Entrevista a Eva Aladro, miembro de la Coordinadora de las seis plataformas de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid"El dinero que ha anunciado Ayuso para las universidades públicas no da ni para cubrir las deudas"
La catedrática analiza con 'Público' el acuerdo de financiación que firmaron el 3 de marzo los rectores de los centros y la presidencia de la Comunidad.
Madrid-
Eva Aladro es catedrática en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Lleva más de 25 años formando a futuros periodistas. Su pasión por la enseñanza es vocacional, pero su compromiso no se queda solo en las aulas. A lo largo de su trayectoria se ha involucrado en diversas luchas sociales y culturales: participó activamente en la defensa del Teatro Albéniz, que estuvo a punto de ser demolido y lograron convertirlo en Bien de Interés Cultural. También se unió a la Coordinadora de las seis plataformas de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid. ¿El motivo? La precariedad que viven los profesores universitarios. "Cada vez hay menos recursos, menos reposición de docentes, y las ayudas llegan a cuentagotas", denuncia en conversación con este diario.
Aladro trabaja mano a mano con la plataforma UCM Por la Pública. Una de sus batallas más sonadas fue la acampada en apoyo a Palestina. Ahora, concentran sus esfuerzos en la financiación universitaria. En esta entrevista con Público, la docente analiza el nuevo modelo plurianual que los rectores de las seis universidades firmaron el pasado 3 de marzo con la presidencia regional. También reflexiona sobre el crecimiento de la universidad privada y adelanta las movilizaciones que se están gestando en defensa de la educación pública.
En la Asamblea de Madrid el pasado jueves, Ayuso calificó de "histórico" el acuerdo. También aseguró que, a partir de ahora, "vienen los mejores años para la universidad pública". ¿Qué hay detrás del contraste entre este relato y la realidad presupuestaria?
Ayuso se está moviendo en términos electoralistas. Las elecciones a la presidencia de la Comunidad de Madrid serán aproximadamente dentro de un año, y este tipo de anuncios tan rimbombantes buscan más generar impacto mediático que reflejar una realidad. De hecho, la presentación del acuerdo ya muestra que es más una maniobra de imagen y marketing que algo realmente histórico. Antes la financiación de las universidades era anual; ahora se ha planteado una financiación plurianual a seis años. Ese es prácticamente el único cambio. Puede dar algo más de seguridad a las universidades, pero es relativa, porque las cantidades que se podrán percibir están limitadas y tampoco supone una gran mejora.
Pasar de presupuestos congelados a un aumento del 0,5% puede parecer histórico, pero en realidad no cambia nada
El año pasado, por estas fechas, se planteaba subir el presupuesto de las universidades apenas un 0,1%, es decir, prácticamente nada, en un contexto en el que la Comunidad de Madrid está creciendo económicamente por encima del 3%. Ante eso, los rectores se plantaron porque las universidades estaban realmente ahogadas. Tras la crisis financiera de 2008, se congelaron los presupuestos de las universidades en toda España. Sin embargo, a partir de 2010-2011, cuando comenzó la recuperación, la mayoría de comunidades fueron incrementando sus presupuestos universitarios. En la Comunidad de Madrid no ocurrió lo mismo.
Durante aproximadamente diez años, el presupuesto solo creció un 5%, mientras que la inflación aumentó alrededor de un 40%. Eso significa que las universidades han perdido una gran parte de su poder adquisitivo. Este año se plantea una financiación del 0,5%. Claro, pasar de presupuestos congelados a un aumento del 0,5% puede parecer histórico, pero en realidad es muy poco y no cambia sustancialmente la situación. Los rectores dicen que esto será un punto de partida y que la situación se irá revirtiendo, pero por ahora a mí me parece más una maniobra electoral que otra cosa.
¿Cuáles son los "equívocos" del pacto?
El gran equívoco, o la gran trampa, está en los 14.800 millones de euros que se han anunciado. Primero, esa cantidad se recibiría a lo largo de seis años. Si se divide entre esos seis años, saldría un presupuesto anual de unos 2.500 millones, que parece muy alto, casi el doble de lo actual. Pero ahí hay varios matices importantes. Aproximadamente un 30% de esa cantidad corresponde a los ingresos por matrículas que pagan los estudiantes, algo que la propia declaración de Ayuso reconoce. Es decir, ese dinero no lo pone realmente la Comunidad de Madrid, sino los ciudadanos. Además, el propio Gobierno regional ya ha anunciado que solo financiará el 83% del total. El 17% restante tendrá que salir de los recursos de las propias universidades.
Si restamos un 30% de matrículas y un 17% que deben aportar las universidades, desaparece un 47% de 14.800 millones anunciados
Si restamos ese 30% de matrículas y ese 17% que deben aportar las universidades, en realidad desaparece un 47% de la cifra anunciada. Eso significa que el presupuesto real se queda aproximadamente en la mitad de lo que se ha presentado. Por eso se puede decir que la cifra anunciada es engañosa. Es cierto que el presupuesto sube algo respecto a años anteriores, pero el aumento es muy pequeño. Estamos hablando de pasar aproximadamente del 0,4% al 0,5% del PIB. El problema es que la ley orgánica estatal y muchas otras comunidades autónomas están cerca del 1% del PIB destinado a universidades. Por ejemplo, el País Valencià aporta alrededor del 1% y Navarra también está muy cerca de ese nivel.
Madrid, siendo una de las comunidades más ricas y con mayor actividad económica, está aportando aproximadamente la mitad de lo que destinan otras comunidades, incluso menos ricas. Es falta de prioridad hacia la universidad pública. Además, en esa subida presupuestaria tampoco se tiene en cuenta el efecto de la inflación y del crecimiento económico de la región. Si el presupuesto sube un 0,5%, pero la inflación aumenta, por ejemplo, un 2%, en términos reales la mejora prácticamente desaparece.
Los rectores reconocen que la presión social y las movilizaciones han sido claves para que se produzcan estos avances
Esto ya ocurrió en el pasado. Tras la crisis de 2008, los presupuestos empezaron a subir muy ligeramente, con incrementos del 0,1% o del 0,15%. Mientras tanto, otros gastos del Estado, como las pensiones, se actualizan conforme al IPC precisamente para evitar que pierdan poder adquisitivo. Las universidades, en cambio, sí han perdido mucho poder adquisitivo. Ahora se plantea esa subida del 0,5%. Si se mantuviera durante muchos años, podría mejorar la situación, pero todavía queda mucho esfuerzo por hacer. Los rectores nos han animado a seguir movilizándonos, porque reconocen que la presión social y las movilizaciones han sido claves para que se produzcan estos avances.
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¿Por qué han cedido los rectores?
Los rectores han aceptado un acuerdo de mínimos para salir de la situación de bloqueo en la que estaban. En algunas universidades, además, el pacto supone un pequeño balón de oxígeno. Por ejemplo, la Complutense y la Rey Juan Carlos estaban ya en déficit, con cifras cercanas a los 75 millones de euros. De repente reciben unos 120 millones, lo que les permite empezar a aliviar esa situación. Ellos mismos nos decían que probablemente dentro de dos años empezarán a respirar con algo más de tranquilidad. Pero también reconocen que el proceso será lento y que antes tendrán que aplicar ajustes muy duros.
Básicamente, la situación es tan complicada que han aceptado lo que se les ofrecía para empezar a salir del hoyo. El mensaje que nos han transmitido es que hay que seguir presionando. Cuando les presentábamos los datos, reconocieron que las cifras eran correctas: admitían que la subida es pequeña. Aun así, insistían en que, aunque insuficiente, el hecho de que haya una subida ya es positivo. También hay que tener en cuenta el contexto institucional en el que se mueven. Además, los rectores son personas que en muchos casos rondan los 65 años, y que probablemente estarán jubilados dentro de cinco años. Por eso da la sensación de que, en parte, han optado por firmar el acuerdo, salir del problema inmediato y dejar que el desarrollo futuro lo gestione quien venga después.
¿Cómo ha caído el acuerdo en las facultades?
El problema principal, sobre todo en la Complutense, la Rey Juan Carlos y también en la Autónoma, es que ya existe un déficit estructural. La Complutense tiene una deuda anual de unos 35 millones de euros, la Autónoma de unos siete millones —aunque esto no se ha anunciado públicamente— y la Rey Juan Carlos de alrededor de 75 millones. Por eso el clima ahora mismo es de bastante enfado e indignación. El anuncio de financiación nos parece engañoso, porque sabemos que las cantidades reales no van a servir para cubrir esos déficits.
Mercedes Zarzalejo dijo que nos habían "chafado las pancartas". Si desde el principio se dirigen así a nosotros, va a ser difícil entenderse
De hecho, el pasado miércoles ya se planteó convocar una asamblea interuniversitaria entre todas las universidades en el plazo de una semana. Organizar algo así es bastante complejo, porque primero hay que coordinar a todas las universidades, celebrar asambleas en las facultades y después llevar las conclusiones a una asamblea general conjunta. Aun así, hay prisa por hacerlo porque pensamos que nos están tomando el pelo. Después de todas las movilizaciones que se han hecho, no se puede cerrar el tema simplemente con un acuerdo como este, que además se ha presentado de una forma bastante provocadora. Mercedes Zarzalejo —actual consejera de Educación, Ciencia y Universidades— dijo que con este acuerdo nos habían "chafado las pancartas". Es decir, que encima se lo toman con cierta sorna. Ese tono ya lo hemos criticado porque empieza muy mal. Si desde el principio se dirigen así a quienes están movilizados, va a ser difícil entenderse.
Las asociaciones universitarias, además, tienen un carácter muy combativo. Con el anterior consejero —Emilio Viciana— ya hubo muchos conflictos porque tenía una actitud muy autoritaria. Actuaba como si pudiera disciplinar a las universidades, imponer sanciones o decidir unilateralmente cómo debían actuar. Asociaciones, plataformas y colectivos universitarios salieron masivamente a la calle a protestar contra él. Por eso ahora muchos estamos diciendo que la nueva consejera debería tener cuidado de no seguir ese mismo camino.
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¿El acuerdo corrige el problema estructural o lo aplaza?
En realidad, el problema no se soluciona ni se aplaza. Lo que nos explicaron los rectores, por ejemplo el de la Complutense, es que la situación financiera es muy complicada. El déficit afecta sobre todo a los pagos corrientes y, con los números actuales, las universidades ni siquiera pueden plantearse modernizar infraestructuras. Para hacerse una idea, solo la Complutense necesitaría alrededor de 600 millones de euros este año para poder abordar la modernización que necesita, una cantidad que evidentemente no va a recibir. Es decir, el acuerdo no resuelve el problema estructural.
Solo la Complutense necesitaría alrededor de 600 millones de euros este año para poder abordar la modernización que necesita
La situación de partida es muy complicada. Tres de las cinco universidades públicas tienen déficits importantes, y las otras dos, según nos explicaron, ni siquiera cubren completamente los gastos de personal. Es decir, no es solo que no se puedan hacer inversiones: en algunos casos ni siquiera se están cubriendo con normalidad las nóminas del profesorado o los gastos básicos de funcionamiento. Todo eso se está pagando como se puede, recurriendo a endeudamiento o a ajustes continuos. Con el dinero que se ha anunciado, en el mejor de los casos, dará un pequeño respiro, pero no se llega ni de lejos a cubrir las deudas acumuladas. De hecho, el rector nos decía que, al ritmo de la subida prevista, harían falta al menos dos años solo para llegar a una situación en la que no haya déficit, y eso simplemente permitiría quedarse como están ahora, sin margen para mejorar.
En el caso de la Rey Juan Carlos, además, el esfuerzo que tendrán que hacer será todavía mayor. De hecho, la Comunidad de Madrid ha exigido que todas las universidades aprueben planes financieros de ajuste. En la práctica, eso significa recortes o medidas de ahorro. Es contradictorio: por un lado, se anuncia una subida de financiación y, al mismo tiempo, se exige a las universidades que apliquen planes de recorte. Si realmente hubiera una financiación suficiente, esos planes no serían necesarios.
Los rectores no nos facilitan una copia porque 'algunas partes del documento son solo una declaración de intenciones'
Además, hay otro problema importante: la opacidad. No se conoce la letra pequeña del acuerdo. Durante las intervenciones públicas tampoco se han dado detalles, y aunque los rectores dijeron que el contenido se iría presentando en los Consejos de Gobierno, cuando se les pidió una copia del acuerdo, no la facilitaron. La explicación que dieron es que en algunas partes el documento es solo una declaración de intenciones. Pero eso es preocupante, porque si las cosas quedan solo en intenciones, luego pueden cambiar fácilmente. Hay que recordar que en las universidades públicas estudia alrededor del 75% del alumnado de Madrid, y además concentran cerca del 20% de los estudiantes universitarios de toda España. Es una parte muy importante del sistema educativo y no se puede tratar como si fuera simplemente un gasto menor.
Otro melón en Madrid es el crecimiento de la universidad privada.
La estrategia de la derecha cuando gestiona servicios públicos suele ser intentar reducir el peso de lo público para que ese espacio lo ocupe la iniciativa privada. Su idea es favorecer la empresa privada y la economía privada mientras se adelgaza el sector público. Es un modelo que ya hemos visto en ámbitos como la sanidad. La lógica es sencilla: si se invierte menos en lo público y al mismo tiempo la economía sigue creciendo, el gestor público puede presentar buenos resultados sin asumir el coste de reforzar los servicios públicos. En el caso de la universidad, lo que se busca es que la universidad privada vaya sustituyendo progresivamente a la pública.
La realidad es que las universidades privadas no pueden sustituir a las públicas porque no tienen una estructura sólida de investigación
Para ello se están autorizando nuevas universidades privadas prácticamente sin criterios exigentes de selección o calidad. Muchos proyectos reciben el visto bueno sin pasar evaluaciones rigurosas de las agencias correspondientes. En algunos casos empiezan como centros adscritos o concertados y luego se convierten en universidades independientes. Se está tratando a la universidad como si fuera simplemente un negocio más. Sin embargo, la realidad es que estas universidades privadas no pueden sustituir a las públicas. No tienen una estructura sólida de investigación. Apenas cuentan con programas de doctorado ni realizan tesis doctorales. De hecho, entre el 98% de las tesis doctorales se realizan en universidades públicas. Eso significa que la mayor parte de la investigación científica se produce en el sistema público.
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En muchos casos, las universidades privadas funcionan como empresas cuyo objetivo principal es obtener beneficios. El profesorado suele trabajar muchas horas y con menos estabilidad. Mientras tanto, las públicas no pueden ampliar su oferta de grados ni absorber a más estudiantes por falta de financiación y recursos. Eso hace que muchos estudiantes terminen matriculándose en privadas, a veces también por la idea —bastante extendida pero discutible— de que la privada ofrece mayor calidad. De hecho, es habitual que algunos estudiantes comiencen sus estudios en universidades privadas porque allí encuentran plaza y después se trasladen a la universidad pública.
¿La movilización se mantiene en pie?
Sí. Se están planteando nuevas movilizaciones. De momento, el 19 de abril hay convocada una movilización por toda la educación pública en Madrid, junto con los sectores de Primaria y Secundaria. A esa protesta nos vamos a sumar. Además, dentro de la universidad estamos empezando a debatir otras iniciativas propias. Una de ellas es la posibilidad de convocar una jornada de huelga, o incluso dos días de huelga. También se están estudiando otras formas de movilización: por ejemplo, denunciar públicamente los planes de recorte que la Comunidad de Madrid quiere implantar.
El 19 de abril hay convocada una movilización por toda la educación pública en Madrid, junto con los sectores de Primaria y Secundaria
Otra idea es que las juntas de facultad aprueben resoluciones o cartas institucionales en contra de esas medidas. También se está valorando organizar un referéndum universitario para mostrar el rechazo de la comunidad académica a la política universitaria del Gobierno de Ayuso. Hasta ahora, gran parte de la atención estaba centrada en la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC), que finalmente se paralizó. Pero ahora la cuestión de la financiación es incluso más importante. Lo más probable es que en una semana o diez días se convoque una gran asamblea interuniversitaria. No puedo asegurar que se vaya a convocar una huelga, pero es una de las opciones que están sobre la mesa.
¿Qué pasará con la LESUC?
Aunque ahora esté paralizada, también es posible que en algún momento intenten recuperarla. Cuando se analizó esa ley con catedráticos de Derecho de la Carlos III que colaboraban con la Coordinadora, se llegó a la conclusión de que tenía elementos inconstitucionales. El problema principal era que vulneraba la autonomía universitaria. La Constitución reconoce expresamente la autonomía de las universidades y establece que debe desarrollarse mediante una ley orgánica. Esa ley es la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Esta normativa establece que las universidades deben tener autonomía de gestión, autonomía financiera y autonomía docente. Es decir, deben poder gestionar sus recursos, organizar su actividad académica y decidir sobre su funcionamiento interno.
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Es posible que el nuevo modelo de financiación tenga elementos inconstitucionales como los tuvo la LESUC
Sin embargo, la LESUC incluía medidas que podían vulnerar esa autonomía: por ejemplo, sistemas de sanciones o cambios en los consejos sociales que los convertían en órganos de control sobre las universidades. Tras analizarlo, se concluyó que podía recurrirse ante el Tribunal Constitucional. Se hizo público ese análisis y se advirtió de que, si la ley se aprobaba, se presentaría un recurso de inconstitucionalidad. Ese recurso habría paralizado automáticamente la aplicación de la ley mientras se resolvía el proceso. Probablemente esa presión influyó en que finalmente decidieran retirar el proyecto. Ahora, con el nuevo acuerdo de financiación, la intención es estudiarlo también con mucho detalle en cuanto se conozca el texto completo. Es posible que haya aspectos problemáticos desde el punto de vista legal.
Por ejemplo, la legislación estatal exige que exista una financiación suficiente para garantizar el funcionamiento del sistema universitario público. Si el acuerdo no cumple ese principio, podría cuestionarse políticamente e incluso jurídicamente. Además, hay elementos relacionados con la supervisión de las cuentas universitarias que podrían entrar en conflicto con la autonomía de gestión reconocida en la LOSU y en los propios estatutos de las universidades. Las universidades ya tienen mecanismos establecidos de control y rendición de cuentas, por lo que imponer nuevos sistemas externos podría plantear problemas legales. Es posible que exista cierto temor a que, si se analiza jurídicamente, se pueda recurrir o impugnar. En cualquier caso, lo que sí resulta preocupante es que las universidades públicas estén sujetas a un plan de financiación cuyo contenido completo todavía no se conoce públicamente. En un asunto de esta importancia, esa falta de transparencia es muy grave.
¿Qué debería ocurrir para evitar que el sistema universitario público madrileño siga deteriorándose?
La solución sería muy sencilla: cumplir con la LOSU y acercarse al 1% del PIB en financiación universitaria. Eso supondría doblar el presupuesto actual. Hoy en día se gastan alrededor de 8.000 millones de euros anuales en las universidades; llegar al 1% del PIB significaría unos 16.000 millones. Con eso, las universidades pasarían a ser "ricas", porque actualmente están muy limitadas. Con el doble de presupuesto podrían invertir, modernizar infraestructuras, contratar más profesorado y desarrollar proyectos de investigación. No haría falta más: las universidades están bien organizadas, gestionan becas y programas internos de forma ejemplar. A pesar de haber perdido un 35% de poder adquisitivo, siguen funcionando gracias al esfuerzo de todo el personal. Los laboratorios trabajan con lo mínimo, los profesores cubren todas las horas posibles y dedican muchas horas adicionales a investigación, tutorías y otras tareas. Gracias a ese esfuerzo, la universidad se mantiene a flote.
Estamos muy por debajo de la media europea y, aun así, las universidades logran funcionar relativamente bien
Aun con esta situación tan difícil, las universidades madrileñas se mantienen competitivas en rankings internacionales, sobre todo en investigación. Si se comparan con países como China o Corea, la diferencia es enorme: allí invierten hasta un 30% del PIB en universidades, y los resultados en investigación son impresionantes. Estados Unidos destina un 3% del PIB a universidades públicas, Francia un 2%, y España apenas un 0,4%. Estamos muy por debajo de la media europea y, aun así, las universidades logran funcionar relativamente bien. Esto demuestra que, con los recursos limitados que tienen, las universidades hacen un trabajo excepcional, pero la inversión sigue siendo insuficiente para alcanzar su máximo potencial.
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