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Las seis calles franquistas que quedan en Madrid y que PP y Vox se niegan a retirar

La Plataforma de Calles Dignas de Madrid entrega un informe al secretario de Estado de Memoria Democrática para que las incluya en el catálogo de símbolos y elementos franquistas.

Tres mujeres muestran pancartas en las que figura una placa para la Calle Maestra Justa Freire, en una manifestación para que su nombre vuelva a la que hoy es la calle General Millán-Astray.
Tres mujeres muestran pancartas en las que figura una placa para la Calle Maestra Justa Freire, en una manifestación para que su nombre vuelva a la que hoy es la calle General Millán-Astray. Ricardo Rubio / Europa Press

Hace un mes las derechas del Ayuntamiento de Madrid impidieron que se aprobara la recuperación de los nombres democráticos de las seis calles que el alcalde José Luis Martínez-Almeida devolvió a sus denominaciones fascistas. PP, Cs y Vox unieron sus votos para echar por tierra una iniciativa de la Plataforma de Calles Dignas de Madrid y presentada por PSOE y Más Madrid.

Las seis calles en cuestión son General Millán-Astray por Maestra Justa Freire, Hermanos García Noblejas por Institución Libre de Enseñanza, Caídos de la División Azul por Memorial 11 de marzo de 2004, Crucero Baleares por Barco Sinaia, la glorieta de Cirilo Martín Martín por Ramón Gaya y Algabeño por José Rizal.

La Plataforma ha presentado al secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, un informe

Ante esta situación, los colectivos vecinales, memorialistas, educativos y sindicalistas de esta Plataforma han decidido utilizar también la vía de la nueva Ley de Memoria Democrática. Según su artículo 36, se establece la creación del "Catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática" por parte de la Administración General del Estado con la colaboración de otras administraciones públicas y la ciudadanía.

Así pues, la Plataforma ha presentado al secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, un informe de estas seis vías públicas madrileñas para su incorporación, junto a todos los elementos y nombres franquistas presentes en el distrito madrileño de Latina, donde se sitúa la primera de ellas, la calle de la Maestra Justa Freire.

Si el Ayuntamiento de Madrid no cumple con la ley se expone a multas económicas y otra administración pública competente será la encargada del renombramiento de las calles

Una vez que se publique dicho catálogo por el Estado en el plazo de un año, la entidad confía en que suceda lo establecido en el primer punto del siguiente artículo de la Ley, el 37, que reza lo siguiente: "No habiéndose producido la retirada o eliminación de los elementos incluidos en el catálogo a que se refiere el artículo anterior, de manera voluntaria, la administración pública competente incoará de oficio el procedimiento para la retirada de dichos elementos".

Por tanto, si el Ayuntamiento de Madrid no cumple con la ley se expone a multas económicas y otra administración pública competente será la encargada del renombramiento de las calles de manera subsidiaria. Incluso el artículo 62, en su punto 2 letra D, abre la posibilidad de recurrir a la Justicia en caso de no efectuar lo que establece el catálogo.

La Plataforma de Calles Dignas de Madrid además anima a otros colectivos a presentar informes memorialistas a la secretaría de Estado de Memoria Democrática sobre sus respectivas localidades y territorios.

Nueva ley de Memoria Democrática

La nueva ley de Memoria Democrática entró en vigor el pasado 21 de octubre. Una de las novedades más inmediatas fue el cambio de denominación del Valle de los Caídos, que ha pasado a llamarse el Valle de Cuelgamuros. De su basílica se exhumarán los restos del fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera, de acuerdo con los deseos de sus familiares, para trasladarlo a otro recinto religioso.

Insiste el Ejecutivo en que esta nueva regulación, que da el relevo a la Ley de Memoria Histórica de 2007, refuerza el compromiso del Estado en la búsqueda de desaparecidos de la Guerra Civil y el franquismo, y abre la puerta a estudiar posibles vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y finales de 1983.

Al amparo de la nueva normativa, el Gobierno ha quintuplicado el presupuesto para abordar las labores de exhumación de víctimas de las fosas comunes hasta llegar a los 6,3 millones de euros, según ha asegurado el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez.

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