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Prada, guardián anticorrupción del PP, pierde a su abogado tras denunciar a la fiscal

La tensión entre el exvicepresidente de la Comunidad de Madrid y su abogado, José Ánibal Álvarez, ha llevado a éste a otorgarle la venia al propio Alfredo Prada para que se represente por el momento en la causa que tiene abierta en la Audiencia Nacional por su gestión en el macroproyecto de la Ciudad de la Justicia y por la contratación como jefe de seguridad del actual comisario Andrés Gómez Gordo, uno de los policías imputados en la pieza Kitchen sobre el robo de los papeles de Bárcenas. 

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El exvicepresidente segundo y consejero de Justicia madrileño Alfredo Prada, a su llegada a la Audiencia Nacional donde es interrogado como investigado en la causa que se investiga irregularidades en el proyecto del Campus de la Justicia de Madrid (CJM). EFE/JUAN CARLOS HIDALGO

El recuperado por el presidente del PP, Pablo Casado, como guardián anticorrupción de los nuevos cargos del partido, el ex vicepresidente de la Comunidad de Madrid Alfredo Prada pasará a representarse a sí mismo ante la Audiencia Nacional después de que el letrado José Aníbal Álvarez le haya otorgado la venia el pasado viernes. 

La renuncia del letrado Aníbal Álvarez, que le ha representado desde que en 2009 denunciara el espionaje del que presuntamente fue víctima por sus compañeros de partido y del gobierno de Esperanza Aguirre, se ha hecho efectiva ya ante el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, que investiga a Prada por varios contratos durante su época de vicepresidente y consejero de Justicia, como el macroproyecto de la Ciudad de la Justicia, que generó un agujero a las arcas públicas de 105 millones, o la contratación como jefe de seguridad del actual comisario Andrés Gómez Gordo, uno de los policías imputados en la pieza Kitchen sobre el robo de los papeles del extesorero del PP Luis Bárcenas

También ha quedado reflejada en la denuncia que ha puesto ante la inspección de la Fiscalía General de Estado contra la fiscal anticorrupción del caso, Myriam Segura, y que firma Alfredo Prada en representación de sí mismo.

Conspiración contra el PP y dos testigos opacos

La denuncia contra la fiscal interpuesta por Prada vuelve a recoger los argumentos políticos que envió en un escrito al juez José de la Mata, donde el político pedía la nulidad de las actuaciones apelando a que su imputación se había hecho tras su nuevo nombramiento en el PP y en periodo electoral, y al que el titular del juzgado 5 de la Audiencia Nacional ha contestado con contundencia. 

En su escrito, el que fuera guardián anticorrupción del Casado acusaba al juez De la Mata  de haber puesto en marcha “una guerra jurídica” (definiendo tal concepto como hacer un “uso ilegítimo interno con la intención de dañar a un oponente político” [sic]),  de emprender una “embestida legal" como "una clara puesta en marcha de una táctica de “guerra no convencional”, y de otros ataques de carácter político.

Con la fiscal de la causa, Myriam Segura, el exvicepresidente madrileño no se queda corto. Prada echa mano de una noticia de 2013 (cuando salieron a la luz los papeles del ex tesorero del PP) y argumenta que: "Con independencia de la veracidad o no de la información [sic] lo cierto es que de su lectura se desprende que Alfredo Prada le pide al Presidente del Gobierno el cese de Myriam Segura, obviamente este hecho, con publicidad incluida, seria razón más que suficiente para que la Ilustrísima Señora Fiscal se hubiera abstenido de llevar este asunto, dado que estamos ante una información que genera enemistad manifiesta y una clara animadversión".

También señala que la fiscal anticorrupción es amiga de la ahora ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado (ya que acudió a su toma de posesión), del exministro socialista Mariano Fernández Bermejo o de la diputada autonómica del PSOE, Mercedes Gallizo. Además, recuerda que el PP denunció a la fiscal en la causa de la trama Gürtel.

Además del argumentario político y de relaciones personales, el ahora letrado Alfredo Prada expone ante la inspección de la Fiscalía General que Myriam Segura "solicitó a dos miembros de la INTERVENCIÓN GENERAL DEL ESTADO pertenecientes a la Unidad Adscrita en la Fiscalía Anticorrupción, que estudiaran los posibles ilícitos penales que pudieran derivarse del informe emitido por la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid y que, ignoro las dos respuestas negativas que le dieron en donde dos personas de altísima cualificación profesional le manifestaron que no había ilícito penal alguno que perseguir". Pero en lugar de aportar pruebas sobre estos expertos, entrega una copia de una página del digital de Eduardo Inda. 

Público se ha puesto en contacto con Alfredo Prada para preguntarle si la información de estos miembros de la Intervención General constaba en el sumario o si podía aportar algún dato másm,  a lo que ha respondido que "de ser así la denuncia estaría en el juzgado de guardia". 

La investigación de la Audiencia Nacional

A la espera de qué hace la Fiscalía General con esta denuncia, y si el valido de Casado sigue defendiéndose a sí mismo, el juez De la Mata ya ha contestado denegando la nulidad de las actuaciones y exponiendo los hechos. 

Según el auto, "durante la primera etapa de la actividad de CJM [Ciudad de la Justicia Madrid] era el Presidente de CJM y ostentaba la gestión efectiva de la sociedad, tanto respecto a la contratación como a la gestión económica. Fue designado presidente del Consejo de Administración el 14.01.2005, y desde esa misma fecha tenía todas las facultades del Consejo legal y estatutariamente delegables". Se estima que el agujero generado durante su etapa y la de su sucesor, Francisco Granados, asciende a 105 millones de euros.

Además de realizar un relato de datos hasta que Prada este abandonó la Comunidad de Madrid, el juez asegura: "Ha quedado evidenciado, adicionalmente, que tomaba parte directa, de modo personal e inmediato, en las decisiones estratégicas y operativas de la compañía. Las facultades de gestión del Presidente se materializaron de manera efectiva en la suscripción de contratos de trabajo en nombre de CJM (así, el que se hizo a Andrés GÓMEZ GORDO el 08.10.2007); en comunicaciones con organismos oficiales como la Tesorería General de la Seguridad Social o el Ministerio de Trabajo (así, el contrato con María GAGO VEGA); en convocatorias publicadas en el BOCM (por ejemplo, la subasta para enajenar el Inmueble de Fernández de la Hoz, el 13.04.2005); o en el otorgamiento de escrituras públicas (por ejemplo, la venta de ese mismo inmueble el 13.05.2005). Mediante Orden de Alfredo PRADA PRESA de 14.12.2005 se comunicó a la Consejería de Economía la propuesta de aumento de capital social de CJM".

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