Un escudo social, un instrumento jurídico o laboral para salvar a los trabajadores y a los empresarios. Esta fueron algunas de las expresiones con las que se presentó la medida del Gobierno central que autorizaba a las empresas para presentar Expedientes de Regulación de Empleo Temporales (ERTE) para combatir el impacto económico y garantizar la protección por desempleo a raíz de la covid-19. Pero la realidad ha evidenciado las grietas del mecanismo. El alud de solicitudes ha provocado que miles de trabajadores catalanes aún no hayan cobrado las ayudas.

"Se han llenado la boca diciendo que ofrecían ayudas que en muchos casos no llegan por motivos como errores de la Administración a la hora de introducir los datos o por el colapso de las peticiones". Así explica su situación Gloria Sánchez Casero, que trabaja en una empresa de artes gráficas de Vilassar de Mar (Maresme). Sánchez lleva desde el 11 de mayo en un ERTE que finaliza el 31 de julio. Desde la declaración del estado de alarma hasta que la empresa presentó el expediente, alternaba el teletrabajo con la presencialidad.

Tras el inicio de la fase de la desescalada, la dirección de la compañía levantó el ERTE y Sánchez fue aumentando su jornada laboral. Inicialmente realizaba un 40%, y en la actualidad un 60%. Esa decisión la ha salvado, porqué aún no ha cobrado nada del dinero del expediente. "A través del gestor, los cinco empleados hemos comprobado que el ERTE está autorizado y aprobado, pero en el expediente no están nuestros nombres, por lo que por eso no cobramos. Nos comentan que, con la acumulación de casos, a lo mejor veremos algo en octubre", lamenta Sánchez.

Xavier Qui se quedó sin nómina ni escudo social durante dos meses y medio. Qui, que trabaja en el departamento de marketing de una empresa del sector ambiental de Balaguer (la Noguera), se vio afectado por un ERTE desde el pasado 18 de marzo. Hasta el mes de mayo no volvió al trabajo en la modalidad de media jornada. El pago del expediente de regulación no lo recibió hasta principios de julio. "No cobré nada durante más de dos meses y tenía que afrontar igualmente los pagos de vivienda y los gastos de alimentación. Por suerte, pude recurrir a unos pequeños ahorros que tenía", explica.

Ahora Qui vive en la incertidumbre de saber si durante el mes de agosto cobrará el ERTE por la media jornada de julio. "Al final, el importe es un 70% de la mitad del sueldo, pero tampoco tengo claro si lo recibiré", afirma. A su situación se une ahora la incógnita de cómo evolucionará el confinamiento de las comarcas del Segrià y la Noguera. Qui vive en la capital y se desplaza diariamente a Balaguer. "Mi temor es que tenga que volver al ERTE de jornada completa porque trabajo en un sector que no se considera esencial", apunta.

Los que aún no han salido del ERTE

Los casos de Gloria Sánchez y de Xavier Qui forman parte del 47% de trabajadores que, aunque de forma parcial, han logrado salir del ERTE. En Catalunya, más de la mitad aún están inmersos en uno. En total, según los cálculos aproximados de los sindicatos, todavía hay 382.000 personas. Hasta el pasado 6 de julio, no abrieron presencialmente las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el organismo encargado de gestionar las prestaciones. Durante este tiempo, los ciudadanos han denunciado el colapso de la atención telefónica y el silencio en las comunicaciones electrónicas. Las cifras que manejan UGT y CCOO –provisionales y estimativas porque el Ministerio de Trabajo no se las ha ofrecido– sitúan en 30.000 los trabajadores catalanes que no han percibido nada del expediente de regulación de empleo.

En una encuesta realizada por la patronal Pimec para valorar el impacto de la covid-19, la entidad ha detectado que un 70% de las compañías admiten retrasos de sus empleados para cobrar del SEPE. El gerente del área institucional de Pimec, Àngel Hermosilla, lamenta que "hayan tenido que ser las empresas las que avanzaran los pagos". Aunque considera que los ERTE son una herramienta útil, precisa que las tramitaciones y las resoluciones deberían ser más ágiles y efectivas para que los trabajadores perciban las prestaciones.

A pesar de la insistencia de los sindicatos ante las múltiples incidencias que han tenido, ni el SEPE ni el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), que se encarga de tramitar la demanda de empleo, son capaces de concretar la cifra de afectados. La responsable de Política Sindical de UGT Catalunya, Núria Gilgado, recuerda que "hay trabajadores que no han cobrado, algunos que han percibido cantidades erróneas y otros que han recibido la prestación cuando no deberían. Estos casos llevan a una situación de angustia y preocupación". Como ejemplo, la dirigente sindical indica que "un expediente se puede rechazar porque se ha enviado en PDF, cuando se debería presentar en Excel".

Gilgado denuncia que algunas empresas aprovechan que los ERTE se han ampliado hasta el 30 de septiembre para obligar a sus empleados a trabajar a jornada completa, mientras se ahorran una parte importante de las cotizaciones sociales. "Es una actuación fraudulenta en la que debería intervenir la Inspección de Trabajo". Aunque los ERTE han permitido salvar puestos de trabajo, Gilgado recuerda que durante la crisis de la covid-19 se han destruido 134.000 empleos en Catalunya, lo que deja “una fotografía de un mercado laboral precario y volátil que no es capaz de resistir una crisis”. La petición de UGT es que la Administración revise de forma exhaustiva los ERTE de fuerza mayor para analizar su pertinencia.

Los ERTE como excusa

Esos elementos de fraude también los ha detectado CCOO Catalunya. La secretaria de Acción Sindical, Cristina Torre, reclama que "la Inspección de Trabajo actúe". "En la reincorporación a la actividad hemos comprobado que existen empresas que contratan firmas de servicios o amplían plantillas", agrega. Torre pide recuperar la figura administrativa de supervisión de los ERTE, ya que muchos de los que se presentaron con la justificación de fuerza mayor realmente eran una simple caída de la producción. "Hay compañías del sector sanitario a las que les bajó la demanda, pero, como no se estableció un control estricto, se les ­permitió y autorizó el expediente cuando pertenecían a un sector esencial". Así, las empresas se aprovecharon de las exoneraciones a las cuotas de la Seguridad Social.

El objetivo de CCOO es que los ERTE que se aprueben a partir de ahora lo sean por causas productivas, de forma que la Administración facilite la transición hacia los ERE tradicionales, vinculados a los motivos organizativos. En ese contexto, Torre plantea la necesidad de "recuperar la vigilancia administrativa para evitar abusos". Durante la duración del expediente, el trabajador no cobra las pagas extras ni disfruta de las vacaciones ni otros complementos salariales. Igual que en la prestación por desempleo, a partir del sexto mes el pago se reduce del 70% al 50% del salario bruto.

"Un momento Keynesiano"

La figura de los ERTE, que garantiza la protección de los trabajadores que pierden su empleo de forma temporal, supone un incremento del déficit público en un escenario de mayor gasto y caída de los ingresos fiscales. Una vez se supere la fase de crisis laboral por la pandemia del coronavirus, el planteamiento pasa por aumentar los impuestos. Esta es la receta del profesor honorario de Economía del Trabajo de la Universitat Autònoma de Barcelona Albert Recio. "Estamos en un momento keynesiano de jubileo de la deuda, en el que hasta el Banco de España aconseja garantizar las rentas mínimas, pero de aquí a dos años la Unión Europea querrá cobrar la factura", advierte.

Recio pide que, para afrontar la situación, se implanten impuestos ecológicos que penalicen las emisiones, u otros que graven de forma progresiva las rentas, el IBI o la compra de productos de lujo. Mientras se concreta el acuerdo sobre los fondos de reconstrucción comunitarios, la incógnita es saber hasta cuándo la Administración deberá o podrá mantener el escudo social de los ERTE en sectores como el turismo, que tardarán en recuperarse laboralmente del impacto de la covid-19.