El arranque de la Comissió d'Estudi del Model Policial en el Parlament ha reavivado la controversia sobre el papel de los Mossos d'Esquadra en el orden público de Catalunya la misma semana que se celebra la Junta de Seguretat, que se reunirá este viernes. Se trata de una polémica que ha tomado especial notoriedad en los últimos años debido a las actuaciones que sus unidades operativas, la Brigada Mòbil (Brimo) y el Área Regional de Recursos Operatius (ARRO), han realizado en desahucios o protestas vinculadas al Procés.

Prueba de ello es el juicio que ha tenido lugar esta semana en Manresa a los conocidos como 9 de Lledoners, los activistas acusados de delitos de agresiones y atentado contra la autoridad cuando participaban en el recibimiento de los líderes políticos que eran trasladados al centro penitenciario de esta localidad el 1 de febrero de 2019. La contradicción y debilidad de las pruebas aportadas por los Mossos ha terminado con la absolución de seis de los encausados y la rebaja de las penas para el resto. Por la defensa, representada por Alerta Solidària, esto muestra la arbitrariedad con la que la policía catalana formula los atestados que afectan a militantes independentistas o relacionados con la disidencia social.

El juicio a los 9 de Lledoners ha coincidido con la actualización del informe que cada año publica el Centre Irídia, organización por los derechos humanos, según el cual 44 de los 122 agentes investigados por abusos o malos tratos en 2020 en Catalunya son mossos d'esquadra. También destaca la reciente decisión de los Mossos de no expedientar al agente que se inventó una agresión a un chico durante el desalojo del centro social ocupado El Rec, en Barcelona, el 19 de diciembre de 2019.

El informe recoge también la declaración de los dos escopeteros de la unidad antidisturbios que habrían provocado la pérdida de un ojo a una chica que asistía a una protesta contra el encarcelamiento del rapero Pablo Hásel el pasado 16 de febrero. Según Irídia, el proyectil de foam que impactó en su rostro se disparó a una distancia de 20 metros y por encima de la cintura, lo que contraviene el protocolo de los policías por este tipo de contingencias.

Trapero contraataca

Todas estas denuncias, pero sobre todo el inicio de la comisión parlamentaria, que preside la diputada de la CUP Dolors Sabater, han incrementado el malestar en el seno de los Mossos. De cara a posibles cambios en el modelo policial, han salido en tromba con el ánimo de marcar perfil y cerrar filas con el objetivo de reivindicar su papel en la seguridad pública del país.

En esta línea se expresó el major Josep Lluís Trapero el pasado día 21 de octubre, en el acto del Día de las Escuadras, patrón de la policía catalana. El major exigió que acabara la intolerancia que, a su juicio, se ha extendido hacia el cuerpo policial. En alusión a los sectores que critican la desproporción con la que actúan los agentes en determinadas operaciones, Trapero espetó todo un alegato: "¿Para cambiar el mundo hay que tirar piedras a la policía o quemar contenedores? ¿Qué tiene eso de transformador o revolucionario?".

Las declaraciones del máximo responsable del cuerpo ante el conseller de Interior Joan Ignasi Elena sólo eran la antesala de la marcha que, al cabo de cuarenta y ocho horas, congregó a un millar de mossos por el centro Barcelona siguiendo la llamada de los sindicatos que más se han significado en la defensa del actual modelo policial y más refractarios se han mostrado con respecto al Procés.

Salvo SEGCat, de perfil marcadamente soberanista, destacan USPAC-USCOP, SPC, SME, CAT-ME, SEIME-FEPOL, SICME, AFITCME y SAP-FEPOL, que en boca de su portavoz, Toni Castejón, recriminó a los partidos soberanistas" la falta de apoyo" al tiempo que les advirtió de que "la situación ha llegado al límite y hay que revertirla porque es insostenible".

La marcha, que llevaba por lema "Por la seguridad pública" y contó con proclamas como "¡Agredir a un policía sale gratuito!", fue contestada poco después por el conseller Elena, que pese a admitir que "los Mossos han sufrido agresiones inaceptables que no pueden quedar impunes", no evitó el malestar de los sindicatos.

De hecho, en el comunicado emitido con motivo de la manifestación, los sindicatos reprocharon al ejecutivo de Pere Aragonès la elección de la CUP para presidir la comisión sobre el modelo policial, indicando que el "sometimiento al grupo parlamentario que marca la política es tal que (ni ERC ni JxCat) han tenido la valentía de manifestarse en apoyo a su policía". No sólo eso: en una crítica velada a la supuesta condescendencia con la formación anticapitalista, les reprochó que aprobaran la proposición que insta al Govern a modificar el protocolo sobre el uso de los proyectiles de foam, un tipo de armas que, según han reiterado los colectivos Stop Bales de Goma e Irídia, tienen una alta capacidad lesiva.

Juegos de poder

En este escenario, tenso y enrarecido por los últimos episodios, ha empezado a reunirse la Comissió d’Estudi del Model Policial, que según el abogado y portavoz de la CUP, Xavier Pellicer, "debe poner fin a la militarización de los cuerpos policiales que actúan contra la población civil", por lo que la candidatura independentista plantea la creación de un organismo independiente con potestad fiscalizadora y sancionadora de sus actividades.

Como era de prever, la propuesta recogida en el acuerdo suscrito el mes de junio entre ERC, JxCat, Comuns y la propia CUP, ha levantado un enérgico rechazo entre los sindicatos más conservadores de la policía, que ya se habían opuesto en su momento a la retirada de las balas de goma y que, ahora también, rechazan que se revise el enfoque de la comisaría de información en relación con otra demanda de los anticapitalistas, como es el "seguimiento de activistas políticos, bases de datos y sistemas de vigilancia y seguimientos que pueden chocar con los derechos fundamentales".

Estas carpetas, y muy en particular la que prevé modificar el rol de Brimo, han acabado por desatar la ira de unas dotaciones que, agrupadas en la plataforma MosSOS, se ven a las puertas de cambios que pueden representar el fin de sus privilegios y un modelo de seguridad que quiere ser un ejemplo de buenas prácticas. Corresponderá al Govern, y al conseller Elena en primera instancia, pacificar una revuelta interna que, salvo los aspectos estrictamente laborales, puede convertirse en un obstáculo de cara a garantizar el aterrizaje de un sistema policial más transparente, moderno y garantista.