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Coronavirus Aragón veta los test privados de covid-19 y se habilita para multar a quien los haga

El Gobierno de Lambán marca la senda para centralizar la información de la pandemia en el sistema sanitario público, establece un sistema de autorizaciones previas y regula sanciones que pueden llegar a los 60.00 euros.

Gobierno de Aragón ante la investigación de la covid. / Gobierno de Aragón
Gobierno de Aragón ante la investigación de la covid. / Gobierno de Aragón

El Gobierno de Aragón ha prohibido expresamente la realización de test de detección de la covid-1 en el ámbito privado, en una decisión que abre la senda al resto de comunidades autónomas, y también al Gobierno central, para centralizar en el sistema sanitario público tanto la información sobre la pandemia como la gestión de los medios disponibles para hacerle frente.

La decisión, que supone en la práctica vetar en el territorio de la comunidad los test que hasta ahora venían efectuando empresas y ayuntamientos en sus plantillas, así como los que dispensan clínicas y consultas privadas, está vigente desde este jueves, tras su publicación en el BOA mediante una orden de la Consejería de Sanidad.

La orden establece un sistema de autorización previa para "toda entidad, organización o empresa, de naturaleza pública o privada

La orden establece un sistema de autorización previa para "toda entidad, organización o empresa, de naturaleza pública o privada, que plantee la realización o compra de pruebas diagnósticas fuera del ámbito del Sistema Público de Salud de Aragón" cuya expedición queda en manos de la consejería que dirige Pilar Ventura.

Las pruebas realizadas al margen de este cauce, añade la orden, "carecerán de cualquier efecto para el Sistema de Salud y sus resultados no serán tomados en consideración, sin perjuicio de la sanción que pueda imponerse".

Sanciones de hasta 60.000 euros

Las sanciones, según explicaron fuentes del Departamento de Sanidad, pueden llegar a 60.000 euros. La orden remite a la ley que regula el estado de alarma, la cual, a su vez, hace una genérica remisión a "lo dispuesto en las leyes", por lo que la Consejería de Sanidad considera que sería aplicable la Ley de Salud Pública autonómica, que sanciona con multas de hasta 3.000 euros para las infracciones leves y hasta 60.000 para las graves conductas como realizar actividades sin autorización o incumplir las obligaciones de información.

la Ley de Salud Pública autonómica puede sancionar con multas de hasta 3.000 euros para las infracciones leves y hasta 60.000 para las graves

No obstante, fuentes de Sanidad señalaron que el departamento espera no tener que llegar a hacer uso de esa potestad, de carácter disuasorio.

En el improbable caso de otorgar una autorización, la normativa contempla que las pruebas deberán ser realizadas en todos los casos por facultativos en ejercicio y que los análisis solo pueden efectuarlos laboratorios con habilitación nacional, además de imponer a "la entidad, organización o empresa que solicite la autorización" requisitos previos como contar con los medios necesarios para completar el proceso diagnóstico, comprometerse a realizar las pruebas complementarias necesarias y tener capacidad para "realizar el seguimiento de las personas diagnosticadas y, en su caso, de sus contactos", además de "comprometerse a notificar los casos diagnosticados".

Los precios de las pruebas y los abusos

La resolución, que recuerda que la covid-19 "se considera dentro de las enfermedades de declaración obligatoria" y urgente y que "la indicación del diagnóstico debe ser prescrita por un facultativo", pone a disposición del sistema de salud público de la comunidad "todos los centros, servicios y establecimiento sanitarios de titularidad privada de Aragón con capacidad diagnóstica (…) por si resultan necesarios para complementar a los centros públicos"

La orden también indica que la comunidad autónoma "podrá fijar los precios de las pruebas para evitar situaciones abusivas en el acceso al servicio". Hasta la fecha no se han detectado en Aragón episodios de ventas y comercialización de test, cuyo precio en territorios como Madrid llega a alcanzar los 300 euros por paciente.

Sí las estaban realizando entre sus empleados y con algunos grupos de riesgo de sus poblaciones los ayuntamientos de Zaragoza, Fuenferrada, Utrillas, Escucha y Palomar de Arroyos, los dos primeros con alcalde del PP y los tres últimos de Ciudadanos, según informó Heraldo de Aragón.

Según los datos del Gobierno de Aragón, la comunidad suma 4.411 casos de coronavirus, de los que 2.037 han requerido hospitalización y 286 el paso por la UCI, mientras que el número de fallecidos se eleva a 543 y el de altas a 1.073. Mientras tanto, el balance oficial en España es de 182.216 contagios, 19.130 muertos y 74.797 recuperados.

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