El juez de Tarragona que investiga una supuesta trama corrupta en Hacienda en la etapa del PP, acusada de modificar leyes para beneficiar a empresas a cambio de dinero, no ve delito en que el exministro Cristóbal Montoro recibiese correos de su equipo con datos fiscales de políticos de distintos partidos.

Así lo sostiene el titular del juzgado de instrucción número 2 de Tarragona en varios autos del pasado mes de junio, en los que deniega la personación como perjudicados del exministro del PP Rodrigo Rato y del exdirigente de Podemos Juan Carlos Monedero, al concluir que Montoro estaba "plenamente autorizado" y "legitimado" para recibir este tipo de información fiscal.

En una causa que había mantenido en secreto desde 2018, el juez ha imputado a Montoro -ministro de Hacienda entre 2000 y 2004 con José María Aznar y entre 2011 y 2018 con Mariano Rajoy-, a exaltos cargos, a los socios del bufete Equipo Económico, que fundó el exministro, y a dirigentes de varias empresas fabricantes de gases industriales por los delitos de cohecho, fraude, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.

Ni revelación de secretos ni infidelidad en la custodia

Por el contrario, el juez no aprecia que en este caso se hayan producido los delitos de revelación de secretos ni de infidelidad en la custodia de documentos, por lo que rechaza las personaciones de Rato y Monedero, que habían solicitado ejercer la acusación al considerar que habían sido víctimas de la trama, ya que Montoro recibió, de su equipo, correos electrónicos con sus datos fiscales.

El juez detalla que en estos casos se trató de información transmitida por el entonces jefe de gabinete al ministro, por lo que "no existe divulgación a terceros", ya que los datos no se hicieron públicos.

De hecho, el juez recuerda que la Fiscalía, cuando revisó la documentación de la causa, ya determinó que tanto el contenido como la mera remisión de estos correos no era constitutiva de delito.

Sobre el caso de Monedero, por ejemplo, el juez subraya que de los correos no se puede extraer que se hayan producido actuaciones de inspección "carentes de causa" ni que se hayan "falseado o adulterado" datos que pudiesen afectar a su situación fiscal, sino que únicamente se informó al ministro de las actuaciones que la Agencia Tributaria estaba llevando a cabo sobre el exdirigente de Podemos.

El ministro de Hacienda "puede conocer esos datos"

"Es cierto que algunos de los correos contienen datos muy concretos, si bien, no debe olvidarse que al ministro de Hacienda le corresponde la superior dirección de la Agencia Tributaria (AEAT) y que, por tanto, puede conocer esos datos", remarca el juez.

El magistrado explica en su auto que, para que hubiese delito, los datos tendrían que ser reservados y las personas que accedieran a ellos no tendrían que estar autorizadas para hacerlo.

En este caso, argumenta, las personas que accedieron o conocieron estos datos fiscales o las actuaciones que hizo la Agencia Tributaria eran el ministro de Hacienda y su jefe de gabinete.

"Si al ministro de Hacienda le corresponde la superior dirección de la secretaria de Estado que dirige la AEAT, debemos entender que el ministro de Hacienda está plenamente autorizado para conocer del contenido de las actuaciones de la AEAT, por lo que, el hecho de que sea informado sobre tales actuaciones forma parte de las funciones que tiene atribuidas", subraya el juez.

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En este sentido, el juez admite que los datos fiscales "indudablemente tienen carácter reservado, no pueden ser objeto de público conocimiento y no cualquiera puede acceder a ellos", pero insiste en que, en este caso, "las personas que han accedido están legalmente autorizadas".

"Nos encontramos ante una toma de conocimiento, ya que a través del correo se ponen los datos en conocimiento del ministro, que se encuentra legitimado para conocerlos", agrega el juez.

En otro auto, el magistrado también rechaza la personación de un periodista, que denunció ser "víctima" de Montoro tras publicar varios artículos en los que desvelaba los negocios de Equipo Económico. El juez sostiene que con los datos disponibles en los correos de cargos del ministerio sobre su situación fiscal no se puede "deducir" que se hubiese pretendido silenciarlo para que no publicara nuevos artículos.