Rodrigo Rato, ministro de Economía durante los gobiernos de José María Aznar, ha pedido al juez de Tarragona que revoque su decisión inicial y le permita personarse como acusación en la causa a Cristóbal Montoro, al concluir que el acceso por parte del exministro de Hacienda a datos fiscales que le afectaban es "palmariamente delictiva".

El titular del juzgado de instrucción número 2 de Tarragona (que investiga una supuesta trama corrupta en Hacienda en la etapa de Montoro, acusada de modificar leyes para beneficiar a empresas a cambio de dinero) ha rechazado la personación de Rato y del exdirigente de Podemos Juan Carlos Monedero, entre otros, al no ver delito en que el exministro recibiese correos de su equipo con datos fiscales de otros políticos.

En un recurso, Rodrigo Rato discrepa del juez (que sostiene que Cristóbal Montoro, debido a su cargo y funciones, estaba "plenamente autorizado" y "legitimado" para recibir este tipo de datos) y advierte de que la transmisión de información fiscal reservada al entonces ministro de Hacienda "es palmariamente delictiva".

"El acceso a dicha información está funcionalmente restringido a quienes participan en el concreto procedimiento tributario", apunta el recurso, firmado por la abogada de Rato, María Saló, del despacho Martell.

Por este motivo, Rato pide que el juez revoque su decisión inicial y le permita personarse en la causa como acusación particular, como "perjudicado" por unos hechos que considera son constitutivos de un delito de revelación de secretos.

El argumento de la abogada de Rato

"Por supuesto que un ministro de Hacienda tiene la responsabilidad política para orientar la actuación de la Agencia Tributaria y fijar las finalidades hasta en los Planes de Inspección y sus prioridades sectoriales y hasta de riesgo fiscal", admite el recurso de Rato.

Pero por el contrario, puntualiza, el ministro "no tiene facultad ni derecho a conocer en el ejercicio de sus competencias la identidad concreta del contribuyente, ni los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración Tributaria sobre su perfil fiscal".

Según Rato, el cargo de Hacienda reveló "ilegítimamente" estos datos reservados "a quien no podía conocerlos por razón de su función", ya que no estaba llamado a intervenir en el expediente tributario, por lo que el ministro accedió "ilegítimamente" al "secreto".

Otros detalles del recurso de Rato

"Ni el ministro de Hacienda, ni su jefe de Gabinete, tienen cobertura normativa habilitante para acceder al dato reservado, pues no están llamados a intervenir en el expediente tributario de un ciudadano singular, ni en fase de inspección, gestión o sanción y, en cuanto no llamados a intervenir, tienen vedado normativamente su posibilidad de acceso", apunta.

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Según el recurso, la "existencia y circulación" de este tipo de información, "fuera de los estrictos cauces legalmente previstos", supone una "vulneración de sigilo funcional y del principio de confidencialidad tributaria —secreto—" establecido en la ley tributaria y el reglamento de inspección

 "Intromisión ilegítima en la intimidad personal"  

En este sentido, insiste que el ministro de Hacienda "no tiene competencia en materia de comprobación, inspección, gestión o sanción tributaria" y sostiene que cualquier uso de los datos fiscales fuera del procedimiento "legalmente previsto" comporta una "intromisión ilegítima en la intimidad personal" y una "infracción del principio de legalidad".

"El ministro de Hacienda es el máximo responsable político del ministerio y desarrolla la acción de gobierno y la potestad reglamentaria de su departamento, pero no forma parte de ningún órgano técnico encargado de ningún procedimiento tributario concreto, como sí lo son los funcionarios competentes de la Agencia Tributaria (AEAT), custodios (garantes) del secreto", remarca el recurso.

En este sentido, subraya que los funcionarios que custodian estos datos fiscales no deben comunicarlos ni cederlos a nadie que no esté "específicamente habilitado por ley": "Y el ministro no lo está".

La Agencia Tributaria y sus "exorbitantes competencias" 

"Este estricto marco de confidencialidad y sigilo es el lógico correlato de las exorbitantes competencias que ostenta la Administración Tributaria para investigar la conducta fiscal de los ciudadanos", expone.

Según Rato, cuando Montoro recibió el correo, accedió a los datos, sin que conste que lo rechazara ni instara a perseguir penalmente a quien le hizo una "cesión ilegítima" de información reservada, por lo que podría ser, a su juicio, cooperador necesario por omisión por no haber ejercido los "deberes legales que le concernían" para evitar que se le suministrara "una información cuando era evidente que no podía recibirla legalmente".