Galicia tiene hoy más del doble de bosques de eucaliptos de lo que la Xunta planificó hace tres decenios, pero el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo apenas prevé reducir esa superficie en un 5% de aquí al año 2040. Y eso a pesar de que el eucalipto es una especie invasora, la que más se relaciona con los incendios forestales, y de que la viabilidad de la factoría de pasta de papel de Ence, en Pontevedra, responsable en buena medida de su proliferación descontrolada en los últimos años, parece cada vez más complicada.

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publicó el pasado lunes el decreto de la primera revisión del Plan Forestal de la comunidad, que recoge la planificación de usos del monte gallego de aquí al año 2040. El primer plan fue aprobado en el año 1992 por el Ejecutivo de Manuel Fraga con el apoyo de todo el Parlamento gallego, y contemplaba que Galicia llegaría al 2032 con una superficie de 240.000 hectáreas de eucaliptales.

Quince años antes de la fecha tope de ese plan, en el 2018, los bosques de esa especie representaban 422.000 hectáreas. Y, según el último inventario forestal del Ministerio de Agricultura, publicado a principios de este mes, ya son más de 600.000. Una superficie equivalente al 75% del territorio de toda la comunidad de Madrid.

"Una reducción del 5% es ridícula y además es una previsión irreal, porque se va a hacer sobre las 422.000 hectáreas estimadas en el 2018, y no sobre las 600.000 del último inventario", defiende María Albert, portavoz de Montes del Bloque Nacionalista Galego en el Parlamento autonómico. La diputada alerta de que la intención de la Xunta es seguir apostando por lo que en la práctica se ha convertido en una estrategia de monocultivo.

El Gobierno de Feijóo anunció a principios de este año que prohibiría plantar más eucaliptos. Y la publicidad que dio a esa moratoria provocó que muchos propietarios de montes se apresuraran a talar otras especies para replantar sus tierras con aquélla, para garantizar que podrán seguir haciéndolo en el futuro. Porque la prohibición afecta sólo a aquellas zonas donde no los hubiera previamente.

Por esa razón, y tal y como subraya la portavoz nacionalista, la supuesta reducción prevista para los próximos veinte años podría convertirse en realidad en un nuevo incremento. Alrededor de un 30% de los eucaliptos están en bosques mixtos, compartiendo superficie con otras especies. Nada impide legalmente que se supriman éstas y se sustituyan por aquellos. "La Xunta hace tabula rasa de la situación, y permite de hecho que se sigan plantando eucaliptos sin tener en cuenta que se haga en bosques de esa especie, mixtos o medioambientalmente sensibles", señala Albert.

Martín Seco, del PSOE, explica que algunas zonas de Galicia, especialmente en el norte de las provincias de Lugo y A Coruña, hay una "sobreexplotación exagerada" de la especie. Y aunque asegura que no se debe "estigmatizar" a las miles de familias que obtienen una renta de los eucaliptales, el problema del plan forestal es que "sólo responde a los intereses de cierta parte del sector".

Seco subraya que el plan de Feijóo no se basa en una diagnosis, que utiliza datos irreales y que en Galicia "no hay una verdadera ordenación forestal ni a la Xunta le interesa que la haya".

Lo cierto es que la proliferación de eucaliptales en Galicia tiene mucho que ver con la agresiva política comercial de Ence, la empresa de celulosas que durante años contaminó con mercurio la ría de Pontevedra, cuyos accionistas ganan millones de euros con la exportación de pasta de papel y en cuyo consejo de administración se sientan, entre otros, la ex ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, y el que fue primer conselleiro de Medio Ambiente de Fraga, Carlos del Álamo.

El futuro de Ence, el principal y casi único comprador de madera de eucalipto en Galicia, está más que en entredicho después de que el Tribunal Supremo haya decretado la ilegalidad de la prórroga de 55 años que le otorgó el Gobierno del PP para seguir ocupando terrenos públicos en la ría. Esa prórroga le costó al entonces presidente Mariano Rajoy la consideración de persona non grata en su municipio natal, Pontevedra, cuyo Ayuntamiento, gobernado por el BNG, lleva lustros demandando la salida de Ence de la ría.