Aún no se conoce ni una línea de la futura norma que el Ministerio de Igualdad llama "ley para la igualdad plena y efectiva de las personas trans", pero uno de sus requisitos, incorporados en el escrito que se abrió a consulta previa, ha provocado ya importantes desencuentros dentro de los colectivos que han abanderado la lucha a favor de las personas transexuales a lo largo de la historia. Grupos feministas y diversos colectivos LGTB intercambian desde hace meses mensajes que están lejos del hermanamiento y la sororidad que habría parecido deseable en el estreno de una ley tan largamente esperada por este colectivo. El principal punto de discordia: la introducción de la llamada autodeterminación de sexo, que consiste en permitir que una persona pueda cambiar su sexo en los registros y documentos oficiales sin necesidad de presentar ningún tipo de dictamen médico o psicológico que acredite que tiene una disforia de género.

La ley actual, vigente desde 2007, establece que para poder cambiar el nombre y el sexo en el Documento Nacional de Identidad (DNI) es preciso presentar un informe médico y acreditar, al menos, dos años de proceso de hormonación. Esta ley fue pionera en su momento al establecer que no era preciso que la persona se hubiese sometido a un proceso de cirugía. Sin embargo, más de una década después, es considerada claramente insuficiente no solo por el colectivo transexual sino también por numerosos organismos internacionales como Naciones Unidas o el Consejo de Europa.

Dentro incluso de las fronteras españolas, ya hay normativas en ocho comunidades autónomas que permiten realizar este cambio simplemente expresando la voluntad de hacerlo, pero solo puede aplicarse a documentos y gestiones administrativas de ámbito local (por ejemplo, para obtener la tarjeta sanitaria o matricularse en un centro escolar).

"Hay personas que no se hormonan, pero eso no quiere decir que no sean trans. Puede ser por mil razones, incluso por temas médicos o de salud. Además, no sólo hablamos de un cambio en el DNI", señala Uge Sangil, presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB). "También hablamos de la pobreza a la que están sometidas las personas trans, el acoso escolar en el caso de los menores, que muchas veces les lleva a tener bajo rendimiento o al absentismo escolar, lo que no les permite desarrollarse con libertad en todos los sentidos".

Sangil muestra la enorme satisfacción del colectivo por la apertura a consulta pública del proyecto de ley: "Estamos muy contentas por este primer paso que se está dando. Desde la FELGTB hay líneas rojas que tienen que estar sí o sí en esta ley, que son la despatologización, el no tutelaje de las identidades, la consideración de las personas menores trans y de todas las vulnerabilidades a las que estamos sometidas en materia de justicia, de sanidad, de acoso escolar...  Además, es necesario incluir a las personas migrantes que llegan a España. Esta es otra de las líneas rojas".

Las primeras líneas rojas mencionadas por Sangil son, precisamente, las que generan mayor inquietud en una parte del feminismo que, tras dedicar décadas de lucha a defender los derechos del colectivo transexual, ven en esta nueva ley una amenaza a la defensa de los derechos de las mujeres.

Un grupo de destacadas feministas, la mayoría cercanas al PSOE, acaba de remitir una carta al Gobierno de Pedro Sánchez en la que reclaman un debate sosegado y abierto, consultando con todo tipo de organizaciones de la sociedad civil, para acotar el alcance y las consecuencias de la nueva normativa. Les preocupa lo que denominan "el borrado de las mujeres", que podría producirse con una norma que creen que tiene "conceptos ambiguos y jurídicamente inseguros que modifican lo que se entiende por sexo, género, identidad, diferencia sexual, salud, derechos e igualdad".

No es la única iniciativa. Desde hace meses, una coalición llamada Contra el Borrado de las Mujeres viene alertando por lo que considera un peligro de la ley tal y como se ha presentado. Las feministas que cuestionan la ley temen, entre otras cosas, que la supresión del sexo biológico como referente pueda dificultar la correcta aplicación de normas como la Ley Integral contra la Violencia de Género y las que contemplan espacios diferenciados por sexo para garantizar la seguridad de las mujeres (cárceles, aseos públicos, etcétera) o que pueda tener efectos adversos en la ocupación de puestos en listas electorales, competiciones deportivas o en la concesión de becas o ayudas.

En la carta, señalan específicamente que "es necesario preservar la distinción y no confusión de los conceptos de sexo y género: el sexo como realidad biológica constatable y el género como constructo cultural de estereotipos". Y es que el género, ha sido siempre "esa construcción jerárquica de los estereotipos sexuales que ha fundamentado la desigualdad y la opresión de las mujeres".

Para muchas feministas, resulta inconcebible que el género haya pasado de ser un objetivo a abolir (por aglutinar los estereotipos que alimentan la discriminación de la mujer), a ser un objeto de deseo sobre el cual se asienten nuestra estructura jurídica y administrativa.

La aprobación de esta ley fue uno de los compromisos adquiridos en la negociación del acuerdo de coalición entre PSOE e Unidas Podemos. Una vez llegados al punto en el que debe redactarse, aparecen claras diferencias de planteamiento entre los socios de Gobierno.

El pasado mes de junio, un documento elaborado por parte de la cúpula del PSOE y firmado por dos pesos pesados del Gobierno (Carmen Calvo y José Luis Ábalos) titulado Argumentos contra las teorías que niegan la realidad de las mujeres, señalaba que "el sujeto político del feminismo son las mujeres" y que "la lucha contra la discriminación y las políticas de inclusión (…) no pueden utilizarse torticeramente o como coartada para socavar las conquistas en materia de igualdad entre mujeres y hombres".

El proceso de consulta pública para elaborar un proyecto de ley iniciado ahora por el Ministerio de Igualdad liderado por Unidas Podemos supone un punto de fricción con sus socios de Gobierno. La consulta pública a la sociedad es solo uno de los pasos necesarios para iniciar una norma. La posición que adopten los miembros del Gobierno de coalición será otra pieza clave.

* Este artículo fue modificado el 10/11/2020 para añadir los nombres de los miembros del Gobierno que firmaron un documento del PSOE en contra de la autodeterminación de sexo.