La realidad detrás de los muros de la macrocárcel de Zaballa (ubicada cerca de Vitoria) vuelve a despertar dudas e incertidumbres. En los dos últimos años murieron allí dentro diez presos, principalmente a causa de suicidios y sobredosis de medicamentos. A las puertas de que el Gobierno Vasco reciba la transferencia de gestión de las instituciones penitenciarias existentes en su territorio, partidos y organismos que trabajan en el ámbito de las cárceles reclaman que se adopten las medidas necesarias para poner fin a esta situación.

"El Centro Penitenciario Araba/Álava es una ciudad penitenciaria organizada por áreas", puede leerse en un folleto editado por Instituciones Penitenciarias sobre esta cárcel. Cuando se supo que Iñaki Urdangarín, cuñado del rey Felipe VI, iba a ingresar en prisión, se manejó como posible destino. También el Gobierno Vasco la tiene en cuenta para que sean allí trasladados los presos condenados por delitos relacionados con ETA en caso de que se ponga fin de forma definitiva a la dispersión.

Sin embargo, en Salhaketa, un organismo que trabaja por los derechos de las personas presas, dudan sobre las condiciones reales de este centro. "Zaballa no es una cárcel modelo. No tanto por la infraestructura, sino por los servicios", afirma Marta Aldanondo, portavoz de Salhaketa Araba. Las críticas de esta organización se dirigen hacia las carencias en el ámbito sanitario, una competencia concreta que desde 2012 está en manos del Gobierno Vasco.

"En Zaballa, la atención sanitaria, en lo que se refiere a salud mental, ha sido improvisada, inadecuada y parcialmente privatizada", denuncia por su parte el sindicato ELA, que critica la gestión realizada hasta ahora por parte de Osakidetza (Servicio Vasco de Salud). La atención psicológica y psiquiátrica está a cargo de una asociación privada "que ya venía prestando servicios en esta penitenciaría antes de la transferencia" de la gestión sanitaria en cárceles, asegura ELA.

En esa línea, este sindicato sostiene que "el único personal que ha incrementado Osakidetza es un médico psiquiatra, ya contratado previamente para salud mental, que acude al centro penitenciario varias veces a la semana". ELA advierte que Zaballa es la principal cárcel de Euskadi y que concentra a la mayor parte de presos "con enfermedades complejas". "Esta realidad tendría que suponer como mínimo un aumento de personal", defiende.

"Los datos son dramáticos, sobre todo porque eran muertes que se podrían haber evitado", denunció por su parte EH Bildu. La coalición abertzale ha llevado al Parlamento Vasco una proposición no de ley que se abordará tras el receso navideño y en la que se plantea habilitar en las tres prisiones de la Comunidad Autónoma Vasca –además de Zaballa están Basauri (Bizkaia) y Martutene (Gipuzkoa)– "los mecanismos necesarios para garantizar el control en la dispensación de medicamentos", un factor clave para frenar las muertes en esa prisión.

"Tráfico de fármacos"

Este aspecto fue remarcado por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Bilbao en un auto emitido en noviembre pasado, en el que destaca que en la cárcel de Zaballa "se desconoce cada cuánto tiempo el Equipo de la Red de Salud Mental de Álava revisa la pauta de la medicación psicotrópica prescrita". La jueza señala en su auto que "de las drogas psicotrópicas se ha pasado al consumo y tráfico de dosis de fármacos".

En ese contexto, la magistrada ordenó "el tratamiento directamente observado por el personal sanitario, quien supervisará la toma de toda medicación del día/noche" y que se configure un protocolo por parte de Osakidetza para implementar esas actuaciones.

Tras conocer ese auto, EH Bildu se preguntó si "es adecuado mantener en prisión a una persona que padece una enfermedad mental grave o una enfermedad grave y crónica", o si en su lugar "sería más adecuado que estuviera en un recurso sanitario y específico adecuado a sus circunstancias". "El actual modelo penitenciario no protege y no cuida como debería a las personas presas. Al revés, en muchos casos las cronifica en sus adicciones y enfermedades, y en los casos más graves incluso las condena a muerte", señaló la parlamentaria soberanista María Garde.

El Gobierno Vasco defiende su gestión

En una respuesta escrita enviada a EH Bildu, la consejera de Salud del Gobierno Vasco, Gotzone Sagardui, aseguró en noviembre pasado que "actualmente se está trabajando en las indicaciones recibidas por la juez de vigilancia penitenciaria para generalizar la dispensación del tratamiento directamente observado a todos los pacientes tratados con psicofármacos".

En cualquier caso, Sagardui defendió que "la integración de la sanidad penitenciaria en Osakidetza ha permitido dar a las personas privadas de libertad la misma atención de calidad que al resto de la ciudadanía vasca". Según la consejera, "la organización actual como un centro de salud en cada centro penitenciario" así como la "implantación de programas específicos para sus necesidades especiales y el refuerzo de profesionales en general y en el ámbito de la salud mental en particular ha hecho que los servicios asistenciales prestados a las personas privadas de libertad sean los mismos que se prestan al resto de ciudadanos vascos".

Causas de muerte

Del mismo modo, Sagardui no remitió al Parlamento la información sobre las causas de los fallecimientos en la cárcel de Zaballa que había solicitado EH Bildu, alegando que carecía de dicha documentación. "Ni en el Departamento de Salud ni en Osakidetza se dispone de un registro específico que recoja la información que se solicita en relación a la causa final del fallecimiento, porque son las autopsias que se solicitan desde la administración judicial las que determinan la causa final, y estas no están a disposición del Departamento de Salud ni de Osakidetza", alegó.