El Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles el proyecto de ley para asegurar la protección y la asistencia a las mujeres y los menores víctimas de violencia de género y a las víctimas de trata con fines de explotación sexual en el contexto de la emergencia sanitaria por el coronavirus.

La Comisión de Igualdad ha dado el visto bueno y ha enviado al Senado el informe de la Ponencia sobre el proyecto de ley de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género, que procede del decreto del Gobierno aprobado en marzo para proteger a estas mujeres durante el confinamiento domiciliario. Todos los grupos han votado a favor -incluido el PP, que se abstuvo en marzo-, salvo Vox, que lo ha rechazado, y Bildu y ERC, que se han abstenido.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha celebrado la aprobación del proyecto de ley, una medida que considera esencial "para que muchas mujeres en situación de violencia no se sientan solas en los momentos más difíciles y sí acompañadas con los recursos públicos", según ha escrito en Twitter.

La futura ley asegurará y reforzará la atención a las víctimas mientras dure la emergencia sanitaria, más allá del estado de alarma, incluirá la protección y el seguimiento de los menores víctimas y prestará una especial atención a la vulnerabilidad de las mujeres víctimas que padezcan una doble o triple discriminación por cuestión de origen, discapacidad, edad, entorno rural u otras causas.

También promoverá la recuperación sociolaboral de las víctimas, se garantizarán las condiciones laborales de aquellas que hayan sido incluidas en un ERTE y el cumplimiento de las medidas cautelares adoptadas contra los agresores.

Estas son algunas de las novedades que los grupos parlamentarios han incluido mediante enmiendas transaccionales al decreto original de marzo, articulado para asegurar el funcionamiento de los servicios de asistencia y protección integral de las víctimas de violencia de género en el marco del estado de alarma.

Declaraba esenciales los servicios de atención a víctimas, como el 016 o los centros de emergencia y acogida, pisos tutelados y alojamientos seguros tanto para víctimas de violencia de género como de explotación sexual y trata con fines de explotación sexual.

También permitía el uso de hoteles y hostales para alojar a estas mujeres, determinaba que todos esos centros dispongan de equipos de protección individual (EPI) para sus trabajadores y garantizaba el normal funcionamiento del sistema de seguimiento telemático de los agresores.

Por último, habilitaba el mecanismo para que los ayuntamientos y las comunidades autónomas pudieran destinar la ejecución de los fondos del Pacto de Estado Para la Violencia de Género para poner en marcha las medidas específicas necesarias durante esta crisis.

Una vez tramitado en la Comisión de Igualdad como proyecto de ley, el texto garantiza el funcionamiento de estos servicios mientras duren las medidas derivadas de la emergencia sanitaria, no sólo durante el estado de alarma. "Es un mensaje alto y claro para las mujeres y los menores que sufren maltrato en mitad de esta terrible pandemia", ha declarado la diputada del PSOE Lidia Guinart.

El decreto de marzo "era insuficiente y estamos satisfechos porque con el esfuerzo de todos, con el diálogo, con el trabajo hemos mejorado el trabajo inicial", ha dicho la diputada popular Marga Prohens, quien ha destacado que el "espíritu" del Pacto de Estado sigue vivo.

Todos los grupos parlamentarios, salvo Vox, han destacado el esfuerzo de negociación, entendimiento y generosidad de todos para mejorar el proyecto de ley para proteger a las mujeres víctimas con "medidas especiales en una situación altamente especial", como ha descrito el diputado del PNV Joseba Andoni Agirretxea.

Y de la misma manera han reiterado su compromiso en la lucha contra la violencia que se ejerce contra las mujeres: "Siempre en contra de quien quiere dar pasos atrás en la lucha contra la violencia de género", ha defendido Sara Giménez (Cs), mientras que Pilar Vallugera (ERC) ha incidido en que a las mujeres se las mata y se las agrede por el hecho de ser mujeres.

"El Parlamento no está para broncas, espectáculos y mucho menos para egocentrismos. El cometido que tenemos en esta Comisión y en la del Pacto de Estado es trabajar para garantizar que todas las vidas estén libres de violencias machistas", ha resumido la diputada de Unidas Podemos, Sofía Fernández Castañón.

Desde Vox, Carla Toscano ha subrayado que su grupo no respalda el proyecto porque "atenta de forma flagrante" contra el principio de igualdad de la Constitución, ya que lo considera discriminatorio por razón de sexo, edad y orientación sexual, continuando así con su discurso negacionista sobre esta lacra. Esta diputada ha sido interpelada por la presidenta de la Comisión de Igualdad, Pilar Cancela, después de insistir en referirse a ella como "presidente".