La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que el Consejo de Ministros del próximo martes aprobará el proyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales.

En la clausura del Congreso de CCOO Industria que se celebra este jueves en Toledo, la titular de Trabajo ha explicado que el Consejo de la semana que viene verá en segunda vuelta el anteproyecto de ley y lo aprobará para que inicie así su tramitación parlamentaria.

Esta iniciativa, fruto de un acuerdo entre Trabajo y los sindicatos y del que se descolgó la patronal, será aprobada dos días antes de que CCOO y UGT salgan a la calle el Primero de Mayo para instar al Gobierno y a las fuerzas políticas a sacar adelante esta nueva jornada laboral.

La vicepresidenta segunda ha asegurado en su intervención que ésta "va a ser, seguramente, la política más difícil que nos va a tocar defender". "Nos vamos a tener que dejar la piel", ha dicho Díaz, recordando que la reducción de jornada laboral "es la medida que más desea y valora el conjunto de los españoles, voten a quien voten".

Y ha pedido ante un auditorio lleno de delegados sindicales de CCOO que "recorran el país de arriba a abajo para que el sentido común de la calle llegue al voto decisivo del Congreso de los Diputados".

Incluye la reforma del control horario

La reducción de jornada, desde las 40 horas semanales de la actualidad hasta las 37,5 horas, llevará de la mano la reforma del control horario objetivo, fiable, accesible e interoperable, un elemento clave para que se cumpla el tiempo de trabajo.

Díaz ha detallado que cuando llegó al Gobierno se realizaban más de seis millones de horas extraordinarias sin retribuir a la semana y que esta cifra se ha reducido ya a 2,5 horas, pero ha añadido que hay que seguir avanzando.

El proyecto de ley recoge también el derecho a la desconexión digital, para que se respete el descanso y la propia intimidad de los trabajadores.

Además, en el caso de incumplimiento de las obligaciones en materia de registro de jornada, la iniciativa recoge que habrá una infracción por cada persona trabajadora afectada cuando no exista registro o los datos sean falseados.

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Los incumplimientos en materia de organización y ordenación del tiempo de trabajo que generen riesgo grave para la seguridad y salud de las personas trabajadoras se calificarán como infracción muy grave y conllevarán multas de entre 1.000 y 10.000 euros.

Las empresas tendrán hasta el 31 de diciembre de 2025 para realizar las adaptaciones necesarias en sus convenios colectivos que aseguren el cumplimiento de lo previsto en la norma, en particular, lo establecido respecto a la duración de la jornada.

El anteproyecto de ley fue visto en primera vuelta en el Consejo de Ministros del 4 de febrero, tras lo que ha superado diferentes trámites, entre ellos, el del Consejo Económico y Social (CES) que, aunque reconoció su relevancia social y apostó por avanzar en ese objetivo, consideró que su impacto económico está "insuficientemente fundamentado e incompleto".