Organizaciones de la comunidad LGTBIQ+ han denunciado públicamente una actuación policial de la Guardia Urbana de Barcelona "totalmente desproporcionada" en un club gay de la ciudad. Según han informado diferentes testigos a entidades locales, este martes tuvo lugar una redada en un local que se encuentra en la calle Calàbria, en el Eixample, en la que participaron más de una decena de agentes. Los policías registraron a todos los clientes e inspeccionaron el local durante dos horas. El encargado del espacio afirma que no había pasado nunca algo parecido. 

Fuentes del Ayuntamiento de Barcelona han confirmado a Público que la operación efectivamente tuvo lugar y explican que consistió en una "inspección administrativa rutinaria" en el marco de las inspecciones de los locales de pública concurrencia. Algo que difiere de la versión ofrecida por Javier Rodríguez Núñez, responsable del Comissionat de Polítiques d’Infància, Adolescència, Joventut i LGTBI, que ha justificado que "se ha actuado por quejas vecinales que referían menudeo" en su cuenta de X (antes Twitter). Según el consistorio, en el local se detectaron cuatro infracciones y se detuvo a una persona por tráfico de drogas. "Durante el inicio de la inspección se personaron en el local tres agentes de la Guardia Urbana, pero tras la detención acudieron cuatro agentes más", detallan desde el Ayuntamiento. Testimonios que estaban presentes en el momento de la actuación contradicen, sin embargo, al consistorio y elevan la cifra a 13.

La comunidad LGTBIQ+, organizada en colectivos y asociaciones, viene denunciando que desde hace años muchas personas del entorno han sufrido todo tipo de redadas arbitrarias y humillaciones con la excusa de las drogas y el chemsex (fenómeno sociocultural que consiste en mantener relaciones sexuales en un ambiente de consumo de sustancias psicoactivas). Público se hizo eco de este tipo de actuaciones a mediados de febrero, en una exclusiva donde tres personas relataron su testimonio y confesaron haber vivido diferentes tipos de abusos policiales. El Movimiento Marika de Madrid también continúa monitorizando y recogiendo información al respecto.

Una actuación "desproporcionada" y "militarista"

Luis Villegas, gerente de la ONG Stop, ha expresado su preocupación en una conversación con Público. Villegas señala que esta intervención policial ha supuesto un impacto importante en la comunidad LGTBIQ+, en especial para las personas que se encontraban en el local en el momento del operativo: "Supongo que fue un impacto brutal para quienes estaban en ese momento allí, el hecho de verse rodeadas de agentes...".

Desde la ONG explican que tienen una relación estrecha con el establecimiento intervenido, ya que en ese espacio realizan labores de prevención y distribución de material informativo. Para Villegas, este tipo de operativos, sin previo aviso y con una presencia policial tan numerosa, generan una situación de vulnerabilidad extrema: "Que de pronto entren más de diez policías en un club donde se supone que se generan espacios de mucha intimidad es muy violento".

En Stop advierten que esta intervención "no es un hecho aislado" y que en los últimos meses han observado un "incremento de la presión policial en espacios frecuentados por la comunidad LGTBIQ+", en especial en zonas de cruising. "Nos hemos enterado de que este mismo fin de semana ha habido redadas en un parque público, una zona de cruising histórica en Barcelona, algo que la gente no vivía desde la transición", denuncian.

La ONG ha trasladado estas preocupaciones a diversas instancias, incluyendo los Mossos d'Esquadra, la Guardia Urbana y el Comissionat LGTBI del Ayuntamiento de Barcelona, pero, según Villegas, no han recibido respuestas claras. "Nos dicen que esto no va a ir a más… pero las redadas continúan", lamenta. El Ministerio del Interior, bajo el mando de Fernando Grande-Marlaska, también está en conocimiento de este tipo de actuaciones. De hecho, el departamento respondió en octubre de 2024 a un escrito de un activista que se dirigió personalmente al director de gabinete del ministro para informarle de dichos abusos. La respuesta, tal y como adelantó Público, consistió en instarles a que presentaran denuncian formales en los canales correspondientes. 

Desde Stop critican que la acción policial parece tener un carácter "estigmatizante". Villegas se pregunta por qué "mientras se criminalizan estos espacios de socialización de la comunidad LGTBIQ+", no se adoptan medidas similares en otros entornos. "No se van a la salida de una multinacional a vigilar a todos los ejecutivos que salen a ver cuánta cocaína llevan: ¿por qué a nosotros sí y a ellos no?".

Asimismo, denuncia que este tipo de actuaciones refuerzan la criminalización de las personas más vulnerabilizadas, como los usuarios de chemsex, un fenómeno sociocultural que, según Stop, requiere un abordaje desde la salud pública y no desde la represión policial. "Es una auténtica caza de brujas. Están penalizando el consumo, no el tráfico, de una forma escandalosa", señala Villegas. Además, afirma conocer casos de detenciones y registros injustificados, como la de un voluntario de otra entidad que fue cacheado e intimidado por la policía mientras realizaba labores de salud comunitaria: "Estamos muy enfadados. Esto no tiene ningún sentido. Si más de 0,3 gramos de metanfetamina se considera tráfico y la dosis mínima de consumo es de 0,5 a un gramo, y según estudios de Barcelona un 12% de los GBHSH (hombres gays, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres) practican chemsex con tina, ¿la policía va a detener a toda esa población?", concluye Villegas.

El Observatori Contra la LGTBIfòbia, por su parte, ha denunciado la actuación a la Oficina para la No Discriminación (OND) del Ayuntamiento de Barcelona y ha activado su protocolo contra la LGTBIfobia. También informará de la actuación policial al sindicato de Greuges de Barcelona para que valore si ha sido correcta o no.

Eugeni Rodríguez, presidente de la entidad, reclama explicaciones por parte del Gobierno municipal de Jaume Collboni (PSC), independientemente del motivo de la actuación. "Que entren a un local 13 agentes de la Guardia Urbana es absolutamente desproporcionado y militarista, que infringe el ordenamiento jurídico de cualquier Estado de Derecho y democrático como es el español. Es desproporcionado, con todo lo que conlleva de criminalización e incriminación del colectivo", ha reprochado.

Rodríguez lamenta que este tipo de "redadas arbitrarias" en bares de ambiente, "que ya se daban hace 40 años", estigmatizan este tipo de locales y las practicas que allí se desarrollan. "Hay otras formas de solucionar posibles incidencias más allá actuaciones policiales de este tipo, como hablar con las entidades, la mediación…", señala en declaraciones para este medio.

No es un caso aislado

Barcelona en Comú, el principal grupo de la oposición, también ha mostrado su preocupación por una actuación policial que consideran "sobredimensionada". Sospechan que no se trata de algo puntual, sino que formaría parte de un conjunto de actuaciones que se están dando últimamente contra este tipo de locales y prácticas concretas. Jessica González, regidora de los Comuns, ha anunciado que pedirán explicaciones al Ejecutivo municipal. "Presentaremos una pregunta por escrito para que el Gobierno responda con trasparencia. Utilizaremos todas las herramientas para esclarecer los hechos", han confirmado fuentes de Barcelona en Comú.