El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación en funciones, Josep Borrell, considera que Estados Unidos está actuando en relación con Venezuela "como el cowboy del oeste, diciendo 'miren que desenfundo'", cuando en la situación "no está para que nadie desenfunde" sino para encontrar "una solución pacífica, negociada y democrática".

En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, ha admitido que el grupo de contacto impulsado por España "no está en la misma longitud de onda" que Washington. El grupo, reunido el martes en Costa Rica, ha ofrecido enviar una misión política para "hacer contacto entre oposición y gobierno", porque está convencido de que la única solución son unas elecciones. "Seguiremos rechazando las presiones que bordean intervenciones militares", ha señalado.

Borrell ha reconocido que el llamamiento que inició la semana pasada el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, para que el Ejército deje caer al Gobierno de Nicolás Maduro, ha sido "un intento de golpe militar", algo que es "una obviedad que nadie puede negar". No obstante, ha añadido, fue contra un Gobierno al que "la UE y España no reconocen legitimidad" porque salió de unas elecciones que no fueron "libres ni justas".

Según ha dicho, el Gobierno español tuvo información sobre estos movimientos, aunque "no toda ni en tiempo adecuado" y, de hecho, ha dicho desconocer si hubo negociaciones con Maduro para que dejase el poder.

Preguntado si fue un error reconocer a Guaidó como presidente interino, ha replicado que fue "consecuencia lógica" de no reconocer el nuevo mandato de Maduro, porque Guaidó se proclamó en función de una interpretación de la Constitución venezolana. Además, ha recalcado que es presidente "interino", para convocar elecciones.

Otra cosa, ha proseguido, es que Guaidó no ha logrado el control de la Administración ni del Ejército y sigue habiendo un "gobierno de facto" y "en política internacional los gobiernos de facto cuentan" porque hay que trabajar "con hechos". Así, aunque ha reconocido que la situación es a veces complicada de administrar, ha justificado que se mantenga la relación con el Gobierno de Maduro y con su embajador en Madrid, Mario Isea, especialmente por la gran cantidad de españoles que viven en Venezuela y también por la presencia de empresas.

Ni Zapatero ni González representan al Gobierno

También se ha desmarcado de las manifestaciones de los expresidentes Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, porque "ni uno ni otro representan al Gobierno de España" y por tanto hablan "desde el ámbito de su responsabilidad personal".

Zapatero, que ha actuado como mediador en Venezuela, ha sido muy crítico con la posición del presidente de EEUU, Donald Trump, y a los asesores de su administración por hablar del país latinoamericano sin haberlo visitado. En unas declaraciones realizadas este martes, el expresidente reconoció que mantiene sobre Venezuela "posiciones a veces minoritarias frente a la opinión pública o publicada", pero que puede defenderlas porque ha visitado el país 37 veces desde 2015.

El ministro en funciones ha evitado responder a si le incomoda la presencia del opositor Leopoldo López en la Embajada española en Caracas y se ha limitado a insistir en que no puede pedir asilo en España desde allí porque la legislación española no lo contempla.

Tampoco ha querido hablar sobre la posibilidad de que España acoja a responsables chavistas que quieran dejar el país ni sobre la seguridad de la Embajada, alegando motivos de seguridad.

La Ley Helms-Burton, un "abuso de poder"

Borrell se ha referido a las conversaciones que mantuvo con Estados Unidos para pedirles que no aplicasen los títulos de la Ley Helms-Burton que permiten denunciar a empresas españolas en Cuba por tener negocios que afecten a bienes expropiados y utilizados después de la Revolución Cubana de 1959.

A su modo de ver, es un asunto en el que "quien va a sacar tajada son los bufetes de abogados" y también "una muestra más" de la falta de voluntad de colaborar por parte de Estados Unidos, una medida extraterritorial que, a su juicio, es "un abuso de poder".

Sobre este asunto se pronunció este martes el relator de Naciones Unidas sobre el impacto de las sanciones unilaterales en los Derechos Humanos, Idriss Jazairy, que apuntó que las diferencias políticas entre gobiernos nunca deben resolverse induciendo "desastres económicos y humanitarios" a la población, en referencia a las consecuencias de las sanciones impuestas por Estados Undios a Cuba, Venezuela e Irán.