MADRID.- Una maniobra del PP de Cristina Cifuentes para tapar la corrupción de sus antecesores. Así es como ve la oposición, incluidos sus socios de Ciudadanos, la petición de la presidenta de la Asamblea de Madrid para que los servicios jurídicos de la Cámara regional elaboren un informe que ponga en duda la legalidad de la Comisión de Investigación creada en julio de 2015.

Paloma Adrados (PP) ha utilizado su poder como jefa de la institución para, pese a la oposición de PSOE, Podemos y C's, poner a los letrados de la secretaría general a trabajar para analizar si el funcionamiento de dicha Comisión es o no legal. ¿La excusa? La reciente sentencia judicial que anuló la correspondiente investigación que el Ayuntamiento de Madrid pretendía llevar a cabo sobre los gobiernos anteriores de Ana Botella y Alberto Ruíz Gallardón.

Aunque la solicitud acaba de realizarse y en la oposición están a la espera de "ver qué dice el informe" correspondiente, todos temen que la Comisión de la Asamblea termine paralizada, como la del Ayuntamiento. Pero todos también exponen las diferencias entre ambas situaciones. 

Aguado (C's): ""El PP está obsesionado con tapar las fosas sépticas de la corrupción que campó a sus anchas en la Comunidad en la época de Esperanza Aguirre e Ignacio González"

Por un lado, explican desde las filas de la oposición, la Justicia paralizó la del Consistorio porque la Comisión no tenía, a su parecer, "un objeto concreto, sino genérico, vedado a este tipo de comisiones no permanente". "Son dos comisiones distintas: en la de la Asamblea se aborda la corrupción organizada y la normativa aplicable es distinta porque el reglamento de la Asamblea tiene rango de ley y, por tanto, aplicamos una ley", señaló el líder del PSOE en la Comunidad, Ángel Gabilondo.

"El Reglamento de la Asamblea nos permite abrir esa Comisión sin ningún tipo de injerencias", argumentó también el líder de C's en Madrid, Ignacio Aguado. "El PP no tiene nada en lo que basarse: en el Ayuntamiento no está regulada la creación de estas  comisiones, pero en la Asamblea, sí", incidió el diputado de Podemos Miguel Ongil, que apunta también la posibilidad de que, incluso, la petición de nulidad de la comisión podría haber llegado demasiado tarde en cuanto al calendario reglamentario se refiere. 

Sea como sea, el riesgo de no volver a ver a Francisco Granados declarando desde la cárcel por la trama Púnica o de no llegar a ver nunca a guardias civiles declarando sobre las posibles tramas de espionaje en la Comunidad -entre otras muchas cosas- existe pese al intento fallido de la oposición por paralizar la petición de Adrados. La mayoría de la Cámara votó en contra de pedir ese informe, pero la presidenta usó su potestad como "órgano parlamentario unipersonal"  para hacerlo. 

En las filas del PP justificaron la decisión alegando las dudas razonables que podrían presentarse tras la sentencia relativa a la Comisión del Ayuntamiento e incluso se vanagloriaron de la actitud de la presidenta de la Asamblea al convocar una votación sobre la petición; algo que, según ellos, "nunca se había realizado". Además, tal y como informó ABC, arremetieron contra sus oponentes por rechazar la solicitud. "Sorprende que el rodillo de la oposición se oponga a que los servicios jurídicos de la Cámara emitan ese informe. Nunca nos hemos opuesto a la Comisión, pero desde su constitución está viciada", señalaron fuentes populares al citado diario.

Ossorio (PP): "Queremos que se investigue sin riesgo para nadie"

El portavoz del PP en la Asamblea incidió en la misma idea: sólo buscan "garantizar los derechos de los comparecientes que están obligados a asistir". "No nos importa que se investigue el pasado, pero queremos que se haga bien y sin riesgo para nadie", declaró Enrique Ossorio a Efe. 

De nuevo, toda la oposición rebate ese argumento: "si no estaban de acuerdo con la organización de la Comisión, podían haberlo dicho antes", coinciden las fuentes consultadas. "El 28 de octubre de 2015, por unanimidad, se dictaminó no sólo la creación de la Comisión, sino también sus normas de funcionamiento", señaló Gabilondo en rueda de prensa. "El PP se abstuvo, nunca se ha opuesto explícitamente", recuerda también Ongil en una conversación telefónica con Público. 

Ongil (Podemos): "Cifuentes tiene que intentar agradar al ala 'aguirrista' del PP antes de su Congreso"

Sin embargo, mientras Gabilondo no quiso ver intenciones políticas en la actuación de Adrados ("Si alguien obstruye la Comisión para evitarse problemas [hay diputados del PP de Cifuentes señalados por las investigaciones judiciales] estaría haciendo mucho daño a Madrid y espero que nadie esté en eso", dijo), Ongil sí denuncia que la petición del informe es una forma de "tirar la piedra y esconder la mano".

"Sin tener la mala prensa de haber acudido a los tribunales, intentan cercenar la legitimidad de una Comisión anticorrupción que les molesta porque está siendo útil", argumenta el diputado de Podemos tras enumerar los logros de la Comisión en la que él participa: de la declaración de Granados a la aparición de nuevas pruebas y nuevos imputados en casos menos mediáticos como el de la "enajenación de viviendas a fondos buitre por parte del Instituto de Vivienda de Madrid (IVIMA)", entre otros.

En la misma línea se expresó también Aguado, que pese a ser quien sustenta el Gobierno de Cifuentes en la Comunidad, fue muy crítico con ella respecto a esta cuestión: "No tendrá nuestro apoyo. La Comisión tiene que durar, por lo menos, esta legislatura porque está dando resultados", declaró. "El PP está obsesionado con tapar las fosas sépticas de la corrupción que campó a sus anchas en la Comunidad en la época de Esperanza Aguirre e Ignacio González", criticó también.

Gabilondo (PSOE): "Espero que nadie esté en obstruir la Comisión anticorrupción para evitarse problemas"

Aunque Gabilondo quiso ser bien pensado en sus declaraciones en la prensa, otras fuentes del PSOE sí ven intenciones políticas en el intento de tumbar la Comisión anticorrupción. "Cada día se abordan asuntos relacionados con el PP y hay que recordar que en la época de Aguirre y González, también Cristina Cifuentes ocupó cargos en el partido y fue diputada", apostillan. 

En Podemos, en cambio, mantienen otra teoría. Cifuentes no querría salvarse a sí misma, sino contentar al sector 'aguirrista' del Partido Popular de cara al próximo congreso regional que tendrá lugar los próximos 17, 18 y 19 de marzo. La actual presidenta de la Comunidad es ahora quien preside también la Gestora del PP de Madrid y, aunque no anunciará si se postula como candidata a liderar la organización territorial del partido hasta el 13 de febrero, se da por hecho que quiere ratificar su poder en dicho cargo. "Tiene que intentar agradar al ala ultra del partido en los días previos al Congreso", concluye Ongil.