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El 30% de los pacientes satura las Urgencias para aliviar sus enfermedades leves a falta de cita con el médico

El Barómetro Sanitario de 2023 revela que las enormes listas de espera y el colapso de la Atención Primaria provocan que a los enfermos no les quede más remedio que abusar de estos servicios.

Varias personas marchan en la manifestación convocada por entidades sociales, profesionales de la sanidad y organizaciones sindicales por la defensa del sistema sanitario público madrileño, a 26 de marzo de 2023, en Madrid (España).
Varias personas marchan en la manifestación por la defensa del sistema sanitario público madrileño, a 26 de marzo de 2023, en Madrid. Jesús Hellín / Europa Press

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha recopilado algunas de las impresiones de los ciudadanos sobre el delicado estado de la sanidad pública en su último Barómetro Sanitario de 2023, publicado el pasado viernes. Una encuesta que no hace sino confirmar las sospechas sobre el empeoramiento del Servicio Nacional de Salud (SNS), que han advertido en innumerables ocasiones los agentes sociales.

Así, la encuesta pone de relieve que cuatro de cada diez pacientes ya esperan hasta tres meses para ver a un especialista, mientras que la media para ser atendido en Atención Primaria por un médico de familia se eleva a algo más de nueve días en el último año.

El sondeo del CIS, realizado entre el 10 y el 28 de febrero, revela que el 11,6% de los enfermos que tienen la necesidad de consultar un "verdadero problema de salud" a su facultativo en Atención Primaria no puede hacerlo. Algo que provoca que casi el 30%, a falta de cita, recurra a las Urgencias para aliviar sus dolencias, dando lugar a los innumerables colapsos asistenciales que vienen denunciando los sanitarios.

Alrededor un 40% de los pacientes considera que, en términos generales, el tiempo de espera ha empeorado o, en su defecto, sigue igual. Y casi la mitad de los preguntados siente que la situación de saturación e inestabilidad en los centros de Primaria le está afectando.

Desde la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) han alertado de que esta coyuntura, de cuyo desenlace depende la salud de la mayoría de los usuarios, sólo podrá mejorar con una inyección sustancial de dinero, que se traduzca en nuevas contrataciones de profesionales sanitarios en los centros públicos. "Desgraciadamente, los hechos nos dan la razón, las administraciones a nivel central y autonómico deben de reflexionar y hacer un esfuerzo especial", ha expresado la organización.

Los ciudadanos encuestados piensan que "mantener el mismo médico de cabecera de forma estable" es muy importante (lo puntúan con un 9,2 sobre diez) y abogan por "aumentar las plantillas" (lo valoran con un 9,16). Asimismo, señalan que es necesario "dedicar más recursos económicos" (con un 9,05) a este área. Con todo, en líneas generales, valoran positivamente la sanidad pública y se mantiene como primera opción por encima del sistema privado.

Máximo histórico de espera para una operación no urgente

El CIS, no obstante, no es la única institución que ha dado cuenta del deterioro de la sanidad pública. Este mismo martes, el Ministerio de Sanidad hacía público un nuevo máximo histórico de pacientes en espera para ser operados, con 793.521, según los datos a 31 de diciembre de 2022, 86.781 más que hace un año.

Como es habitual, la especialidad con mayor número de enfermos es Traumatología, con 190.990 en espera, y le sigue Oftalmología, con 172.093. Mientras que la menor demanda recae en Cirugía Torácica, con 2.418, seguida de Cirugía Cardíaca, con 3.642 personas.

Por comunidades autónomas, Castilla-La Mancha y Canarias tienen el tiempo de espera más alto para las intervenciones quirúrgicas, con 157 días, por delante de Extremadura (156), Cantabria (154) y Catalunya (154). Otras regiones aparentemente menos afectadas, como Madrid, experimentan a su vez un incremento de la demanda en la sanidad privada. Es decir, que lejos de ofrecer un servicio más ágil, la saturación e inestabilidad de los centros públicos ha conducido a que aquellos ciudadanos que se lo pueden permitir se vayan a los seguros de pago.

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