Tres trabajadores de Airbus se enfrentan cada uno este miércoles a una pena de tres años y medio de prisión y al pago de una multa de casi 6.500 euros y de una indemnización global de más de 53.000 por los supuestos daños causados en una protesta en abril de 2021 contra el cierre de la planta de la compañía europea de construcción aeroespacial en Puerto Real (Cádiz). "Es un ataque a la clase trabajadora", dice a Público Juan Antonio Guerrero, secretario general de CGT Andalucía, sindicato al que que pertenecen los tres acusados, y trabajador también de Airbus.

Guerrero estuvo en aquella protesta, en la que participaron cientos de trabajadores y a la que se sumaron los entonces alcaldes José María González Kichi, de Cádiz, y Elena Amaya, de Puerto Real, así como varios diputados autonómicos y provinciales, para rechazar la desaparición de la planta puertorrealeña de Airbus para su unificación con la de El Puerto de Santa María. La manifestación fue convocada por el comité de empresa de la fábrica de Puerto Real y por primera vez congregó a empleados de las dos factorías que la dirección compañía aeronáutica había decidido unificar en la Bahía de Cádiz.

"Nos manifestábamos contra la pérdida de trabajo que pudiera suponer esa unificación, no contra la unificación en sí. Queríamos un plan de futuro, que se garantizase una carga de trabajo y un crecimiento", subraya el dirigente sindical.

Como en otras muchas protestas de trabajadores del metal en la bahía gaditana, aquel 14 de abril de 2021 hubo cortes de carretera, barricadas y quema de neumáticos y otros objetos. Pero en esta ocasión la fiscalía decidió intervenir con contundencia tras un atestado policial en el que se identificó únicamente a cuatro manifestantes —uno ha sido exculpado—, miembros todos del sindicato CGT: dos de ellos son pareja, con dos niñas de corta edad a su cargo, y el otro era miembro en ese momento del comité de empresa de Airbus.

En su escrito de acusación, la fiscalía refiere que los trabajadores, pese a "no contar con las debidas autorizaciones y permisos", se dirigieron a la Carretera CA-35, donde cortaron el tráfico en ambos sentidos de la vía. Posteriormente, "sirviéndose de piedras, neumáticos, ramas y diversos objetos, formaron una barricada" y, "con ánimo de ocasionar desperfectos en la vía pública", los trabajadores, entre los que se encontraban los tres acusados, prendieron fuego, ocasionando un incendio en una zona de 30 metros que ocasionó daños en la carretera valorados en 53.341 euros.

La Fiscalía atribuye a los acusados, a quienes ya se les conoce como los tres de Airbus, un delito agravado de daños, por los que solicitaba para cada uno de ellos una pena de tres años y medio de prisión y el pago de una multa de cerca de 6.500 euros. Por su parte, la Abogacía del Estado, que ejerce la acusación particular en representación de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental, dependiente del Ministerio de Transportes, reclama el pago de los daños causados en la CA-35.

Sin declaración de los policías en el juzgado

La defensa de los trabajadores procesados, que pide por contra su absolución, considera que la instrucción de este caso ha sido "un poco peculiar", tanto que el proceso judicial ha salido adelante sin una declaración válida en el juzgado de los policías que firmaron el atestado para ratificar el informe que dio origen a esta causa. Los policías declararon, pero fuera de plazo, tal como dictaminó la Audiencia Provincial de Cádiz en un auto emitido en junio de 2023 que tumbó la prórroga de la instrucción, tal como solicitaba la defensa. Según el abogado de los trabajadores, Luis Ocaña, los policías declararon en el juzgado de Puerto Real que investigaba el caso 86 días después de que hubiera expirado el tiempo máximo previsto legalmente para que se llevaran a cabo diligencias.

"Negamos los hechos tal como están relatados en la acusación. Los trabajadores procesados participaron en las movilizaciones, pero no causaron ningún daño valorado en 53.000 euros ni hicieron nada que no hiciera el resto de la plantilla convocada por el comité de empresa", explica Ocaña a Público.

Los procesados han declinado hacer declaraciones a este periódico antes del juicio que está señalado para este miércoles en el Juzgado de lo Penal 1 de Cádiz, donde ha sido convocada una concentración en solidaridad con ellos. Pero su compañero y dirigente de su sindicato Juan Antonio Guerrero ha denunciado la persecución que, a su entender, han sufrido por haber participado en una protesta laboral y sido muy activos en las asambleas de trabajadores convocadas contra el cierre de la planta de Puerto Real.

Dos de ellos, los que son pareja y tienen unas hijas de corta edad a su cargo, fueron detenidos y esposados incluso en la puerta de su casa, a la vista de todos los vecinos. "Fue muy lamentable, los metieron en un calabozo incomunicados. Y si tuvieran que entrar en prisión por la condena que les piden, sería un drama para esa familia", afirma Guerrero.

El responsable de CGT sostiene que el proceso judicial a estos trabajadores de Airbus constituye un "ataque a la clase trabajadora". "Esto —subraya— supone una persecución de los políticos, de la policía y de las patronales a la libertad de los sindicalistas. Es un aviso a navegantes, que te pueden imputar por una foto todos los supuestos daños causados en una manifestación, cuando lo que se ha hecho es defender nuestros puestos de trabajo, que es lo que se ha hecho durante años en la Bahía de Cádiz".

Antecedentes en la huelga del metal

Este no es el primer caso en el que la fiscalía solicita relevantes penas de prisión a trabajadores que han participado en protestas laborales en la Bahía gaditana. En 2024 fueron juzgados siete personas, para cada una de las cuales el ministerio público llegó a pedir tres años de prisión por los incidentes ocurridos en una de las manifestaciones de la huelga que en noviembre de 2021 paralizó durante nueve días las empresas del metal de Cádiz para exigir un nuevo convenio colectivo.

En esa ocasión, los siete manifestantes, procesados por desórdenes públicos y atentado a la autoridad, llegaron a un acuerdo con la fiscalía antes de comenzar la vista oral en la Audiencia Provincial para de esa forma evitar ir a prisión. El ministerio público les había advertido, además, de que iba a elevar de tres a cuatro años su petición de cárcel para cada uno de ellos si no había acuerdo y se celebraba el juicio.

Cinco de los acusados aceptaron una condena de un año y medio de prisión, que no conlleva la entrada en la cárcel si en el plazo de dos años no cometen ningún delito, uno fue absuelto tanto de desórdenes públicos como de atentado y otro fue condenado a un año únicamente por desórdenes.

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Los hechos por los fueron procesados esos manifestantes se produjeron entre el 22 y el 24 de noviembre de 2021, durante la huelga indefinida en un sector que es, tras el de los servicios, el más importante de la provincia de Cádiz, con cerca de 25.000 trabajadores empleados en pequeñas y medianas empresas, auxiliares y subcontratas de las compañías gigantes del sector aeronáutico y naval. Los incidentes tuvieron lugar en la barriada obrera Río San Pedro de Puerto Real, donde hubo barricadas y lanzamientos de objetos, pelotas de goma y botes de humo entre manifestantes y fuerzas antidisturbios de la Policía Nacional, que llegó a recurrir a una tanqueta para disuadir las protestas, hecho que fue duramente criticado por la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Airbus tiene previsto cerrar definitivamente dentro de un año la planta de Puerto Real en la que están empleados los tres trabajadores que van a ser juzgados este miércoles. En la factoría puertorrealeña, donde llegó a haber unos 540 trabajadores, quedan ahora cerca de 90, antes de que se lleve a cabo su unificación total con la de El Puerto de Santa María, según Juan Antonio Guerrero.

Defensa y Fiscalía han llegado este miércoles a un acuerdo para rebajar la pena a 18 meses de prisión para cada uno de los acusados, que no tendrán, por tanto, que entrar en la cárcel por ser inferior a dos años y carecer de antecedentes. Los procesados abonarán, además, la indemnización de 53.341 euros por los daños causados en la carretera con una caja de resistencia que ha recaudado su sindicato.

Este artículo ha sido actualizado con informaciones de última hora sobre el acuerdo alcanzado entre las partes horas después de su publicación.