La legislatura del primer Gobierno de coalición de la historia reciente encara su recta final tras superar el ecuador de un ciclo político convulso y con pocos precedentes. La pandemia del coronavirus, el volcán de La Palma o la invasión de Rusia a Ucrania han desviado de manera inevitable el rumbo que el Ejecutivo se marcó a finales de 2019, basado en una hoja de ruta que no preveía ninguno de estos acontecimientos.

La garantía de la unidad de este Gobierno, conformado por dos espacios políticos distintos, ha residido desde el principio en el acuerdo de coalición rubricado por Pedro Sánchez y por Pablo Iglesias a finales de 2019. Este documento sienta las bases de la orientación política del Ejecutivo a través de una serie de compromisos basados en medidas concretas que ambos partidos se comprometieron a impulsar.

Una vez superado el ecuador de la legislatura, muchos de estos compromisos se han cumplido. Este es el caso de grandes reformas como la laboral o la de las pensiones (dos de las grandes piedras angulares del acuerdo, y dos de las medidas que más dificultades afrontaron, ya que no solo precisaban de un acuerdo del Gobierno y de una mayoría parlamentaria que los sustentara, sino también de un respaldo de patronales y sindicatos).

Otros, sin embargo, aún no han visto la luz. El desarrollo, los tiempos y las circunstancias de cada compromiso es distinto, pero todos comparten el hecho de que son las últimas medidas pendientes del Gobierno de coalición en esta legislatura. 

Uno de los que se anticipa más problemática es la reforma fiscal. El PSOE y Unidas Podemos acordaron una serie de cambios tributarios en el acuerdo de coalición y, de hecho, ya se han aprobado algunos durante la legislatura (como la creación de las tasas Google y Tobin, o el mínimo del 15% para las grandes corporaciones en el Impuesto de Sociedades). No obstante, falta por abordar una gran reforma que permita avanzar hacia una tributación más progresiva.

Unidas Podemos planteó al socio mayoritario del Ejecutivo abordar esta cuestión en el marco de los Presupuestos Generales de 2022, pero finalmente esta negociación se saldó con algunos cambios en impuestos muy concretos. El espacio confederal ha vuelto a plantear la necesidad de abordar una reforma estructural y de calado en este sentido, instaurando impuestos a las grandes fortunas, a las empresas eléctricas o a la vivienda vacía entre otros.

Por su parte, el ala socialista del Gobierno se remitió durante meses a la entrega de un informe de expertos encargado por el Ministerio de Hacienda para valorar cómo abordar la reforma fiscal. El estallido de la guerra ha dejado en espera este asunto. Fuentes del departamento que lidera María Jesús Montero explican a Público que el informe ha quedado en stand by debido a las circunstancias de la guerra, una inflación alta y un problema energético de primer nivel. 

"Ahora mismo la prioridad es atajar estos problemas. Hacer un plan de choque frente a esta crisis", afirman en Moncloa. ¿Significa esto que ese informe es papel mojado? "No", responden de forma tajante en Hacienda. Pero sí señalan que el documento se basaba en una reforma estructural, pausada y con vistas a futuro. "Se retomará, pero tenemos que esperar. Hay que cambiar la casa, pero si hay una inundación, primero habrá que achicar el agua", ejemplifican en el Gobierno. 

Negociaciones en el Congreso

Tampoco termina de llegar a buen puerto la reforma de la ley mordaza. En este caso, el desarrollo de la norma no atañe solo al PSOE y a Unidas Podemos, sino que su desarrollo legislativo se trabaja en el Congreso junto a formaciones como ERC, el PNV o EH Bildu. De hecho, el texto que sirve como base a los trabajos parlamentarios fue propuesto por el Grupo Vasco.

En Unidas Podemos están a la espera de que los socialistas acepten un acuerdo definitivo que cumpla con los compromisos del acuerdo de coalición y que pueda obtener un respaldo mayoritario de las Cortes. La negociación se desarrolla en varios niveles y en ella participan tanto los grupos parlamentarios como departamentos como Justicia e Interior.

Un punto relevante en esta negociación es el acuerdo con ERC. Desde el grupo parlamentario socialista reconocen a este medio que el asunto "no está siendo fácil" pero que hay voluntad de llegar a un acuerdo. Los socialistas conocen ya las propuestas de los republicanos catalanes, que fueron filtradas esta semana a El País. "Queremos cumplir los plazos", apuntan desde el PSOE. 

La ley de vivienda fue el principal quebradero de cabeza del Ejecutivo de coalición durante el 2021 (más allá de la gestión de la pandemia del coronavirus). Sufrió innumerables retrasos y vio incumplidos los plazos previstos en multitud de ocasiones a raíz de las discrepancias entre el PSOE y Unidas Podemos en materia de regulación de los alquileres.

Aunque finalmente hubo un acuerdo en el seno del Gobierno y se remitió el proyecto de ley a las Cortes, no se prevé una tramitación parlamentaria fácil. Unidas Podemos y buena parte de las formaciones del bloque de la investidura quieren modificar algunos aspectos de la norma para, por ejemplo, garantizar que se puedan bajar los alquileres en las denominadas zonas de mercado tensionado o para frenar los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional.

Fuentes del PSOE consideran que en esta última ley será más fácil llegar a un acuerdo con el resto de los grupos pese a las enmiendas registradas por UP. "Lo importante es que hay voluntad", insisten en el grupo parlamentario mayoritario. Por otra parte, también apuntan al buen avance de las negociaciones para la futura Ley Audiovisual. 

La ley de familias, que elabora el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, todavía no ha visto la luz. Ambas formaciones del Ejecutivo han pactado el texto de la norma, pero la parte económica de la misma (en la que se incluye la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad y la denominada renta por crianza para madres que no tienen trabajo) todavía no se ha cerrado.

Tampoco ha logrado ver la luz todavía la denominada ley trans elaborada por el Ministerio de Igualdad. Tras ser aprobada en Consejo de Ministros en junio del pasado año, en la actualidad está a la espera del informe que tiene que emitir el Consejo General del Poder Judicial (que no es vinculante, pero sí necesario para continuar con su desarrollo legislativo). Esta norma ha sufrido varios retrasos desde su aprobación.