José Luis Ábalos es el absoluto protagonista en el PSOE durante los últimos días. El exministro de Transportes y exsecretario de Organización de los socialistas vive una situación más que complicada. Su partido le ha exigido que deje el acta de diputado en el Congreso por "responsabilidad política" en la trama de comisiones organizada presuntamente por su exasesor Koldo García Izaguirre.

El plazo otorgado por Ferraz, de 24 horas, concluye este martes por la mañana. El propio Ábalos ya ha reconocido que meditará su decisión y la comunicará dentro de ese margen temporal. Pero, ¿qué pasa si no deja su escaño? En la dirección del partido que lidera Pedro Sánchez se conjuraron este lunes para no adelantar acontecimientos. Prefieren que sea el todavía diputado socialista quien se pronuncie primero de forma definitiva. 

A partir de ahí, en Ferraz solo conceden que si Ábalos no dimite, la Comisión Ejecutiva Federal "iniciará el siguiente paso, un proceso". La dirección socialista ha tomado una decisión que solo podría desembocar, si no hay dimisión, en la apertura de un expediente de expulsión del grupo parlamentario en el Congreso. El acta es personal, así que no podrían de ninguna manera impedir que Ábalos se mantuviera como diputado. Pero su destino sería el Grupo Mixto. 

Es una hipotética situación que en las filas del PSOE quieren evitar a toda costa. Primero, por la incomodidad manifiesta que supondría obligar a Ábalos a un destierro forzado de manera burocrática. Segundo, por los mismo trámites formales en sí, ya que el PSOE hace gala de ser una fuerza política "garantista" con sus militantes y dirigentes. En un momento dado Ábalos podría recurrir la expulsión y mantener "vivo" el asunto en los focos políticos y mediáticos. 

Los dirigentes socialistas no quieren hacer conjeturas con esta hipótesis. La mayoría de voces consultadas por Público confían en que Ábalos asumirá la responsabilidad y dimitirá. Otras voces no lo ven tan claro y apuntan a un posible atrincheramiento.

En la decisión que pueda o no tomar Ábalos hay un punto clave: el aforamiento. Si perdiera su condición de diputado, ya no tendría esa condición de blindaje judicial ante posibles investigaciones. El exministro no está, en todo caso, señalado en el proceso abierto contra García Izaguirre y otras personas. 

Mientras tanto, Ábalos tuvo este lunes un gesto al dimitir de la presidencia de la Comisión de Interior en el Congreso. El exnúmero tres del PSOE denuncia además la actitud de algunos medios de comunicación que están tratando de indagar en su vida personal. Y se queja de las consecuencias en ese aspecto que está teniendo el caso. 

Durante los últimos días, Ábalos se ha defendido. "Yo no he hecho nada", dijo el pasado viernes a este medio. En posteriores declaraciones a otros medios abrió la puerta a renunciar si su partido se lo pedía. La comunicación ya la tiene de manera formal pero Ábalos no ha aclarado su posición todavía. Del mismo modo apunta a que no hay negociación abierta con Ferraz. 

"No tiene sentido que siga. Debería ser consecuente y hacer lo que dijo que haría si se lo pedía su partido", señalan fuentes de la dirección. La estrategia del PSOE, en estos momentos, es apelar a la "responsabilidad" de Ábalos con su partido. Más tras haber sido una persona muy relevante y garante de la "ortodoxia" socialista, como apuntó la portavoz socialista Esther Peña en rueda de prensa. "No es una persona cualquiera, uno sabe cuándo se tiene que ir. Así es la política. A una persona como Ábalos no hace falta decirle esto, él lo sabe", apuntan fuentes socialistas.  

La presión del PSOE hacia Ábalos ha sido creciente hasta la reunión de la Ejecutiva de este lunes. En primer lugar, la vicesecretaria general de los socialistas, María Jesús Montero, preparó el terreno. "Yo sé lo que yo haría", dijo públicamente sobre la situación de Ábalos. Luego, el propio Sánchez prometió que lucharía "de forma implacable" contra la corrupción "caiga quien caiga". 

Comisión de investigación y ofensiva del PP 

Por su parte, en el PP de Alberto Núñez Feijóo han decidido explotar el caso a su favor lo máximo posible. En Génova señalan ya al propio Sánchez  y también a Salvador Illa, ministro de Sanidad en aquel entonces, o los presidentes autonómicos de esos años Francina Armengol y Ángel Víctor Torres, que también contrataron con la empresa señalada en la trama. 

Para tratar de contrarrestar esa ofensiva, el PSOE anunció que registrará una comisión de investigación en el Congreso sobre los contratos de mascarillas en pandemia por parte de todas las administraciones públicas. El primer caso que quiere tratar el PSOE es el de García Izaguirre. Pero luego vendrán más y todas las miradas apuntan a los casos que han afectado a Isabel Díaz Ayuso o José Luis Martínez Almeida. 

Los populares crearán una comisión de investigación en el Senado, pero solo limitada al caso que afecta a Ábalos. En el PSOE han contestado de forma rotunda. "Borja Sémper se ha dedicado en rueda de prensa a lanzar infamias contra personas que no figuran en ninguna investigación judicial, ni periodística, en relación con este caso. Expandir el barro, ante la ausencia de nada tangible ni en el auto del juez ni en el escrito de la Fiscalía", señalan fuentes socialistas. 

Para Ferraz, el PP ha desprestigiado al Congreso y ya ha comenzado con "las excusas" para no acudir a la comisión de investigación que el PSOE va a registrar. "Este es el PP de siempre. Nula colaboración con cualquier investigación ya sea judicial o en el ámbito de la política, desprestigio de las instituciones y refugio en una mayoría absoluta para no dar ni una explicación", añaden en el PSOE.