La paciencia es una de las virtudes que están obligados a cultivar los querellantes de la única causa que investiga en el mundo los crímenes del franquismo. A menos de una semana de que el exministro de la transición Rodolfo Martín Villa tuviera que presentarse en Buenos Aires ante la jueza María Servini para declarar como imputado, la magistrada resolvió que viajará a España para proceder con el interrogatorio el 20 de marzo en la Embajada de Argentina en Madrid, según confirmaron a Público desde su juzgado.

Atenta a un pedido que presentó este miércoles la defensa del imputado, la titular del Juzgado Criminal y Correccional nº 1 de la capital argentina accedió a posponer la declaración indagatoria de Martín Villa, en lo que constituye el segundo aplazamiento de su interrogatorio. La cita original estaba prevista para el 9 de septiembre, pero la jueza pospuso días antes el encuentro para el 11 de diciembre puesto que Argentina incursionaba en un proceso electoral y Servini es la magistrada competente en este fuero.

En aquel momento, el acusado protestó junto a su abogado porque ya tenían los billetes comprados a Buenos Aires, de acuerdo a lo que alegaron por entonces. En esta ocasión ningún vuelo se presentó como obstáculo para que el imputado solicitara esta misma semana, “por razones de movilidad”, que su declaración fuese recibida por videoconferencia o a través del consulado o la embajada.

Desde el juzgado de Servini explicaron a este diario que la jueza no realiza videoconferencias con imputados, y menos ésta, que podrá extenderse durante varias horas y además es considerada muy relevante para la causa. En consecuencia, la magistrada solicitará ante la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Buenos Aires y ante la Corte Suprema, máximo tribunal del país, autorización para emprender su segundo viaje a España en el marco de este caso.

Acusación contra Martín Villa

Si es que tiene lugar finalmente, por primera vez en la historia un imputado por los delitos de lesa humanidad que se cometieron bajo el amparo franquista deberá rendir cuentas ante la justicia argentina. A quien fuera ministro entre 1975 y 1981, y vicepresidente del Gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo hasta 1982, se le achaca la mayor matanza ocurrida durante la transición, cuando como ministro de Relaciones Sindicales ordenó la represión de una manifestación de trabajadores el 3 de marzo de 1976 en la que fueron asesinados cinco obreros.

Martín Villa también deberá responder por la represión que dirigió en la Semana Pro Amnistía celebrada en mayo de 1977 en el País Vasco y en Navarra y que causó la muerte de dos personas, Rafael Gómez Jáuregui y José Luis Cano Pérez.

El exministro también será cuestionado por la masacre en los Sanfermines el 8 de julio de 1978 que terminó con la vida de Germán Rodríguez, además de resultar heridas otras 150 personas, cuando las Fuerzas de Seguridad dispararon sobre una multitud en la plaza de Toros de Pamplona.

En paralelo, el expediente involucra al exministro en otros tres homicidios cuando dirigía el Ministerio de la Gobernación (después renombrado como de Interior), cartera de la que dependían las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Son el de José María Zabala Erasun, asesinado por un guardia civil en septiembre de 1976; el de María Norma Menchaca, víctima de un grupo parapolicial que la mató el 9 de julio de ese año; y el de Arturo Ruiz García, que murió a manos de un grupo de ultraderechistas en enero de 1977.

El exministro está imputado en Argentina por el "homicidio con la circunstancia agravante de haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas", un crimen que puede acarrear prisión perpetua. En las querellas individuales que se incorporaron con posterioridad al caso se le imputan además los delitos de privación ilegítima de la libertad, torturas y lesiones graves.

Complicidad española

Martín Villa, de 84 años, es uno de los quince acusados que sigue vivo de los 20 imputados originales reclamados por la jueza Servini en octubre de 2014, cuando emitió una orden de captura internacional contra todos ellos por crímenes de lesa humanidad, y por ende, imprescriptibles.

Cinco años han pasado desde aquella resolución histórica de Servini, momento a partir del cual se sucedieron las trabas que ha presentado el Poder Ejecutivo español, en connivencia con el Judicial, para sortear los exhortos de la jueza. Aquellos exhortos pedían interrogar a los imputados en su causa, pero también intercedían por familiares de víctimas como Ascensión Mendieta, que buscaba a su padre en una fosa común en el cementerio municipal de Guadalajara.

La jueza también intentó en 2016 viajar a España hasta en tres ocasiones para interrogar no sólo a Martín Villa, sino también al exministro José Utrera Molina, fallecido al año siguiente sin que nunca llegara a brindar una sola explicación por las acusaciones en su contra, y al expolicía Antonio González Pacheco, conocido como Billy El Niño.

La investigación de Servini se extiende desde el 17 de julio de 1936, fecha del golpe cívico-militar del dictador Francisco Franco, y el 15 de junio de 1977, cuando se celebraron las primeras elecciones democráticas. Más allá de los vaivenes políticos en España, aparece una constante desde al comienzo del caso, sinceramente resumido en 2016 por la que fue fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, al instruir a las fiscalías provinciales que no colaboraran con la querella argentina, cuando afirmó que el proceso penal de Argentina era “inviable y, ajeno, por tanto, al interés de la Justicia”.