 3.000 euros que declaraba como patrimonio inicial en 2004 ha pasado a dirigir y ejecutar campañas a nivel nacional e internacional que rondan los 2.000.000 de euros.

Los escándalos surgidos en el invierno de 2017 con el denominado "autobús del odio" –desde el cual se lanzaban mensajes contra las niñas y niños transexuales– y sus permanentes campañas de odio tuvieron efecto en España: el Gobierno del PSOE retiró en 2018 la declaración de utilidad pública, una decisión que posteriormente fue ratificada por la Audiencia Nacional.

Sin embargo, en Naciones Unidas no ha habido repercusión. A día de hoy, este organismo internacional mantiene el reconocimiento de Hazte Oír como ONG de estatus colectivo, permitiendo así que continúe ejerciendo actos de propaganda y presión en ámbitos como el Consejo de Derechos Humanos. 

Conexión con ultras de EEUU

De esta manera, el lobby que encabeza Arsuaga ha logrado llevar a distintas instancias internacionales sus habituales reivindicaciones ultracatólicas. Uno de sus ponentes habituales es el abogado Rubén Navarro, quien además ha ejercido ante Naciones Unidas como asesor de la plataforma estadounidense Alliance Defending Freedom, una organización que se opone al matrimonio entre personas del mismo sexo y al aborto.

Precisamente, esos han sido algunos de los asuntos que Hazte Oír ha llevado a los organismos internacionales. También ha utilizado su estatus de ONG oficialmente reconocida para sumarse a los debates en torno a la situación en Venezuela, donde se sumó a quienes pedían una "intervención internacional" contra el Gobierno de Nicolás Maduro.