Ryanair cuenta con un nuevo aliado en su pulso contra el Gobierno español. La Comisión Europea se ha posicionado a favor de las aerolíneas que cobran el equipaje de cabina al abrir un procedimiento de infracción contra España por no permitir que las aerolíneas "apliquen cargos adicionales por el transporte de ningún tipo de equipaje de mano", lo que el Ejecutivo entiende que contradice las leyes europeas. El movimiento de Bruselas coincide con el anuncio de Ryanair de recortar 1,2 millones de plazas en aeropuertos regionales españoles para el verano de 2026, una maniobra que refuerza su estrategia de presión.

Bruselas apunta que la legislación comunitaria "garantiza la libertad de las aerolíneas para fijar sus precios" y añade que, de acuerdo con una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el equipaje de mano "debe de ser, en principio, gratuito, siempre que cumpla unos requisitos razonables en cuanto a peso y dimensiones y respete las normas de seguridad aplicables. No obstante, el equipaje de mano que exceda dichos requisitos está sujeto a la libertad de precios". 

Este es un procedimiento formal y habitual que la CE pone en marcha en todos los países miembros cuando consideran que se produce una discrepancia entre la legislación de un Estado y la normativa comunitaria. Además, el comunicado de la Comisión pide a España que modifique la Ley de Navegación Aérea, la cual refleja la ilegalidad del cobro de equipaje de mano al establecer que es un derecho del pasajero incluido siempre en el precio del billete.

"Es una decisión lamentable, apresurada e innecesaria porque hay un procedimiento judicial en marcha en España. Nosotros pensamos que habría que esperar primero a escuchar la decisión de los tribunales, esperemos que la Comisión Europea lo reconsidere y permita a la justicia continuar con el debido proceso", ha apuntado Agustín Reyna, director general de la Organización Europea de Consumidores (BEUC), en declaraciones a Público.

Por su parte, el CEO de Ryanair ha asegurado este miércoles, en una rueda de prensa en Madrid, que "las multas que impuso España por el equipaje son inexplicables y las cantidades son inventadas". "Ningún gobierno puede interferir en nuestra libertad de fijar tarifas tan bajas como queramos y, si queremos cobrar por el equipaje de mano, somos libres de hacerlo", manifestó.

La declaración de la Comisión no es vinculante. El Gobierno de España cuenta con un plazo de dos meses para dar una respuesta a la solicitud de información de la Comisión. Tras ello, el procedimiento podría pasar al TJUE, que sería el órgano encargado de resolverlo, pudiendo desestimar la demanda de la Comisión si considera que no tiene base, o instar a España a cambiar su legislación.

Si bien, fuentes del Ministerio de Consumo aseguran que el expediente de la Comisión no altera las sanciones a las cinco aerolíneas low cost por parte del Gobierno de España, que siguen en curso, y que actualmente se encuentran recurridas en vía judicial. "La Comisión Europea no tiene potestad para decidir sobre la viabilidad de las sanciones o la interpretación de la normativa europea, que es competencia del TJUE", añade el departamento que dirige Pablo Bustinduy.

“El cobro del equipaje de mano supone un conflicto entre los intereses de la industria de las grandes aerolíneas, que se lucran con estas prácticas, y los derechos de los consumidores. Lamentablemente, hoy la Comisión ha decidido posicionarse del lado de los intereses de las multinacionales”, ha reaccionado Bustinduy en redes sociales.

Es "lamentable", según declaraciones del ministro remitidas a EFE, que "en este contexto geopolítico hayamos visto a la CE ser tan débil y tan blandita con los poderosos y que, sin embargo, no duden en intervenir e interferir en un proceso judicial en curso para blindar e intentar proteger los intereses de unos pocos".

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Laura Anido

El Ministerio sostiene que sus sanciones se ajustan plenamente a la legislación española y europea. Basa su posición en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 18 de septiembre de 2014 (Vueling Airlines vs. Instituto Galego de Consumo, asunto C-487/12), que determinó que el equipaje de mano es un elemento esencial del transporte de pasajeros y no puede conllevar un coste adicional, siempre que cumpla con los límites razonables de peso, tamaño y seguridad.

Esta interpretación fue respaldada por el Parlamento Europeo, que en octubre de 2023 aprobó una resolución y, en junio de 2025, reafirmó por amplia mayoría (38 votos de 42 en la Comisión de Transportes) que cobrar por el equipaje de mano es ilegal. Asimismo, en mayo de 2025, 16 asociaciones de consumidores de 12 países de la UE, incluida España, denunciaron a aerolíneas de bajo coste por aplicar tasas indebidas. Ese mismo mes, el BEUC -que agrupa a 44 asociaciones de consumidores de 31 países europeos- presentó una denuncia ante la Comisión Europea y la Red CPC para investigar estas prácticas y coordinar posibles sanciones.

La posición del comisario de Transportes

El Comisario de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, ha sido quien ha propuesto la apertura de este expediente al considerar que estas sanciones entran en conflicto con la libertad tarifaria de la Unión Europea. 

El ministro Bustinduy ya había advertido, tras reunirse con Tzitzikostas el mes pasado, de la "preocupación por la presión que está ejerciendo Ryanair en el seno de la Comisión Europea" con el objetivo de que Bruselas intervenga en las sanciones impuestas por el Ejecutivo español a Ryanair y a otras compañías de bajo coste por prácticas como el cobro del equipaje de mano. Una reunión que se llevó a cabo después de que el comisario recibiese una carta del ministro español en la que lamentaba que se reuniera antes con el consejero ejecutivo de Ryanair, Michael O'Leary, que con él.

O'Leary aseguró este miércoles, en una rueda de prensa en Madrid, que el ministro Bustinduy "debería dimitir" por su incompetencia tras la apertura del expediente por las multas impuestas a las compañías aéreas. Además, le llamó "idiota" y "payaso" en numerosas ocasiones. Unos desplantes que ya se han convertido en una estrategia habitual desde que Ryanair anunció una campaña el pasado febrero ilustrada con la imagen del ministro disfrazado de payaso.

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Público / EFE

Nuevos recortes en aeropuertos regionales

La aerolínea continúa su ofensiva contra el Gobierno y Aena con un nuevo recorte de 1,2 millones de asientos en aeropuertos regionales españoles de cara al verano de 2026, alegando las "altas tasas" que se aplican en estas instalaciones. La medida supone la eliminación total de los vuelos con origen o destino en el aeropuerto de Asturias.

Este nuevo ajuste se suma a las 800.000 plazas eliminadas el verano pasado y al millón retirado para la temporada de invierno, lo que eleva a tres millones el total de asientos suprimidos entre 2025 y 2026.

El consejero delegado de Ryanair, Michael O’Leary, ha criticado que "el sistema de tasas de Aena está roto", al considerar que las tarifas actuales penalizan a los aeropuertos regionales al igualarlas con las de grandes hubs como Madrid, Barcelona, Palma o Málaga. "Se debería recortar alrededor del 50% de las tarifas en los aeropuertos pequeños para poder potenciarlos", ha afirmado en rueda de prensa.

"No es que no sean rentables las tarifas, es que hay otros países donde son más rentables. No es que perdamos dinero, es que podemos hacer más en otros países", ha señalado.

Cabe recordar que Ryanair ha contado durante años con un respaldo constante de las arcas públicas españolas, especialmente por parte de comunidades autónomas. Según datos de El Economista, hasta 2019 la aerolínea irlandesa acumuló 236 millones de euros procedentes de diferentes administraciones para abrir y mantener rutas. Aunque la ley prohíbe financiar directamente a compañías privadas para sus operaciones aeroportuarias, se recurrió a mecanismos como contratos publicitarios y patrocinios turísticos que, en la práctica, funcionaban como ayudas encubiertas, evidenciando la complejidad y las contradicciones en la relación entre la aerolínea y el sector público.