El vicepresidente de la Junta, Juan Marín (Ciudadanos), compareció este jueves en el Parlamento de Andalucía, a petición de Adelante Andalucía, para dar explicaciones sobre el uso de las llamadas contenciones mecánicas -un eufemismo para no decir lo que es realmente: atar a una persona durante un tiempo con correas a una cama, boca abajo- para reducir a menores condenados que se pongan violentos mientras están bajo custodia de la administración, una práctica legal en España.

El pasado 1 de julio murió un chaval de 18 años, Ilyas T, de origen marroquí, en el centro de menores infractores Tierras de Oria (Almería) justo cuando un grupo de guardias le aplicaba una contención. Lo que realmente sucedió -y las posibles responsabilidades- están bajo investigación por un juzgado de Purchena. A esas pesquisas se remitió Marín, y con ello evitó dar los datos que su equipo ha recopilado sobre el caso: "Hemos elevado todos los requerimientos que ha hecho el juez de Purchena que lleva el caso para averiguar qué ha sucedido. Hay que esperar a que se conozcan los resultados de autopsia y saber cuál ha sido la causa de la muerte”, dijo el vicepresidente.

Marín rechazó que se "especule" sobre lo ocurrido y aseguró que si ha habido alguna negligencia, "esta Consejería y este consejero es el más interesado en que se resuelva como haya que hacerlo".

En los centros de menores existe lo que se llama un protocolo de contención que se aplica, en teoría, cuando se producen situaciones violentas provocadas por los internos y no hay otra manera de calmarlos. La legislación española, como leyó Marín, autoriza la sujeción mecánica de menores (así como el uso de la fuerza física, las defensas de goma y el aislamiento temporal) “para evitar actos de violencia o lesiones de los menores a sí mismos o a otras personas”, “para impedir actos de fuga”, “para impedir daños a las instalaciones” y “para contrarrestar la resistencia activa o pasiva a las instrucciones dadas por el personal”.

Los medios de contención sólo pueden ser aplicados si no existiera otro modo menos intrusivo de conseguir el mismo objetivo, por el menor tiempo posible, y el empleo de este medio debe ser proporcional al fin previsto. No puede ser utilizado como castigo encubierto.

Las llamadas contenciones mecánicas están cuestionadas por el Consejo de Europa, que ha pedido a España que las elimine de la legislación. El vicepresidente Marín, en su comparecencia de este jueves, se lavó las manos sobre el tema y manifestó que nada podía hacer desde su departamento -tiene las competencias en justicia juvenil- al respecto, porque existe una legislación estatal, una ley orgánica, que avala el uso de este tipo de técnica para reducir a menores violentos.

Sin embargo, esto no es del todo así. Obviamente, Marín no puede derogar una ley orgánica, pero su departamento sí puede elaborar instrucciones que orienten el trabajo en los centros, incluido el de Oria, en una u otra dirección. Así sucedió, de hecho en 2016, cuando la Junta, la dirección general de Justicia Juvenil y Cooperación, estableció una serie de garantía adicionales a lo previsto en la legislación estatal.

“El protocolo es el mismo para todos los centros. No hay ninguna distinción entre centros. Hay una ley orgánica que se aplica en todas las instituciones que están bajo la tutela de la Junta”, dijo Marín. El vicepresidente aseguró además que el uso de estas prácticas en los centros de menores radicados en Andalucía "es subsidiario, no es una práctica diaria".

"De acuerdo con las recomendaciones de la Dirección General, es un medio extraordinario y, dado el carácter extremo de la medida, antes de aplicarlo hay que agotar todas las posibilidades, garantizando su uso como último recurso", agregó. Sin embargo, su departamento, a quien Público solicitó los informes que podrían avalar esa afirmación, en el momento de publicación de esta información, no los había aportado.

Los últimos datos disponibles al respecto, por tanto, son los que aportó el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, organismo que documentó al menos 24 contenciones con medios mecánicos entre enero y septiembre 2016 en Tierras de Oria, además de constatar que el personal de seguridad no recibía la formación adecuada para tratar con menores condenados.

Marín, en su comparecencia, se agarró a un informe de Defensor de Pueblo Andaluz de 2018, en el que se dice que tras visitar el centro y entrevistarse con internos y miembro de personal, "no hay ningún dato relevante”. “Hacen manifestaciones muy positivas respecto al clima de convivencia en el centro y en el desempeño de la labor profesional, sin incidencias relevantes”. Sin embargo, este informe no habla de las sujeciones mecánicas que cuestiona el Defensor del Pueblo estatal y el Consejo de Europa, dos estudios que Marín obvió por completo.

Sin fiscalización real

La diputada Maribel Mora, de Adelante Andalucía, quien había pedido la comparecencia de Marín, manifestó en su intervención que la muerte del joven en el centro almeriense ha generado "muchísima alarma” y recordó que no es el primer caso. Mora dijo que ya había sucedido algo similar en 2017 en un centro de Melilla y también en Madrid en el 2011. Mora agregó que “los trabajadores hace unos años presentaron una queja al Defensor sobre las aplicaciones de contención mecánica, además de las que han elevado diferentes asociaciones”.

"La sensación que hay, a partir de las diferentes denuncias, del Defensor y del Comité, es que no hay fiscalización real de cómo se aplica en los centros de menores la contención mecánica", remachó Mora. “¿Cuántas veces se aplican las contenciones, se comunica o no al juzgado, cómo se aplica exactamente este protocolo? ¿Cuál es el seguimiento? ¿Va a eliminar esta práctica y va a formar a profesionales en otras prácticas?”, preguntó sin éxito Mora al vicepresidente.

“En el Centro de Internamiento de Menores Infractores Tierras de Oria se ejecutan medidas de internamiento en cualquier régimen, incluido el cerrado. Algunos de los menores internos cumplen medida judicial por la comisión de delitos muy graves, con medidas de internamiento muy largas”, según describe el ministerio del Interior.

El centro se inauguró en 2002 y se amplió en 2004. Tiene una capacidad de 130 plazas y, en 2016, cuando acudió el Consejo de Europa, acogía a 117 menores de sexo masculino: 25 en prisión preventiva, 55 condenados y 37 bajo una medida terapéutica. Puede acoger también a adultos jóvenes hasta los 28 años si el delito fue cometido antes de que hubieran cumplido los 18.