El Consejo Interterritorial de Salud de este miércoles finalizó sin un nueva guía que facilite la coordinación entre las comunidades autónomas. Esto puede derivar  en un nuevo problema, sobre todo, a partir del próximo lunes, 9 de noviembre. Entonces las comunidades decidirán si mantienen o retiran el toque de queda, la única medida que ahora es común para todo el país.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, y la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, comparecieron tras la reunión y afirmaron que se había acordado una "estrategia nacional". Pero lo anunciado es casi lo mismo que se aprobó hace dos semanas mediante una guía: umbrales comunes, medidas recomendadas para cada fase de riesgo y evaluación de las medidas. 

Refiriéndose a esta evaluación de las medidas, el ministro Illa aplazó la toma de decisiones sobre nuevas medidas. "Necesitamos un periodo de dos o tres semanas para valorar las medidas implantadas", explicó en rueda de prensa. El tiempo para evaluar las medidas en cada comunidad es diferente. El ministro pusoo como ejemplo Catalunya y dijo que tendrán que evaluar el efecto del cierre de hostelería desde que se inició allí. No concretó fecha: dos o tres semanas es el plazo. 

Con esto, Sanidad ha descartado también los confinamientos domiciliarios. Comunidades como Euskadi, Asturias o Castilla y León han insistido en pedir a Sanidad la capacidad para poder ordenar confinamientos domiciliarios en sus territorios, pero el Gobierno central retrasa aprobar medida de momento.  Según Sanidad, en la guía con indicadores y medidas aún hay acciones que se pueden llevar a cabo para frenar la pandemia antes de llegar a lo que todos reconocen como el último recurso. Aunque el Gobierno vasco explicó tras la reunión que Sanidad les dijo que lo estudiarán.

Lo cierto es que solo Asturias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla quieren implantar los cierres domiciliarios, pero hay un consenso mucho mayor entre las comunidades sobre la importancia de tener la capacidad de ordenarlos.

Esta última es también la posición de Andalucía que ha solicitado al Gobierno central que asuma las decisiones que son de su competencia sobre el desarrollo legislativo del confinamiento, según explicó el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre.

Aunque el malestar de estas comunidades no tiene que ver solo con el rechazo de los confinamientos domiciliarios, también por la falta de medidas de obligado cumplimiento. A partir de este 9 de noviembre, los toques de queda están en manos de las comunidades. Varias de ellas temen que sigan aplicando restricciones de movilidad en el horario nocturno con datos mejores que otras. Las comunidades no quieren señalar, de momento, pero es algo que ha ocurrido en varias ocasiones con Madrid. 

Así, a los choques en torno al confinamiento domiciliario, se han sumado críticas sobre la falta de coordinación y unificación de medidas desde otros gobiernos también socialistas como es el de Castilla-La Mancha.

Ocurre lo mismo, aunque sea ya más anecdótico, con el tiempo en el que se deben aplicar las medidas durante el estado de alarma. Cuando comenzaron a aplicarse los cierres perimetrales, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Madrid se reunieron y, según entendieron las dos primeras, había un acuerdo para cerrar las comunidades durante dos semanas. En rueda de prensa los dos presidentes autonómicos se enteraron de que la intención de Isabel Díaz Ayuso era cerrar solo por días. 

La decisión de Madrid, cerrar solo durante los días de puente, no tenía cabida por el decreto del estado de alarma que establece que deben tomarse medidas, como mínimo, por siete días. El Ministerio de Sanidad permitió que cerraran solo durante el puente pasado, pero dijeron que se trataría en este Consejo Interterritorial. No hay ningún cambio. Madrid podrá seguir cerrando solo por días aunque, por lo general, se apliquen las medidas por siete días como mínimo. Según el ministro, cuando se quiera tomar una decisión así se discutirá bilateralmente y, si afecta a otras comunidades, en el conjunto del sistema. Una diferencia de Madrid respecto al resto de comunidades que no ha sido entendida por todos.