"Ni me arrepiento ni me avergüenzo de mi pasado. Tenía veintitantos años, tenía mi idealismo y era seglar". Esta es la respuesta del prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, a la pregunta sobre su pasado como candidato a las elecciones generales de 1993 y a los comicios europeos de 1994 por el partido Falange Española Independiente. 

El prior del Valle de los Caídos, contrario a la exhumación del dictador Franco del Valle de los Caídos, ha condecido una entrevista a la revista católica Nueva Vida en la que defiende la gestión del asunto de la comunidad benedictina y se defiende de las críticas por su pasado falangista. De hecho, Cantera recuerda que en España no es ningún delito "que uno tenga o haya tenido ideas políticas y, menos aún, cuando hoy se pacta con otras ideologías que incluso han sustentado el terrorismo", en clara referencia a los votos de EH Bildu a favor de la investidura de Pedro Sánchez. 

Asimismo, Cantera también lamenta que nadie del Gobierno se haya puesto en contacto con él desde que se abrió el procedimiento para exhumar al dictador de su mausoleo: "Nos han saltado por completo. Conmigo no han hablado hasta la fecha. Solo ha habido comunicaciones por escrito a raíz del procedimiento de apertura del expediente administrativo para la aplicación del real decreto ley del 24 de agosto. Pero ni previo ni posterior ha establecido el Gobierno ningún contacto. Incluso cuando hicieron una visita a la basílica –que ni habían avisado ni comunicado–, ni siquiera nos saludaron por cortesía. Yo les habría recibido, pero lo hicieron un lunes, cuando esto está cerrado". 

Por otro lado, el prior del Valle de los Caídos también afirma que se siente respaldado por la Iglesia Católica y deja el futuro del dictador en manos de los tribunales: "En estos momentos, la autoridad civil competente es la judicial y no el Gobierno, al no haberse resuelto un acuerdo con la familia y ser una cuestión conflictiva. Nosotros, sin el consentimiento de la familia, tampoco podemos hacer nada. El tema está judicializado y la autoridad competente en el orden civil sería la judicial. En estos momentos, el Tribunal Supremo, aunque podría llegar la cuestión al Constitucional o, incluso, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos".