La Fiscalía cree que no compete a la Audiencia Nacional investigar la denuncia presentada por la asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM), un lobby sionista, contra las protestas contra el equipo ciclista Israel-Premier Tech en La Vuelta.

Según han informado a este medio fuentes del Ministerio Público, los hechos denunciados "no son competencia de la Audiencia Nacional". En un informe emitido al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, la Fiscalía estima que los presuntos hechos de odio que achaca la asociación en su denuncia no están contenidos en ninguno de "los supuestos del artículo 65 de la LOPJ [Ley Orgánica del Poder judicial] ". "En consonancia con la falta de competencia, no se ha informado respecto a las medidas cautelares solicitadas en la denuncia", han añadido estas fuentes.

El juez Santiago Pedraz acordó este miércoles abrir diligencias tras la denuncia de ACOM, en la que pidió la cancelación inmediata de La Vuelta 2025 como "medida cautelar urgente tras una campaña coordinada de antisemitismo y sabotaje". Este lobby sionista achacó los delitos de odio, contra la seguridad vial, lesiones y desórdenes públicos a los promotores de las protestas contra el equipo ciclista israelí.

Si bien, la Fiscalía de la Audiencia Nacional estima que los hechos denunciados no son competencia de este tribunal al no estar incluidos en los supuestos del artículo 65 de la LOPJ. Entre ellos, se encuentran los delitos contra los miembros de la Familia Real, "altos organismos de la Nación y forma de Gobierno"; así como los relacionados con la falsificación, defraudaciones o tráfico de drogas.

ACOM considera que las protestas contra la participación del equipo ciclista Israel-Premier Tech en La Vuelta "evidencian acciones organizadas de coacción, bloqueos intencionados de la calzada y comportamientos temerarios que pusieron en serio riesgo la integridad física de deportistas, miembros de la organización, espectadores y fuerzas de seguridad".

"Estas agresiones constituyen un acto sistemático de discriminación por razón de nacionalidad y que vulnera frontalmente los principios de igualdad, neutralidad y seguridad que deben regir el deporte profesional", aseguró la organización en un comunicado, considerando además que "convertir las carreteras españolas en escenarios de acoso y linchamiento antisemita es inadmisible y tendrá consecuencias legales".

La denuncia se dirige tanto a RESCOP/BDS como a partidos políticos que "han promovido activamente la exclusión" del pelotón israelí de la competición. En concreto, la asociación pone en el punto de mira a dirigentes y formaciones políticas, como EH Bildu, Podemos, Izquierda Unida y Sumar, así como al director técnico de La Vuelta, Kiko García. También, ha anunciado que seguirán otras acciones legales contra el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, o la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.