El juicio contra el PP por la destrucción de los discos duros de Luis Bárcenas ha acabado como quería el Partido Popular, que recusó a la jueza instructora y peleó con uñas y dientes para evitar el banquillo: con el foco puesto sobre su extesorero. Para ello ha contado con la inestimable ayuda de la Fiscalía, alineada con el partido de Pablo Casado, y siempre bajo la mirada del titular del juzgado de lo penal 31 de Madrid, Eduardo Muñoz de Baena, que según las acusaciones populares no ha hecho siquiera amago de evitarlo.

Cinco sesiones, 13 testigos y cinco peritos después, Muñoz de Baena pronunció este viernes el esperado “visto para sentencia”, ante las críticas de esas acusaciones. La Fiscalía no aprecia la comisión de ningún delito, si bien Izquierda Unida-Los Verdes, Observatori Drets Humans (DESC) y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), las tres acusaciones populares que han mantenido viva la causa, han denunciado que el Ministerio Público, lejos de ponerse de perfil, ha actuado como una suerte de salvavidas para las defensas.

Como el PP, la Fiscalía ha negado la legitimidad de las acusaciones, y no ha hecho nada por reseñar que la caja B -cuya existencia niega el PP- ya ha quedado acreditada en la sentencia de la Audiencia Nacional por la trama corrupta Gürtel.

De hecho, el PP ha tenido que sentarse en el banquillo por la destrucción de los ordenadores de su extesorero, en los que según Bárcenas había información sobre la contabilidad paralela del partido, y la fiscal ha llegado a afirmar que, de haber existido esa información, el PP no habría incurrido en un delito de daños informáticos (artículo 264 del Código Penal) al eliminarla, ya que este delito requiere que la información destruida sea ajena.

"Si partimos de la base de que el PP destruyó su contabilidad B, esa información no le es ajena"; “Era del PP, y por tanto su destrucción no colma el tipo penal recogido en el artículo 264”, sostenía la fiscal Carmen Luciáñez, para regocijo de los conservadores. Las defensas han alabado repetida y abiertamente su intervención, la “única” que ha empleado razonamientos jurídicos, según sus palabras.

Así, al igual que los abogados del partido conservador y de los tres empleados del PP que se sientan en el banquillo (Carmen Navarro, Alberto Durán y José Manuel Moreno), Luciáñez se ha sumado al bombardeo contra la credibilidad de Bárcenas.

El fondo y la forma de su interrogatorio al extesorero ya fueron muy distintos a los empleados con los acusados, con los que se mostró menos incisiva, menos dura y menos insistente, pese a que Bárcenas sólo era un testigo. A María Dolores de Cospedal, que fue citada del mismo modo, sólo le hizo cuatro preguntas sobre las llaves de los despachos de la sede del PP, pese a que en el momento en que se desarrollaron los hechos (2013) ya era la número dos de los conservadores. Y la fiscal, que pide la absolución -también como el PP-, aún guardaba nuevos dardos para la sesión de este viernes.

Apurando el turno de 45 minutos para exponer sus conclusiones, Luciáñez se ha detenido en las “contradicciones de Bárcenas”, en su “poco interés” y su “indiferencia” por recuperar los ordenadores, o en el hecho de que los dejase en la sede del partido y no los custodiase, como sí hizo con el pendrive con la copia de los documentos que guardaba en los equipos, y que después entregó a la Audiencia Nacional”. “Eso sí que lo guarda a buen recaudo”, ironizaba.

Las acusaciones cuestionadas por este diario se han mostrado muy críticas con la actuación de la fiscal. Consideran que se ha plegado por completo al argumentario del PP, y que el juez lo ha permitido.

Ha consentido, dicen, que el Partido Popular ponga el foco sobre el testigo Bárcenas, que no se sienta en el banquillo y que sólo ha estado presente en la sala durante su declaración, ya que está cumpliendo su condena a 33 años de cárcel por Gürtel.

No en vano, el juez ha permitido todas las preguntas del PP al único perito de parte que ha comparecido este viernes, pero ha interrumpido las del letrado de IU, Juan Moreno; también ha prohibido la retransmisión de la causa, amparándose en la pena de banquillo que supondría para los acusados, y ha admitido un informe pericial del partido conservador aportado horas antes de que arrancase el juicio, cuando el juzgado ya lo había requerido una semana antes, y sin que el PP diera traslado a las defensas, que apenas han tenido una semana para estudiar un documento de 102 páginas.

De hecho, el juez tampoco ha querido pronunciarse hasta la sentencia sobre la aplicación de la doctrina Botín, que permitiría anular el juicio, dado que la Fiscalía no acusa.

Echando la vista atrás, ya en la primera sesión, Muñoz de Baena permitió a la letrada María Massó que representase al PP, pese a que no aportó el correspondiente poder de representación. En la segunda, cuando Massó prestó su voz al PP en el interrogatorio, acudió a la cita con un poder rubricado por Alberto Durán, responsable jurídico del PP y uno de los acusados. Las defensas criticaron que se aceptase un poder firmado por uno de los acusados, pero Muñoz de Baena decidió seguir adelante.

Sólo unos días después, en la cuarta sesión, pidió a la letrada del DESC, Isabel Elbal, que no hiciera “una glosa de la respuesta del perito sistemáticamente”. “Sé que es tentador, pero es innecesario y no aporta nada”, zanjaba.

Mientras tanto, los cuatro acusados, sus letrados y hasta la propia Cospedal, hoy fuera de la política, han hecho todo lo posible por desviar la atención, por llamar "mentiroso" a Bárcenas, alternando distintas fórmulas y palabras.

Parecía como si el testigo fuera el acusado, como si las defensas fueran en realidad acusaciones y la Fiscalía una defensa. Incluso se podría haber afirmado que los papeles de Bárcenas, y no los discos duros destruidos por el PP, eran el objeto a examinar en el juicio. Ahora sólo queda esperar a la sentencia.