El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este viernes una "revolución administrativa" con el objetivo de facilitar el acceso a los fondos europeos dentro del Plan de Reconstrucción. 

Sánchez ha explicado que esta revolución incluirá cambios en la ley de contratos del Estado, en los contratos públicos, en la ley de subvenciones y, además, se agilizarán todos los tramites con la Administración. El líder del Ejecutivo ha presentado este viernes en La Rioja el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía en el marco de la ronda de visitas por las comunidades autónomas que mantiene desde principios de esta semana.

Durante su intervención, Sánchez ha insistido en la necesidad de canalizar los fondos europeos a partir de cuatro ejes: la transición ecológica, la
digitalización de la economía, la igualdad real entre hombres y mujeres y la
cohesión social y territorial. 

Más allá de los objetivos de transformación económica e industrial que el Gobierno ha puesto sobre la mesa en base a los fondos europeos, Sánchez se ha referido a la necesidad de articular herramientas legales que faciliten el acceso a este dinero a través de la agilización de los trámites administrativos.

Por ello, ha anunciado la futura aprobación de un Real Decreto-Ley de modificación de distintas leyes (entre las que se encuentran la ley de contratos del Estado y la ley de subvenciones) para agilizar trámites e introducir nuevos instrumentos de colaboración público-privada, medida que ha definido como "una gran reforma de la administración". Sánchez ha precisado que la modificación de estas normas no estará reñida con el mantenimiento de las "garantías y controles necesarios ante las instituciones europeas".

En este contexto, el presidente ha pedido a las comunidades autónomas reformas que vayan en la misma senda en su ámbito competencial, y que ofrezcan "más flexibilidad frente a las dificultades". El pasado lunes el Gobierno, de la mano de los agentes sociales, puso en marcha la Mesa de Diálogo Social para la Recuperación, la Transformación y la Resiliencia en una primera reunión en la que el Ejecutivo, los sindicatos y la patronal pusieron en común los objetivos de empleabilidad y canalización de los fondos europeos.

Una nueva ley de FP después de la ley educativa

En este encuentro el Ejecutivo ya informó a los representantes de los agentes sociales de que estaba preparando un decreto ley para llevar a cabo las reformas legales necesarias que faciliten los trámites de cara al reparto de los fondos europeos (y avanzó que podrían afectar a normas como la ley de subvenciones o la de contratos públicos).

"Estamos trabajando en un real decreto-ley de reforma de todo lo que tiene que ver con las inversiones del sector público, que incorporará las propuestas de los agentes sociales. El objetivo es que antes de final de año podamos tener una importante reforma y actualización de estos mecanismos de inversión pública", avanzó la vicepresidenta tercera del Gobierno, Nadia Calviño.

Esta norma incorporará medidas para "eliminar los cuellos de botella, reducir trámites, controles e informes innecesarios y acortar plazos administrativos" a la hora de ejecutar inversiones públicas en los distintos proyectos que formarán parte del plan de recuperación que el Ejecutivo quiere poner en marcha.

Además, el presidente ha anunciado que el siguiente objetivo del Gobierno, tras la reforma educativa aprobada el jueves por el Congreso, será aprobar una nueva ley por la Formación Profesional "que consolidará el salto modernizador que estamos impulsando junto con las empresas y los interlocutores sociales a partir de las enseñanzas profesionales, que son la base de la recuperación y la
transformación de nuestro sistema productivo", ha dicho.

Esta futura norma, ha añadido Sánchez, "encarna el total compromiso del Gobierno con la formación profesional dual, la creación de 200.000 nuevas plazas y la apuesta por nuevos títulos en sectores como la robótica, el big data o la industria inteligente".