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"Tuvieron que pasar 45 años para que una mujer dirigiera la Fiscalía"

Carmen Tere Aguelo fue hace medio siglo la primera en ingresar en el ministerio público, un cuerpo en el que hoy dos tercios de sus miembros son fiscalas pero cuyo proceso de feminización no llega a su cúpula con esa intensidad.

Carmen Agüelo durante un acto en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza.
Carmen Aguelo durante un acto en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza. 29/06/2015. Universidad de Zaragoza

"Yo soy fiscal, pero mi madre no pudo serlo ¿Por qué? Porque lo tenía prohibido", explica Inés Herreros, miembros de la UPF (Unión Progresista de Fiscales) y vocal de la Comisión de Igualdad del Consejo Fiscal. La prohibición para acceder a la Fiscalía fue formalmente levantada en 1967, aunque no comenzaría a materializarse hasta que, tres años después, la zaragozana Carmen Tere Aguelo sería la primera mujer en aprobar la oposición y unos meses más tarde, hace ya medio siglo, el 24 de marzo de 1971, en tomar posesión de una plaza de fiscal, en este caso en el Juzgado de Distrito de Alcañiz (Teruel).

Hoy, cincuenta años después, casi dos tercios de la carrera (1.642 fiscales de 2.551) son mujeres, aunque, como ocurre en la judicatura, que tardó más de dos siglos en formar el primer tribunal íntegramente femenino en el Supremo, esa proporción se invierte en las cúpulas. "Tuvieron que pasar 45 años para que una mujer dirigiera la Fiscalía", recuerda Aguelo: Consuelo Madrigal  fue a comienzos de 2015 la primera fiscal general del Estado, cargo por el que pasaría tres años después María José Segarra y que desde febrero de 2020 ocupa Dolores Delgado

Los datos de la Fiscalía General del Estado ilustran ese desequilibrio: ese 64% de mujeres en la plantilla de la Fiscalía (81% entre los menores de 50 años) cae al 35% entre los fiscales superiores (autonómicos) y al 40% entre los jefes provinciales y en los órganos no territoriales, como el Supremo, la Audiencia Nacional y la Fiscalía General, mientras llegan al 67% en las fiscalías de área, las de mayor carga de trabajo y, al mismo tiempo, menor remuneración y proyección social del ámbito directivo. 

"Primero a la mujer se le prohibió entrar y después se primó la antigüedad", indica Herreros, para quien "partimos de una premisa que supone un abuso, y que fue legitimado a través del escalafón. La carrera fiscal y la judicial tienen una deuda pendiente. Debería haber una corrección del escalafón".

Aguelo sufrió otra de las particularidades de ese escalafón, ya que los fiscales de distrito fueron colocados en bloque por detrás de los 'de carrera’'con independencia de la fecha de acceso. Ella se retiró en el puesto 124, de 2.400.

"El fiscal no solo acusa, sino que defiende a la víctima"

La primera fiscal, que lleva seis años retirada y que es madre de una colega que ejerce en Barcelona, vivió la transformación de la Fiscalía, y también la de la sociedad española, en el casi medio siglo que formó parte de ella, un proceso en el que rechaza la existencia de un 'techo de cristal'. "No existen -dice-. Nunca los he tenido, o no por ser mujer. Nunca me sentí marginada y siempre me recibieron bien". 

"Con las leyes franquistas la mujer pasaba de la protección del padre a la del marido", explica. Aunque ella pudo bordear algunas de esas normas, como las que impedían a una mujer casada tener una cuenta bancaria a su nombre o un domicilio propio: "Cuando me casé ya tenía cuenta y dirección. Siempre he sido muy independiente", recuerda, mientras apunta que "me da mucha pena que las mujeres no hagan ahora valer sus derechos".

Aguelo pasó de los inicios en un juzgado de distrito de una pequeña ciudad, en el que los asuntos de tráfico y los pequeños robos suponían el grueso de una tarea a la que en Alcañiz, escenario del bombardeo más cruento de la guerra civil, se añadía la reconstrucción del Registro, a dirigir una de las primeras investigaciones de corrupción de los años 90, la que acabó con la condena por fraude tributario a una amiga del exalcalde zaragozano Antonio González Triviño, por la posesión de 200 millones de pesetas cuyo origen sigue siendo, al menos oficialmente, desconocido.

Luego llegaron la recuperación del jurado popular y el estallido de la violencia machista. "No acabo de entenderla. Es un problema de educación, fundamentalmente. Es terrible que en tantos años de democracia no se haya educado a la gente en el respeto al otro", sostiene. "El respeto, para ti mismo y para los demás, es tan importante para vivir en sociedad", añade.

Aguelo entiende la figura del fiscal "no solo como acusador, sino que defiende a la víctima para que sea resarcida en la medida de lo posible", una faceta fundamental en el ámbito de la violencia sexual. "Es fundamental resarcir a la víctima, que se sienta arropada", explica.

"Venimos a aportar valores y herramientas que estaban apartados"

"No perdemos nada por poner sobre la mesa el dolor y la empatía; al contrario, eso es algo que enriquece" la labor del ministerio público, anota Herreros, que mantiene que, con la incorporación de la mujer, "la labor de la Fiscalía se ha enriquecido al aportar valores que estaban fuera, y eso permite que haya un servicio público no sesgado por una mirada sino enriquecido por otra".

En este sentido, anota, "los hombres han sido tradicionalmente, por educación, receptores de unos valores, como la autoridad y el rigor, que estaban faltos de otros, como los que tienen que ver con la conciliación, la empatía, las emociones y el diálogo". "Las mujeres venimos a aportar valores y herramientas que estaban apartadas del espacio social, para unirlos", añade. 

Sin embargo, queda camino por recorrer. Por ejemplo, solo uno de los once fiscales destinados en el Tribunal Constitucional es mujer, cuando "es el órgano que debe defender el derecho a la igualdad", señala Herreros, que considera un caso de "opresión" la prohibición de acceso a la carrera hasta finales de los 60 y que Aguelo quebró en 1971.

Por su parte, Miguel Pallarés, portavoz de APIF (Asociación Progresista e Independiente de Fiscales), rechaza que la baja presencia femenina en la cúpula del ministerio público se deba a sesgo de género sino a los usos de los fiscales generales.

"No hay baremaciones ni transparencia en los nombramientos discrecionales, y no se aplican los criterios de mérito y capacidad que marca la Constitución; ni en la carrera fiscal ni en la judicial, y ni para hombres ni para mujeres", sostiene. "El acceso es completamente libre y se rige esos criterios, pero eso ya no ocurre después en los puestos de mayor nivel", añade.

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