MADRID/SEVILLA.- La Audiencia Provincial de Sevilla han propinado un varapalo a Mercedes Alaya, la exinstructora del caso ERE, al anular las fianzas por responsabilidad civil impuestas a siete imputados en dicha causa ya que fueron calculadas "a un tanto alzado" y, por lo tanto, se desvincularon de su finalidad: reparar el daño causado.

Así figura en un auto dictado por la sección séptima de la Audiencia, la misma sección a la que se ha incorporado la jueza Alaya por concurso, después de dejar el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla.

La sección séptima es la encargada de resolver los recursos del caso ERE, entre otros. Y en un auto ha estimado los recursos interpuestos por la cúpula de la agencia IDEA, el órgano de la administración que firmó todos los pagos de las ayudas sociolaborales supuestamente irregulares que se investigan en el caso ERE.

En el auto, los magistrados Juan Romeo Laguna (ponente), Esperanza Jiménez Mantecón y Ángeles Sáez Elegido analizan los recursos presentados por los vocales del Consejo Rector de IFA/IDEA y resuelven que Alaya fijó las distintas fianzas "a un tanto alzado" y dispuso que se impusiera a cada uno de los vocales "una fianza de 20.000 euros para los supuestos en los que votaron favorablemente convenios y 7.000 euros para los casos en que delegaron el voto en las sesiones que no asistieron y el delegado votó a favor de su aprobación".

"Decimos que se fija la cantidad de una manera alzada" pues "la cuantía concreta de ayudas de cada uno de los convenios aprobados en las distintas sesiones del Consejo Rector es diferente", dice la Audiencia. Los magistrados aseveran en varias ocasiones que "la fijación a un tanto alzado desvincula la medida cautelar real de su finalidad, que no es otra que asegurar la reparación del daño causado con la presunta conducta delictiva en la que haya participado cada imputado".

Fianzas anuladas

La Audiencia de Sevilla anula así las fianzas de responsabilidad civil impuestas al exconsejero de Innovación Martín Soler (de 4.070.633,08 euros), al ex interventor general de la Junta Manuel Gómez Martínez (caución de 3.466.666,67 euros), así como las impuestas al exsecretario general de Hacienda y exviceconsejero de Economía y Hacienda José de Haro Bailón (1.995.000 euros) y a cuatro miembros del Consejo Rector de la agencia IDEA: Braulio Medel, expresidente de Unicaja (482.790 euros), José Domínguez Abascal (159.600 euros), Isabel de Haro Aramberri (secretaria general de Desarrollo Industrial y Energético, con una fianza civil de 339.150 euros) y Francisco del Río Muñoz (exjefe del gabinete jurídico de la Junta, con1.607.970 euros).

También estima parcialmente el recurso interpuesto por el ex director general de IDEA Antonio Valverde, al que rebaja de 970.001 euros a 889.355,93 euros la fianza civil impuesta, y rechaza los recursos de los exresponsables de IFA/IDEA Antonio Lara, Francisco Mencía y Miguel Ángel Serrano, a quienes mantiene las fianzas civiles de 464.650,64 euros, 1.532.338,29 euros y 2.805.647,34 euros que les impuso Alaya.

La Audiencia considera que estos últimos participaron en la confección de los presupuestos de gastos de esas agencias, por lo que "se utilizaron como transferencia de financiación verdaderas subvenciones a modo de ayudas sociolaborales fuera de cualquier control, sorteando, entre otros filtros, la fiscalización previa así como su concesión sin procedimiento alguno a empresas que, incluso, en algunos casos ni habían solicitado esas ayudas".

Diligencias abiertas contra Chaves, Griñán y 50 altos cargos

Por otro lado, la actual instructora del caso ERE, la juez María Núñez Bolaños, ha acordado abrir una pieza separada contra los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a otros 50 altos cargos.

En un auto fechado este martes, la juez señala que de los hechos reseñados pudieran ser penalmente responsables 52 personas, entre las que se encuentran todos los que fueron aforados en el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Por ello, la magistrada incoa diligencias previas para continuar la instrucción de forma separada por "la posible existencia de un delito continuado de prevaricación", por hechos relativos a la participación activa y consciente en el diseño y puesta en marcha del denominado procedimiento específico.

Por este procedimiento, como recoge el auto, "se inició la implantación del sistema de transferencias de financiación como sistema de ayudas a las empresas (subvenciones) por razones sociolaborales y por otros motivos diversos".

Ya en su anterior auto, la juez de Instrucción 6 recordó que sobre esta cuestión "ya existe un criterio sólido expresado en fechas recientes por el Tribunal Supremo no sólo en cuanto a la posibilidad de su enjuiciamiento separado sino en cuanto a la calificación jurídica de los hechos", por lo que se unirán a esta pieza separada íntegramente tanto la pieza de los aforados del TS como del TSJA.