El Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat piden penas de hasta 95 y 44 años de cárcel, respectivamente, para los tres únicos procesados por los atentados del 17A por su papel en la célula terrorista, y se alinean con la Fiscalía al descartar acusarles de delitos de asesinato.

Ambas acusaciones particulares han presentado sus escritos de calificación, a los que ha tenido acceso Efe, ante la Audiencia Nacional, que el mes pasado abrió juicio contra dos de los presuntos miembros de la célula y un tercero que cooperó con ella, por los delitos de integración y de colaboración con organización terrorista, además de fabricación, tenencia y depósito de sustancias explosivas y estragos.

La Audiencia no ha procesado a ninguno de los tres investigados por las muertes y lesiones que provocaron los seis miembros de la célula fallecidos en sus ataques en las Ramblas de Barcelona y en Cambrils (Tarragona), aunque dejó abierta la puerta a que lo plantearan las acusaciones.

De acuerdo con la tesis de la sala, compartida por la Fiscalía, el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat han evitado acusar de asesinato a los tres procesados, a diferencia de las asociaciones de víctimas, como la AVT y 11M, o el Ayuntamiento de Cambrils, que piden para ellos prisión permanente revisable al considerarlos responsables de los muertos y heridos en los ataques.

De esa forma, el Ayuntamiento y la Generalitat ciñen el papel de los procesados Mohamed Houli Chemlal —superviviente de la explosión en el chalé de Alcanar (Tarragona)— y Driss Oukabir —a cuyo nombre se alquiló la furgoneta utilizada en Las Ramblas—, a su pertenencia a la célula terrorista y a la preparación de los artefactos para atentar.

No los vinculan a la masacre que Younes Abouyaaqoub causó con su atropello masivo en las Ramblas de Barcelona, que dejó 14 cadáveres y más de un centenar de heridos, ni al ataque con machetes que otros cinco miembros de la célula perpetraron en Cambrils, acciones que improvisaron en cuestión de horas tras fallar sus planes de atentar con explosivos debido a la accidental deflagración de Alcanar.

Al tercer procesado, Said Ben Iazza, que regentaba una carnicería en Vinaròs (Castellón), le acusan de colaboración con actividades de organización terrorista por haber prestado a la célula una furgoneta frigorífica en la que transportar el peróxido de hidrógeno que precisaban para fabricar los precursores de los explosivos, así como la documentación necesaria para adquirirlo.

Piden penas de hasta 95 y 44 años de cárcel

En sus escritos, los servicios jurídicos de la Generalitat, en representación de los mossos heridos en los ataques, piden 44 años para Houli y Oukabir por los delitos de pertenencia a organización terrorista; tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos, conspiración para cometer estragos y lesiones por imprudencia grave.

En nombre de los bomberos heridos en la segunda explosión de Alcanar -que ocurrió ya el 17 de agosto, mismo día de los atentados, durante las labores de desescombro en el chalé que horas antes había saltado por los aires-, solicitan penas que suman 41 años de cárcel para los dos presuntos miembros de la célula terrorista.

El Ayuntamiento de Barcelona, por su parte, eleva las penas de esos dos procesados a 95 y 90 años de cárcel, respectivamente, al imputarles también las lesiones que causaron a 27 personas que resultaron heridas en la explosión de Alcanar y la posterior deflagración ocurrida durante el desescombro.

Para Ben Iazza, tanto la Generalitat como el Ayuntamiento solicitan una pena de ocho años de prisión, cinco de libertad vigilada y multas por un delito de colaboración con organización terrorista.

Además de las penas de prisión, la Generalitat solicita que los acusados indemnicen a los bomberos y a los mossos por "las lesiones físicas y psíquicas" y las secuelas sufridas, mientras que el Ayuntamiento de Barcelona pide ser resarcido por los daños materiales causados por los ataques en la ciudad, de acuerdo con la cantidad que se fije en sentencia.

Cambrils pide penas que superan los 2.000 años de cárcel

El Ayuntamiento de Cambrils, por su parte, acusa a Houli y Oukabir de 15 delitos de asesinato y otros 142 en grado de tentativa —además de organización terrorista, fabricación de explosivos y estragos—, por lo que les pide prisión permanente revisable y penas que superan los 2.000 años de cárcel.

También solicita que ambos procesados indemnicen con 20.091 euros al ayuntamiento por los desperfectos que causaron los cinco terroristas que atentaron en Cambrils.

Asociaciones de víctimas pide el máximo castigo penal

En un escrito de conclusiones provisionales presentado el pasado 30 de julio y al que ha tenido acceso Efe, la Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo pide el máximo castigo penal para Driss Oukabir y Mohamed Houli Chemlal, como también hizo la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).

Ambas quieren que se les condene a prisión permanente por 15 presuntos delitos de asesinato terrorista, un tipo penal por el que la Fiscalía no les acusa ni fueron procesados, ya que los presuntos autores materiales murieron, si bien la Audiencia Nacional abrió la puerta a que las partes pudiesen acusar por él.

Además de pedir pena de prisión, ambas solicitan largas condenas que superan ampliamente los 2.000 años de cárcel para ellos por su presunta participación en los atentados en Las Ramblas y el paseo marítimo de Cambrils (Tarragona), de los que el lunes se cumplen 3 años y en los que murieron 16 personas y 140 resultaron heridas.

Para el tercer acusado, Said Ben Iazza, la AVT pide 25 años de prisión por presunta colaboración con organización terrorista y depósito de explosivos, mientras que la Asociación 11-M reclama 30 años para él al acusarle también por estragos imprudentes y lesiones.

La Físcalía pide entre 8 y 41 años de prisión

La Fiscalía, por su parte, solicita para los tres penas de entre 8 y 41 años de prisión por presuntos delitos de integración en organización terrorista, fabricación, tenencia y depósito de sustancias explosivas; y conspiración para el delito de estragos terroristas por los planes que tenían de atentar contra la Sagrada Familia, pero no incluye el delito de asesinato.

En un comunicado, la Asociación 11-M discrepa "abiertamente "con el criterio "de la Fiscalía y mantiene que "existe prueba de cargo suficiente para sostener la condena de al menos dos de los acusados por tales atentados, ya sea en concepto de autores, cooperadores necesarios o cómplices".

Pide en el juicio un "debate completo" sobre todo lo ocurrido y que "se dé satisfacción" a las víctimas.