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La reforma del Código Penal acumula más de 6.000 firmas en contra antes de ser presentado

La Plataforma en Defensa de las Libertades Democráticas denuncia que el proyecto de Gallardón criminaliza y limita la protesta social con artículos creados expresamente para nuevas formas de manifestarse que han surgido a raíz

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La reforma del Código Penal es la siguiente en la lista de tareas del ministro de Justicia, Alberto Ruíz-Gallardón, que el pasado domingo anunció que sería llevada 'en las próximas semanas' al Consejo de Ministros después de que el Ministerio presentara en abril el anteproyecto de reforma.

Según Gallardón, esta modificación busca endurecer y mejorar la tipificación de penas por corrupción, aunque va mucho más allá de este tipo de delitos. Desde algunos sectores críticos, esta reforma busca también acabar con la protesta social que creció de forma exponencial desde el 15-M y se mantiene con las sucesivas oleadas de recortes, desempleo y pérdida de derechos laborales.

Por este motivo, la Plataforma en Defensa de las Libertades Democráticas ha entregado -tanto en el Ministerio de Justicia como al Defensor del Pueblo- más de 6.000 firmas en contra de esta reforma. Unas firmas que se enmarcan dentro de la campaña 'paremos la criminalización de la protesta social por vía del Código Penal'.

'Es un momento especialmente delicado en el que recortes sociales y recortes de las libertades son dos caras de la misma moneda', asegura Óscar López Corral, coordinador de la campaña y miembro de esta plataforma ciudadana.

Según López 'la protesta contra los recortes es fundamental, si los derechos democráticos de manifestación y expresión se recortan, la protesta se ve muy amenazada. Por eso tenemos proteger a los que están en la protesta social, que es fundamentalmente la clase trabajadora'.

'La emergencia de nuevos problemas genera nuevas formas de protesta  que, ahora, quieren convertir en hechos punibles', critican En la campaña que iniciaron antes de verano se recogen algunos de los artículos que se van a modificar y que afectan directamente a las consecuencias de participar en una manifestación o protesta. Critican sobre todo 'la creación ad hoc de nuevos tipos penales para criminalizar las nuevas formas de protesta social o la desproporción penal del hecho punitivo'.

'La emergencia de nuevos problemas genera nuevas formas de protesta social y por tanto convierten estas nuevas formas de protesta en hechos punibles y otras antiguas que no lo eran, también', afirma López. Por otra parte, la ambigüedad de los conceptos que se tipifican en el nuevo Código Penal de Gallardón supone 'que un juez pueda interpretar con un grado de flexibilidad muy grande', critica López, que sostiene que 'lo que quieren son nuevos motivos de represión a su disposición'.


El ciberactivismo o el simple apoyo a una acción expresado a través de las redes sociales puede suponer un delito según el nuevo artículo 559: 'La distribución o difusión por cualquier medio de mensajes o consignas que inciten a la comisión de un delito de alteración del orden público [...] o que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo'. 'Penalizar también la crítica política y la opinión, algo absolutamente contrario al Derecho Internacional', denuncia López.

Otro de los ejemplo de 'creación ad hoc' de hecho punibles es el artículo 560: 'actuando individualmente, o mediante la acción concurrente de otros, interrumpan el funcionamiento de los servicios de telecomunicaciones o de los medios de transporte público y alteren con ello de forma grave la prestación normal del servicio'. Algo que parece creado expresamente después de que un grupo de activistas paralizase varios trenes del metro del Madrid contra la subida del precio de este servicio. Podrá conllevar hasta dos años de cárcel.

Colectivos como la PAH han hecho de la ocupación de entidades financieras una actividad habitural en su forma de protesta, algo que no se le ha escapado a Gallardón cuando ha propuesto la reforma del artículo 557, que convertirá en delincuentes a quienes 'actuando en grupo, invadan u ocupen, contra la voluntad del titular, el domicilio de una persona jurídica pública o privada, un despacho, oficina, establecimiento o local [...] y causen con ello una perturbación relevante de su actividad normal'.

Estos son algunos de los artículos más representativos de la denunciada 'criminalización de la protesta', recuerda López, pero existen muchos otros campos de las libertades que se verán afectadas por esta reforme. 'Sabemos que las firmas no van a impedir anda, pero esto es sólo un inicio y esperamos que la reforma del Código Penal despierte a más colectivos en su contra', conluye López.

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