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Casi dos millones de trabajadores aceptan jornadas parciales por obligación o por imposición

La crisis pandémica intensifica la desestructuración del mercado laboral español, que ha expulsado hacia la inactividad a medio millón de personas mientras cerca de otros dos llevan más de un año buscando empleo sin éxito o han acabado por desistir ante la imposibilidad de colocarse, en unos procesos cuyos efectos se centran en las mujeres.

Un hombre pasa por la puerta de una oficina de empleo, SEPE (antiguo INEM) horas después de conocer los datos del paro de noviembre, en Madrid (España), a 2 de diciembre de 2020.
Un hombre pasa por la puerta de una oficina de empleo, SEPE (antiguo INEM) horas después de conocer los datos del paro de noviembre, en Madrid (España), a 2 de diciembre de 2020. Europa Press

No le está sentando bien la pandemia al mercado laboral español. Ni en términos cuantitativos, como consecuencia de la crisis y pese a los efectos paliativos del escudo social, ni tampoco en los cualitativos, entre los que se incluyen desajustes y anomalías procedentes de la anterior crisis que, más que resolverse, se han ido intensificando.

Entre ellos destaca el de la parcialidad, las ocupaciones de jornada incompleta que dos tercios de quienes las desarrollan han aceptado por obligación, al impedirles el trabajo doméstico acceder a un empleo de mayor duración, o por imposición, por no haber encontrado otro empleo con una jornada completa.

Los datos de la EPA (Encuesta de Población Activa) revelan cómo 1,38 de los 2,69 millones (51,3%) de personas que trabajan con jornada parcial aceptan esa situación por no encontrar una completa, una situación a la que se añaden las más de 330.000 que lo hacen por tener que encargarse del cuidado de menores, mayores o enfermos y, también, los casi 170.000 que cogen esos empleos condicionados por obligaciones familiares o personales y una parte, al menos, de los cerca de 40.000 que lo hacen condicionados por su estado de salud y de los 332.000 del apartado de "otros motivos".

Esos grupos de trabajadores descontentos suman en torno al 70% de las personas que se ganan la vida con empleos que no llegan a ocupar las ocho horas diarias o al menos cinco de los siete de la semana. Y, también, algo más de la décima parte del total de los ocupados del país, que, incluidos los 638.200 que siguen en ERTE, era de 19,2 millones de personas a 31 de marzo.

"Las obligaciones de cuidado interfieren en el empleo de las mujeres"

La presencia de mujeres entre quienes trabajan a tiempo parcial, tanto en general como entre los grupos que lo hacen con esos condicionantes, triplica a la de los hombres, con una proporción superior al 20/1 en el apartado de los cuidados familiares. Trabajan a tiempo parcial el 22,71% de ellas y el 6,7% de ellos.

"Las obligaciones familiares de cuidado interfieren con el empleo de las mujeres", señala Elena Blasco Martín, secretaria confederal de Mujeres e Igualdad de CCOO, que llama la atención acerca de esta "barrera estructural" que "se está agravando en estos momentos de pandemia y de crisis derivada de la covid-19" y que supone "una de las debilidades del modelo productivo y de las desigualdades estructurales del mercado de trabajo, incapaz en su inercia de proporcionar empleos en igualdad de condiciones y trato a las mujeres".

La afección por género cambia en otra de las consecuencias que la crisis pandémica está provocando en el mercado laboral español, como es la expulsión por carecer de alternativas de empleo, que ha afectado a algo más de medio millón de personas desde el cierre de 2020 y que ha situado la población inactiva en 16,76 millones de personas.

Se trata del mayor volumen de población inactiva de este siglo tras el de la primavera de 2020, la del confinamiento domiciliario, cuando alcanzó un 17,58, un registro que la vuelta el empleo y los fallecimientos han reducido en 822.000 miembros mientras otras actividades, como los estudios, atraían a alrededor de 150.000 menores de 25 años.

Más de un año sin posibilidades de emplearse

El tercer, y creciente, grupo principal de damnificados por las consecuencias laborales de la crisis pandémica lo integran quienes llevan más de un año intentando acceder a un empleo, que ya son 1,66 millones de personas, 282.000 más (+20,3%) que al finalizar 2019, y a los que se añaden los 227.000 que han tirado la toalla y han pasado a engrosar la población inactiva al considerar que no van a poder volver a colocarse, cuando menos a corto plazo.

Más de dos tercios (158.000) de los integrantes de este último grupo superan los 45 años; y, de ellos, algo más del 60% (103.000) son mujeres. Esa presencia femenina se reduce apenas tres puntos entre los parados de larga duración, entre los que la proporción es de 948.000 por 722.000.

"Las mujeres van quedándose estancadas con respecto a los hombres en el desempleo, y esa situación se va cronificando", indica Blasco, que considera que "el acceso y la participación desigual de las mujeres en el mercado laboral español es algo estructural, y que se vio agravado por el impacto de la reforma y por la destrucción de empleo que generó".

"Las desempleadas registradas superan en número a los desempleados registrados en todas las provincias y en todas las comunidades", destaca, mientras recuerda cómo "las llamadas estadísticamente labores del hogar suponen una barrera para la actividad de las mujeres" y cómo buena parte de las restricciones de la actividad por la pandemia se han centrado en sectores feminizados como el turismo y la hostelería, "con lo que quienes tenían empleos discontinuos o temporales han podido verse afectadas y no tener acceso a esos empleos. Una vez más, las mujeres, las trabajadoras se ven más afectadas por los efectos económicos y laborales de la crisis".

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