MADRID.- El concejal del Ayuntamiento de Madrid Guillermo Zapata ha declarado este viernes en el juicio que se celebra contra él por okupar el Patio Maravillas que cuando conoció la orden de desalojo ya había dejado las actividades en el espacio ya que se encontraba en el proceso de formación de la candidatura que concurriría a las elecciones municipales, si bien ha reconocido que sí participó en ese periodo en alguna actividad.

Zapata se ha sentado en el banquillo de los acusados por la presunta comisión de un delito de usurpación en la ocupación del edificio situado en el número 21 de la calle Pez por desoír las órdenes de desalojo. Además, han sido juzgados Julia A., Carlos G. y Marina R. 

Al inicio del juicio, el abogado del propietario ha anunciado que retiraba la acusación y ha abandonado la sala. En su escrito, pedían que los procesados le pagaran 18.000 euros. El edil madrileño denunció a través de su cuenta de Facebook que había conocido la acusación a menos de un mes de que los hechos fueran prescritos. Tras conocer que se iba a interponer una denuncia, acudió de forma voluntaria al juez para explicar los hechos.

El fiscal solicita una multa de 1.800 euros a los cuatro acusados. La Fiscalía considera a los procesados autores de un delito de usurpación de inmueble, contemplado en el artículo 245.2 del Código Penal. Se interesa una multa de seis meses con una cuota diaria de diez euros.

Talleres de guión

En su declaración, el edil madrileño ha relatado que participaba de las actividades del Patio, donde solía dirigir unos talleres de guión, y ha explicado que él no participaba en la elaboración de la agenda de actividades. Sobre la estructura del centro, ha explicado que no había miembros fijos de dirección, sino que se proponían actividades y si había hueco se realizaban. Sin embargo, ha indicado después de que se le mostraran unos documentos que sí ejerció de representante en una de las asambleas organizadas en el espacio.

La fiscal le ha preguntado sobre las órdenes del desalojo realizadas por el propietario, a lo que éste ha manifestado que del primer requerimiento notarial, de septiembre de 2014, no tuvo conocimiento. En esas fechas, el nuevo propietario acudió al lugar a por las llaves y no puedo entrar.

Al respecto, Zapata no ha querido aclarar si ese día, el 15 de septiembre de 2014, estaba asomado al balcón del Patio, remitiéndose en varias ocasiones a lo ya manifestado ante el juez. Se ha limitado a decir que se realizaba "una defensa política de las actividades" del centro.

Sí que ha reconocido que estuvo presente en una concentración pacífica que se realizó en el exterior del espacio, una protesta de la que no recuerda que estuviera presenta las Fuerzas de Seguridad del Estado.

"A partir de principios de 2015, yo dejé de ir al espacio porque estábamos organizando una candidatura municipal y eso ocupaba todo mi tiempo. Posteriormente, el abogado nos indicó que había una orden de desalojo", ha señalado.

Tras ello, ha insistido a preguntas de la fiscal que no sabía las intenciones que tenía el propietario para hacer con el edificio. "Yo quise explicar al juez las actividades del Patio", ha dicho en alusión a cuando acudió de forma voluntaria al juzgado.

Acusación fiscal

En el escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press, el fiscal relata que el inmueble citado fue okupado desde 2010 por diversos grupos de personas que acudían al lugar para organizar diversas actividades organizadas por asociaciones. De este modo, los simpatizantes de estos grupos han venido usando el edificio para realizar sus actividades, "algunas abiertas al público a pesar de carácter de título alguno para ello y de haber sido requeridos por la propietaria para el desalojo en diversas ocasiones".

Así, el 4 de febrero de 2014 se les otorgó el plazo de diez días para que abandonaran el lugar, poniendo en su conocimiento expresamente la posible comisión de un delito de usurpación. Los acusados desatendieron la solicitud de desalojo. La propietaria realizó un nuevo requerimiento el 15 de septiembre de 2014, dando a los ocupantes un mes para que se fueran. El 19 de febrero de 2015, se dictó un auto en este procedimiento acordando el desalojo del inmueble en el plazo de un mes.

Los acusados, que ejercían como representantes del autodenominado 'Asamblea del espacio polivalente autogestionado Patio Maravillas', desatendieron los reiterados requerimientos de la propiedad.