Este año atravesado por dos campañas electorales ha dejado varias polémicas, entre ellas la cuestión de la ocupación, que ha sido central en los discursos electoralistas de los partidos de derecha y algunos medios de comunicación ante el grave problema de la vivienda.

Con los precios del alquiler en máximos históricos en Catalunya y expulsiones masivas de vecinos, especialmente en Barcelona pero no sólo, la mayoría de ocupaciones tienen lugar en viviendas vacías de bancos o fondo buitre por parte de personas excluidas del acceso a la vivienda. Sin embargo, la derecha utilizó este fenómeno para generar alarma social, una estrategia denunciada por los colectivos del sector.

Como consecuencia de este discurso, después de las elecciones se están abriendo las primeras "oficinas antiokupas" en Catalunya. Se trata de una medida que ya defendía el exlíder del PP en Barcelona Alberto Fernández Díaz en 2011 pero que no había llegado a plasmarse hasta el auge reaccionario que estamos viviendo actualmente.

Hace un año fue Isabel Díaz-Ayuso en Madrid, y más tarde el nuevo gobierno de PP y Vox en Castilla y León, quienes empezaron a implantarlas en sus territorios. Ahora la medida se está impulsando también en Catalunya.

La primera oficina, en El Vendrell

Pese a los fiascos que han supuesto tanto en Madrid como en Soria, entre otros, ahora el gobierno municipal de El Vendrell ha decidido crear una. Gobernado por PSC y PP, la capital del Baix Penedès (Tarragona) -de 39.000 habitantes- lanza esta iniciativa para "asesorar a los vecinos" afectados e iniciar un censo de casos.

Sin embargo, de momento recogen el dato de que tan sólo el 5% de empleos se trata de aquellos que califican de "delincuenciales", es decir, donde el piso ocupado es la base de actividades ilegales. Se trata de una distinción que también levanta recelos por la dificultad de su concreción.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Christian Soriano, reconoce a Público que se trata "de una minoría" y que la mayor parte de casos son de personas vulnerables sin acceso a la vivienda, a las que ponen en contacto con servicios sociales.

"Con estas personas nosotros ya estamos trabajando para darles una alternativa habitacional", afirma el concejal. En el mandato anterior impulsaron el "primer parque público de la historia" en el municipio con cerca de una docena de pisos sociales, la mayoría provenientes de la Sareb.

"No tenemos un problema con la ocupación, tenemos un problema con la ocupación delincuencial", matiza el concejal. En toda Catalunya hay cerca de 400.000 viviendas vacías, mayoritariamente propiedad de bancos y fondo buitre, y ante la falta de alternativas, familias y personas vulnerables se ven abocadas a la ocupación para tener un techo.

Denuncian la "criminalización" de la ocupación

Es lo que denuncian los movimientos sociales, que sitúan en la especulación inmobiliaria y los fondos buitre los problemas de la vivienda y critican la "criminalización" de la ocupación por parte de la derecha.

"El Vendrell ha sufrido mucho la crisis inmobiliaria, hay muchos grandes tenedores con pisos vacíos. Pero esta ocupación no es la que nos precupa, sino la que va acompañada de actos delictivos", insiste Soriano.

Uno de los pioneros en hablar sobre oficinas de este tipo fue el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, quien durante la campaña anunció que crearía una concejalía para hacer frente a las ocupaciones. Así lo ha hecho, y estará operativa a finales de año después de que el candidato del PP arrasara en las elecciones obteniendo mayoría absoluta.

El 98% de las ocupaciones denunciadas en 2022 en Catalunya se produjeron en viviendas vacías, un total de 6.704. El resto, 159, fueron violaciones de domicilio, es decir, viviendas habitadas, ya sean primera o segunda residencia. Esto desmonta el relato, difundido por algunos sectores de derecha, que es fácil ausentarse un rato de casa y encontrarse el piso ocupado a su regreso.

Los movimientos por la vivienda, entre ellos la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y el Sindicato de Inquilinas, han criticado durante las últimas campañas el uso electoralista que se ha hecho de la ocupación.

Concretamente en Barcelona, denunciaron la criminalización de los edificios okupados en la Bonanova, donde los vecinos reconocían que los okupas no generaban ningún problema pese a la insistencia de PP, Ciutadans y Valents en convocar manifestaciones que terminaron en una gran movilización de Desokupa.

Los colectivos apuntan que "si se ha demonizado la ocupación es porque constituye un ataque directo a la propiedad privada y a la impunidad de quien mantiene viviendas vacías en medio de una crisis de la vivienda".

En Barcelona, descenso de un 22% de las ocupaciones

La exconcejala de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona Lucia Martín señalaba a Público que los programas de oficinas antiocupación son "una cortina de humo que desvía el foco de donde está el problema en realidad". La ocupación afecta al 0,16% de los pisos de la capital catalana y en los últimos tres años ha caído un 22%.

"Dicen 'Catalunya lidera en ocupaciones', pero vamos, Catalunya lidera en desahucios, Catalunya lidera en subidas de alquiler... Tenemos que ir al origen del problema y ver que la ocupación es una de las pequeñas consecuencias como muchas otras que hay y lo que debemos hacer es poner soluciones", añadía Martín.