Nació nada menos que como la solución política al problema territorial de Catalunya, pero hoy es solo una comisión desfavorecida por el calendario, enterrada entre acontecimientos políticos trascendentes y fuera del foco mediático. La Comisión para la evaluación y modernización del Estado autonómico sigue en pie y avanza sus trabajos “como puede”, según comentan fuentes del órgano.

Las pretensiones con las que irrumpió en el Congreso desbordan con mucho la realidad que viven hoy sus miembros. Fue utilizada por Pedro Sánchez como moneda de cambio con el PP para apoyar la aplicación del artículo 155 en Catalunya. El líder del PSOE respaldó la intervención del Estado, y los populares accedieron a sentarse en la comisión.

Por entonces, en octubre del pasado año, el órgano era para Sánchez la solución política que diferenciaba a los socialistas de un Gobierno del PP que se escondía “tras las togas” para afrontar la cuestión catalana. Las expectativas eran tales, que el ahora líder del Ejecutivo se marcó como objetivo que los trabajos de la comisión finalizaran en seis meses y que de la misma saliera una propuesta en firme para reformar la Constitución en septiembre.

En enero, el órgano cumplirá su primer año de vida (el doble de tiempo de lo previsto) y, según fuentes parlamentarias, el final de sus trabajos no está en ningún caso cerca. Hasta el momento, han pasado por la comisión un total de 36 ponentes, entre padres de la Constitución y expertos en diversas materias (catedráticos en Derecho Constitucional, expertos en financiación autonómica…), pero la Mesa del órgano baraja alcanzar una cifra que ronde el centenar de comparecientes.

La trascendencia de sus trabajos no es la misma que en sus inicios, y tampoco lo es la prisa. Los miembros de los grupos coinciden en que el calendario no ha favorecido en ningún caso a esta comisión. Durante cinco meses, de marzo a septiembre, hubo un parón provocado por diversas circunstancias (desde la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, hasta la moción de censura y la renovación de la dirección del PP que ello acarreó), y, según admiten estas mismas fuentes, el órgano ha tardado bastante en recuperar el ritmo, aunque su presidente, el socialista José Enrique Serrano, va a pedir que se habilite el mes de enero (inhábil para el Congreso) para adelantar los trabajos.

Un comienzo difícil

A pesar de las expectativas que pretendía generar en sus inicios, lo cierto es que arrancó cercenada. Los grupos catalanes (ERC y PDECat) se negaron a participar en la comisión, al igual que Unidos Podemos y el PNV. Solo PP, PSOE, Ciudadanos y Compromís accedieron a formar parte. Sin embargo, en marzo, los de Rivera quisieron forzar la comparecencia de socialistas que se habían mostrado críticos con Pedro Sánchez, como el exministro José Bono y el expresidente de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra, algo a lo que el PSOE se negó.

Ciudadanos abandonó la comisión, que en la actualidad se mantiene solo con la presencia de tres partidos, aunque desde la presidencia del órgano se insiste en que está representada la mayoría del Congreso (la que suman el PP y el PSOE, además de Compromís y UPN), por lo que cualquier resolución contaría con el respaldo mayoritario de la Cámara.

Sus primeros comparecientes fueron los denominados padres de la Constitución que siguen vivos: Miquel Roca, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y José Pedro Pérez Llorca. Ahora, según Serrano, los diputados están recibiendo a expertos que evalúan, desde distintos ámbitos, cómo ha funcionado el sistema constitucional en sus 40 años de vida y cuáles pueden ser las claves para reformarlo en un futuro.

Si hay algo en lo que coinciden todos los grupos es que en estas comparecencias se están escuchando “aportaciones interesantes” y, “gusten más o menos”, son “válidas” para elaborar una propuesta de reforma. Esto último, admiten las mismas fuentes, puede resultar más difícil. Cuando acaben las ponencias, los diputados debatirán y realizarán un informe de los trabajos y, si es posible, formularán una propuesta de reforma territorial que elevarán a la Comisión Constitucional. Pero para ello haría falta “un enorme consenso” político, algo que, reconocen, no se está dando en la comisión.

Torra y Rajoy podrían acudir a la comisión

A pesar de haber quedado al margen del foco mediático, la comisión territorial puede volver a la primera línea política. Tras las comparecencias de los expertos, el órgano quiere citar a los presidentes autonómicos, momento en el que podría acudir a la Cámara el president de la Generalitat, Quim Torra. Desde la presidencia del órgano se insiste en que los presidentes acudirán, pero no todos los diputados lo tienen tan claro, sobre todo teniendo en cuenta que en mayo del próximo año habrá elecciones en la mayoría de las comunidades, por lo que la solicitud de comparecencia puede pillar a muchos líderes territoriales en plena campaña.

Además de las expectativas que genera una posible comparecencia de Torra, la Mesa de la comisión quiere cerrar los trabajos con los expresidentes del Gobierno. Hasta ahora, el órgano había acordado citar a Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero, pero tras el cambio de Gobierno, también se tiene la intención de incluir a Mariano Rajoy, lo que supondría la vuelta del expresidente al Congreso tras su derrota en la moción de censura.