El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 llevará en las próximas semanas al Consejo de Ministros el proyecto de la futura Ley de Consumo Sostenible, al que ha tenido acceso Público. La norma incluye cambios importantes que facilitarán las reparaciones como que el fabricante deberá ayudar a pagar un porcentaje del arreglo del producto tras terminar el período de garantía. Además, busca limitar la publicidad de combustibles fósiles y luchar contra la obsolescencia programada.

La ley adapta dos directivas europeas recientes y plantea medidas concretas que quieren transformar la forma de comprar. Entre ellas, la ampliación de un año más de garantía tras reparar un producto en lugar de sustituirlo o asegurar que haya piezas de repuesto durante al menos diez años.

Según el borrador, si dentro del periodo de garantía legal -que es de tres años-, el consumidor elige reparar su producto, "la garantía se extiende en 12 meses, alcanzando los cuatro años en total". Además, los fabricantes estarán obligados a ofrecer repuestos a un precio razonable, publicar tarifas orientativas de reparación en sus webs y no podrán negarse a arreglar un producto solo porque haya sido reparado antes por una empresa no oficial "o utilizando piezas no oficiales o creadas por herramientas 3D".

La norma protegería el listado de productos incluidos en la directiva europea sobre el derecho a reparar: lavadoras, secadoras, lavavajillas, frigoríficos, aspiradoras, tablets, teléfonos móviles, servidores, equipos de soldadura, patinetes y bicicletas eléctricas. Una lista que podrá ser ampliada por la Comisión Europea, introduciendo nuevos productos en el Anexo II de la Directiva 2024/1799.

Desde la cartera de Pablo Bustinduy plantean crear un sistema de cofinanciación con el que el fabricante deberá ayudar a pagar una parte de la reparación de los productos aunque estén fuera de garantía. Por ejemplo, si tu frigorífico se estropea un año después de que venza la garantía legal, el fabricante deberá ayudar a pagar la reparación en un 20% del coste el primer año, un 10% el segundo, y un 5% el tercero.

Para ayudar a quienes quieran reparar, se creará una plataforma online gratuita donde encontrar talleres fiables. Será, en palabras del documento, un espacio donde las personas consumidoras podrán localizar "reparadores solventes, vendedores de bienes reacondicionados, compradores de bienes defectuosos o iniciativas de reparación participativas".

Además, se prohíbe que los fabricantes favorezcan a sus servicios técnicos oficiales. Todas las piezas deben venderse al mismo precio, ya sea para un taller oficial de una marca o un reparador más pequeño. "El precio a los que venden las piezas de recambio debe ser el mismo en todos los casos", reza el texto.

Publicidad sobre combustibles fósiles

La publicidad sobre combustibles fósiles también se verá limitada. Según el borrador, no se podrá promocionar productos energéticos basados solo en petróleo o carbón, ni publicitar medios de transporte que funcionen exclusivamente con gasolina o diésel si existen alternativas más limpias que no aumenten significativamente el tiempo de viaje dentro de la península. A excepción de los trenes turísticos e históricos.

La ley también va en contra del ecopostureo de muchas marcas. El ministerio quiere prohibir expresiones genéricas como "amigo del clima", "respetuosos con el medio ambiente" o "biodegradable" si no se demuestra científicamente un comportamiento ambiental excelente, según avanza El País.

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La norma aún puede sufrir cambios y deberá pasar por el Consejo de Ministros antes de aterrizar en el Congreso. La ley llega en un momento clave, justo cuando la Comisión Europea ha retirado el pasado viernes su propuesta contra el ecopostureo. A diferencia de Bruselas, España parece decidida a avanzar en esa dirección.